El último intento del "Señor del Tabaco" fue rechazado: deberá pagar US$ 1.400 millones
Los abogados de Pablo Otero, dueño de la Tabacalera Sarandí, elevaron un pedido de nulidad, pero la Corte Suprema lo desestimó. El empresario deberá cancelar el exorbitante monto por un impuesto no pagado, el cual estaba bajo revisión judicial.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el último recurso presentado por Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco", y dejó firme la obligación de pagar más de USD 1.400 millones en impuestos internos a los cigarrillos que su empresa, Tabacalera Sarandí, nunca abonó.
El máximo tribunal ya había declarado el 14 de agosto la constitucionalidad del impuesto mínimo al tabaco, que Otero cuestionaba desde hace años. Sus abogados intentaron anular esa sentencia alegando un "desistimiento del derecho" poco antes del fallo, pero los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens, Patricia Moltini y Mario Boldú lo desestimaron.
"El planteo de nulidad efectuado se basa en el desistimiento de la acción y el derecho (…) y, por lo tanto, se pretende una nulidad por la nulidad misma", respondió la Corte, que resolvió rechazar el reclamo "sin más".
La disputa judicial comenzó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando Tabacalera Sarandí objetó la ley que fija un monto mínimo del impuesto a los cigarrillos. La empresa alegaba que afectaba a sus marcas más baratas —como Master Red, Red Point y Kiel—, mientras que favorecía a las premium. Con una serie de cautelares, la compañía logró vender más barato y expandirse en el mercado sin tributar lo exigido.
En 2022, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le había dado la razón a la tabacalera y declarado inconstitucional la norma. Pero la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) y Massalin Particulares apelaron, y finalmente la Corte revirtió esa decisión.
El tribunal sostuvo que los impuestos cuestionados tienen un fin recaudatorio y de salud pública, y que Tabacalera Sarandí nunca acreditó haberse acogido al régimen de moratoria impositiva que decía justificar su desistimiento. Con este rechazo, la Corte dio por concluido el caso y dejó firme la obligación de pago para Otero, cerrando una de las disputas tributarias más largas de los últimos años.