Se trata del Programa de Fortalecimiento Comunitario, el cual brindaba subsidios para la asistencia legal ante conflictos de tierras. Afirman que había "deficiencias y desvíos en el funcionamiento".  

La justicia federal señaló que los integrantes de la Procuración del Tesoro de la Nación y del Ministerio de Defensa no actuaron en favor de la protección de los bienes del Estado.