Los abogados de Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, elevaron un pedido de nulidad, pero la Corte Suprema lo desestimó. El empresario deberá cancelar el exorbitante monto por un impuesto no pagado, el cual estaba bajo revisión judicial.  

El máximo tribunal, por unanimidad, revocó un fallo que favorecía a Tabacalera Sarandí y reafirmó la potestad del Congreso para fijar impuestos con fines fiscales y de salud pública.