El fallo adverso de la justicia de EE.UU. golpea a YPF: su valor cayó US$ 460 millones
La petrolera estatal sufrió una fuerte caída en su capitalización bursátil tras la orden de transferir el 51% de sus acciones a los fondos litigantes. El Gobierno apeló la medida y advierte sobre su impacto estratégico.

El valor de mercado de YPF cayó US$460 millones desde que la justicia de Estados Unidos ordenó a la Argentina transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos que la demandaron por la expropiación de 2012. Ese porcentaje del paquete accionario equivale actualmente a US$ 6548 millones.
El miércoles, la acción de YPF en Wall Street cerró en US$32, lo que ubicó su capitalización bursátil en US$ 12.840 millones. El viernes anterior, antes del fallo, la compañía valía US$ 13.300 millones. Ese día, las acciones bajaron hasta un 8% y cerraron con una caída del 5,6%. Luego comenzó una leve recuperación, con una suba del 1,9%.
El revés judicial llegó en medio de una tendencia negativa más amplia: desde enero, cuando YPF había alcanzado un valor de US$ 21.170 millones, perdió casi el 40% de su capitalización bursátil, es decir, US$ 8330 millones. Esa cifra representa cerca de la mitad del monto que la jueza Loretta Preska fijó como indemnización a pagar por la Argentina: US$ 16.100 millones más US$ 1650 millones en intereses acumulados desde septiembre pasado. En total, el juicio podría costarle al país unos US$ 17.750 millones, sin contar los gastos legales.

El martes por la noche, el Gobierno presentó un escrito ante la justicia estadounidense pidiendo suspender la orden de transferencia. Además, comunicó su decisión de apelar el fallo y, si fuera necesario, recurrir a un tribunal superior. En su defensa, señaló: "Es la principal empresa energética del país, emplea a más de 23.000 personas y su control está garantizado por ley".
Aunque el fallo los favorece, los fondos demandantes —Burford Capital y Eton Park— estarían dispuestos a negociar una salida, ya sea con una quita sobre el monto total o mediante un pago en bonos. El juicio se inició hace diez años y es considerado el litigio más costoso que enfrenta hoy el Estado argentino.