Procesaron a Jorge D’Onofrio por lavado: lo embargaron en $ 350 millones
El juez federal de Campana lo acusó de maniobras de lavado y le trabó un embargo por $350 millones. También quedó procesado su exfuncionario Facundo Asensio.
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por el delito de lavado de dinero y le impuso un embargo de $350 millones. En la misma resolución también fue procesado, aunque sin prisión preventiva, Facundo Asensio, quien se desempeñó como director de Fiscalización y Control y era considerado un hombre de extrema confianza del exfuncionario.
Según el fallo, una de las maniobras clave consistió en la compra de una camioneta Audi Q8 (dominio AE554ZD), registrada a nombre de Asensio pero utilizada por D’Onofrio. Para el magistrado, Asensio "actuó como interpuesto registral o testaferro, ocultando la verdadera titularidad del rodado y disimulando el patrimonio real de D’Onofrio, configurando un típico esquema de disimulación patrimonial propio de maniobras de lavado de activos".
Para intentar justificar la adquisición, Asensio presentó un contrato de mutuo por $30 millones con la empresa "Los Altos de Don Carlos Emprendimiento Inmobiliario SA", a nombre de sus padres. Pero la maniobra no terminó ahí: en noviembre de 2024, cuando la Cámara Federal de San Martín confirmó la competencia de Campana, Asensio simuló una segunda venta del vehículo. El juez detalló que la operación se realizó en el Hotel Sheraton de Pilar, lugar que ya había sido allanado en investigaciones previas vinculadas a la financiera Token Capital S.A. y la peluquería Hairspray S.A., ambas asociadas al entorno de D’Onofrio.
El avance de la causa reunió información relevante sobre el patrimonio del exministro y de allegados, incluso datos remitidos desde España por la Unidad de Información Financiera. En ese país, la concejal de Pilar Claudia Pombo, cercana a D’Onofrio, había conformado junto al exjuez de Faltas Mario Quattrochi sociedades para explotar dos restaurantes —Tardeo Pacífico y Tardeo Soho— que fueron disueltas rápidamente tras el escándalo.
La situación judicial de D’Onofrio también se agrava en la provincia de Buenos Aires. El fiscal platense Álvaro Garganta lo investiga por presuntas irregularidades en el sistema de fotomultas, donde se habría montado una red de gestores capaces de borrar infracciones con descuentos de hasta el 50%. Esa operatoria, que habría comenzado en enero de 2022, involucraría a jueces de faltas y exfuncionarios del Ministerio de Transporte.
Un testigo de identidad reservada declaró que Pombo mantenía reuniones con esos jueces en la sede del ministerio y también en un hotel de La Plata que funcionaba como "oficina paralela". Otro testigo señaló que la concejal recibía "sobres con dinero" de Cecaitra, entidad que opera cámaras en distintos municipios. Según el relato, los pagos eran entregados en el Museo Ferroviario de Retiro, además de una estación de servicio, un restaurante y una confitería.
La investigación también abarca presuntas irregularidades en la adjudicación de las concesiones para la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde siete empresas habrían tenido que contratar previamente a la firma "Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA", vinculada a exfuncionarios de la cartera.
En paralelo, el fiscal Garganta ordenó a la Unidad de Investigaciones de Activos Ilegales analizar el patrimonio de D’Onofrio y de su círculo cercano, entre ellos Pombo, Quattrochi y otras cinco personas.
Hace un mes, González Charvay frenó un intento del exministro para trasladar la causa de lavado al fuero provincial, una maniobra que —según la resolución— tenía como objetivo unificar los expedientes y modificar el rumbo de la investigación sobre el millonario negocio de las fotomultas.