La polémica alícuota para autos "de lujo" tiene a concesionarios en ascuas y a clientes "como locos"
En un mercado que este año cerrará con alrededor de 930.000 unidades nuevas vendidas, el impuesto a bienes suntuarios que ya obtuvo media sanción en Diputados (en rigor se trata de una actualización de un gravámen restituido en 2007) cayó como un balde de agua fría en el sector automotriz y no sólo en los importadores de autos premium.
De aprobarse la ley en el Senado, a partir de enero los autos que superen la "base imponible" de entre $ 170.000 y $ 210.000 (costo de fábrica, sin IVA) pagarán un 30% más de impuestos internos (hasta hoy los nafteros pagaban el 10 y los diesel el 12,5 % adicional), por lo que se estima que al público podrían aumentar un 43%. Los coches que estén por encima de $ 210.000 tributarán un 50% más, lo que sumando otros impuestos tendría un impacto en el valor de venta de hasta un 80 % extra.
Mientras las empresas mantienen el hermetismo conforme avanzan o se estancan las gestiones para morigerar el impacto de la norma, en los puntos de venta se produce el mayor choque con la realidad: el mercado deja de ser una abstracción para materializarse en clientes de carne y hueso. Clientes que quieren respuestas.
En Chaco, para las concesionarias oficiales de firmas como Peugeot y Honda (marcas generalistas que fabrican modelos en el país o en el Mercosur y México) las expectativas están cifradas en las resoluciones que se tomen de aquí a mediados de la semana próxima en sus sedes nacionales: "A esta altura del año la empresa distribuye las listas de precios que regirán para los próximos meses pero por primera vez en mucho tiempo no recibimos nada; estamos esperando que nuestros gerentes vuelvan de Buenos Aires donde mantienen reuniones con autoridades de la empresa para saber qué va a pasar", indicaron a este diario.
Las marcas trabajan en un doble frente: por un lado, a través de las cámaras que las nuclean o en soledad, intentan ejercer presión para que la norma incorpore precisiones que hoy no tiene, como ciertas exenciones o un escalonamiento más gradual de la aplicación de la alícuota. El "Plan B" (en rigor es casi el "Plan A") consiste en afilar el lápiz para ajustar precios y evitar que los modelos más comprometidos por su precio dejen de ser "comprables". Ninguno de los comerciantes consultados se atrevió a proyectar el impacto real que este impuesto podría tener en las ventas de sus autos de gama media y alta, sean nacionales o importados.
"LOS CLIENTES ESTÁN COMO LOCOS"
Uno de los problemas más acuciantes para las concesionarias, no aclarado en la ley, es el de las operaciones comerciales ya iniciadas (vehículos señados; créditos pendientes de aprobación), que terminarán concretándose después de que el impuesto haya sido aprobado y los precios se disparen.
"Los clientes están como locos", confiesan, "pero estamos tan informados como ellos". Como en los albores de la Patria, todos confirman que mandaron "delegados" a la Capital y que recién la semana que viene, con suerte, tendrán novedades.
LO MÁS IMPORTANTE, A LA COLA
De aprobarse el ajuste tal y como salió de Diputados, se darán situaciones absurdas: un auto con caja automática podría costar $ 200.000 más que el mismo vehículo con transmisión manual (es decir el equivalente a tres autos chicos), porque un dispositivo que hoy tiene una diferencia de 10 o 15 mil pesos podría "empujar" el costo final del coche por encima del umbral del temido impuesto. La versión automática, estiman, dejará de venderse en la Argentina. Lo mismo podría pasar con los tapizados de cuero, pero los "accesorios" menos mencionados y cuya ausencia es más alarmante, son los de seguridad activa y pasiva.
Tal como surge de la reunión que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, mantuvo días atrás con los fabricantes de autos nacionales, se mantiene la obligatoriedad de que a partir de 2014 los autos nuevos salgan al mercado con doble airbag frontal y frenos con ABS. El ESP o sistema de control de estabilidad (un componente de seguridad activa que previene innumerables accidentes) recién será obligatorio a partir de 2018, y las pruebas de impacto laterales con estándares similares a los exigidos en Europa serán exigibles desde 2022.
En promedio, en Argentina fallecen alrededor de 7.500 personas por año en accidentes de tránsito, lo que en cuatro años arrojaría la friolera de 30.000 muertes evitables. Con la alícuota actualizada, estos ítems de seguridad opcionales (ya que, como se indicó, la ley no los exige) serán sin dudas los principales ausentes en los vehículos que se comercialicen a partir de 2014 y pretendan quedar afuera del impuesto a "bienes suntuarios".