Otro dolor de cabeza para "Tito" López: ratifican pruebas contra empresarios cercanos
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó la imputación contra los hermanos Walter Emanuel y Diego Hernán Brua por su participación en la presunta maniobra de blanqueo de bienes vinculados al desvío de tierras públicas.
La Justicia federal confirmó el procesamiento de Walter Emanuel y Diego Hernán Brua, acusados de haber integrado, junto al piquetero Ramón "Tito" López y su familia, una maniobra de lavado de activos que habría tenido como eje la apropiación y posterior explotación de tierras fiscales adjudicadas por el Estado provincial. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia también confirmó el embargo de sus bienes por un monto que asciende a los 93 millones de pesos.
Los hermanos, vinculados a las firmas Smart Capital S.A. y Brua Agropecuaria S.A., fueron señalados por su rol indispensable en una operación que, según la acusación del fiscal federal Patricio Sabadini, buscó dotar de apariencia legal a bienes de origen ilícito. Lo habrían hecho a través de contratos de leasing inmobiliario firmados con miembros de la familia de "Tito" López, grupo familiar ya procesado por asociación ilícita, defraudación al Estado y lavado de activos.
El caso investiga maniobras destinadas a simular negocios lícitos con tierras fiscales que estaban alcanzadas por restricciones legales, en particular por la Ley Provincial de Tierras N.º 471-P, que impide la transferencia de estos inmuebles antes de los diez años de su adjudicación.
Según la resolución, los Brua habrían celebrado acuerdos con pleno conocimiento de las limitaciones legales. De hecho, desde el inicio habrían recibido poderes especiales para operar sobre las tierras, lo que fue interpretado por el tribunal como un acto consciente y orientado a permitir el uso económico de bienes cuya tenencia estaba viciada de irregularidad.
El tribunal, integrado por las juezas Patricia García y Rocío Alcalá, desestimó los argumentos de la defensa, que había cuestionado la legalidad del procesamiento. El fallo también hizo hincapié en la figura penal de lavado de activos, destacando que no se requiere la comprobación plena del delito precedente, sino la intención de introducir al circuito formal bienes de origen ilícito.
En este caso, la presunta defraudación al Estado habría ocurrido entre 2011 y 2022, y los contratos firmados por los Brua en octubre de ese último año habrían servido para la "colocación, disimulación e integración" de los fondos en operaciones formales.
La defensa, a cargo del abogado Jorge Eduardo Alcántara, había sostenido que los contratos fueron públicos, registrados y legítimos, y negó cualquier intención ilícita. Además, impugnó el embargo por considerarlo "exorbitante" y desvinculó a sus representados de las maniobras previas atribuidas al clan López-Romero. No obstante, la Cámara consideró que los elementos de prueba —que incluyen informes oficiales, levantamientos de secretos bancarios y fiscales, registros de propiedad y documentación secuestrada en allanamientos— resultan suficientes para sostener el procesamiento.