La Corte validó el impuesto al tabaco: empresario debe pagar más de US$ 1000 millones
El máximo tribunal, por unanimidad, revocó un fallo que favorecía a Tabacalera Sarandí y reafirmó la potestad del Congreso para fijar impuestos con fines fiscales y de salud pública.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional el impuesto mínimo al tabaco y ordenó a Tabacalera Sarandí, propiedad de Pablo Otero, pagar más de 1.000 millones de dólares en tributos que no abona desde 2018.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti junto a los conjueces Mariano Llorens, Enrique Moltini y Mario Boldú, revocó una sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que había declarado inconstitucional la norma.
Según el tribunal, la compañía no logró demostrar que el tributo afectara su derecho de propiedad ni que fuera irrazonable. Además, recordó que la definición de impuestos y montos mínimos es competencia del Congreso, salvo casos de discriminación o arbitrariedad evidente, lo que no se verificó en este caso.
La disputa judicial comenzó cuando Otero cuestionó la ley 27.430, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, que elevó un 70% los impuestos internos y fijó un monto mínimo por paquete de cigarrillos. La medida, según la empresa, encarecía sus marcas más económicas como Red Point, West, Master y Kiel frente a las premium.
El fallo también subrayó el carácter "extrafiscal" del impuesto, al citar criterios de la Organización Mundial de la Salud, que promueve el aumento de precios como herramienta eficaz para reducir el consumo de tabaco. En ese sentido, el tribunal remarcó que la Constitución Nacional no solo permite, sino que obliga a las autoridades a adoptar políticas para proteger la salud pública, incluso si esto impacta en las empresas del sector. Con esta decisión, la Corte puso fin a un litigio de años y dejó firme la obligación de todas las tabacaleras de cumplir con el piso impositivo vigente.