Martes, 14 Enero, 2014 - 11:40

Seis funcionarios mendocinos fueron imputados por la muerte a golpes de una niña de 3 años

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Seis funcionarios de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia de Mendoza (DINAF) fueron imputados por la justicia por su presunta vinculación con el caso de la niña de tres años asesinada a golpes luego de varias denuncias por maltrato realizada por familiares y vecinos de la víctima.
 
La medida fue adoptada por la fiscal especial Claudia Ríos, quien de oficio investiga qué grado de participación tuvieron estos y otros trabajadores de distintos organismos involucrados con la causa.
 
Los imputados son el ex director de Protección de Derechos del Niño de la provincia Fernando Herrera, quien ayer presentó su renuncia al cargo y Felipe Rafael Vizcarra, operador del Órgano Administrativo Local (OAL), el ente creado por ley para proteger a niños y adolescentes en riesgo. 
 
También fueron acusadas Vanesa Gianina Consina, coordinadora de OAL Capital; la operadora Mónica Castro y la psicóloga del OAL Fabiana Lucentina.
 
A estas cinco personas, la fiscal las imputó como presuntos autores del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con abandono de persona agravado por la muerte.
 
Además, quedó imputado Mauricio Flores, trabajador de la guardia telefónica del organismo de protección a los menores de edad, 102, por supuesto incumplimiento de funcionario público.
 
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de Mendoza informó que tomó distintas medidas para "garantizar el funcionamiento de los organismos que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia", se informó mediante un comunicado.
 
Una de esas medidas, fue la designación de María de los Ángeles Díaz como directora de Promoción y Protección de Derechos, quien deberá seguir adelante con la investigación en torno de las "conductas seguidas por los funcionarios del Órgano Administrativo Local", puntualizó esa cartera.
 
Además se informó que para los funcionarios vinculados con la causa que sigue Ríos "se ha dispuesto la suspensión preventiva".
 
La pequeña Luciana Rodríguez murió hace una semana a causa de los golpes que recibió en la cabeza.
 
La niña fue llevada por su padrastro, Jorge Orellano, a la Clínica Santa María, próxima a su casa, en la ciudad de Mendoza, adonde sólo pudieron constatar que había muerto.
 
Luego la justicia ordenó la detención tanto de Orellano como de su pareja y madre de la víctima, Rita Rodríguez, a quienes se los acusa de homicidio agravado y homicidio agravado por el vínculo por omisión, respectivamente.