El principal beneficiario del juicio por la petrolera pidió a la Justicia que no acepte el amicus curiae presentado por EEUU. Además, reiteraron que su intención es cobrar la sentencia de 16.000 millones de dólares.
Esta semana, se podría definir si el Estado debe entregar parte de las acciones de la petrolera. Hace algunos días, desde el Gobierno de Estados Unidos sugirieron suspender la transferencia hasta que se defina la apelación.
El gobierno de Estados Unidos se va a presentar en calidad de "amicus" ante la Justicia de ese país, en respaldo a la solicitud argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
La decisión del tribunal de alzada es "en principio por tiempo indeterminado", explicaron fuentes oficiales.
La jueza federal de Nueva York rechazó frenar la entrega de acciones de YPF mientras avanza la apelación argentina por la condena de US$16.100 millones. La medida favorece a los fondos litigantes y suma presión sobre el Estado.
La jueza Loretta Preska debe resolver si acepta el pedido del Gobierno argentino para postergar la entrega del 51% de las acciones de YPF, exigida como parte del pago por la sentencia de US$ 16.100 millones por la expropiación de la petrolera.
La petrolera estatal sufrió una fuerte caída en su capitalización bursátil tras la orden de transferir el 51% de sus acciones a los fondos litigantes. El Gobierno apeló la medida y advierte sobre su impacto estratégico.
Así lo expresó la jueza norteamericana Loretta Preska. En marzo también la misma rechazó un pedido para para investigar cómo fue la nacionalización de la petrolera.
La ONG Republican Action for Argentina había pedido la revocación del fallo por la expropiación de la petrolera días atrás.
La jueza Loretta Preska consideró que el proceso de expropiación de la petrolera fue indebido y sentenció al país a pagar US$ 16.000 millones. Por los intereses, actualmente esa cifra supera los US$ 17.000 millones.
El país argumenta hostigamiento por parte del fondo demandante y pide a la jueza Preska que detenga el proceso mientras se evalúan antecedentes de otro fallo judicial relevante.
Se trata de dos sentencias: una a favor del fondo buitre Bainbridge y otra de beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner y la gestión de Axel Kicillof.