Lunes, 8 Noviembre, 2021 - 20:13

Piquetes
(*) Por Luis Rodríguez Martínez

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Reflexionando sobre los problemas que afrontan los sucesivos gobiernos que tuvieron su hora de gloria en la Casa Rosada, no sé si nos persuadimos que el país está atrapado en el mito del eterno retorno.

Los problemas de ayer, que no fueron solucionados por impericia, prejuicios ideológicos, falta de consenso político partidario, etc., son los inconvenientes de hoy, y así seguimos transitando la existencia frente a los mismos desafíos, los mismos impedimentos, las mismas problemáticas.

EL CASO DE LOS PIQUETES ES PARADIGMÁTICO. Los primeros se produjeron en la década del noventa; tuvieron por escenario la provincia de Neuquén, concretamente, las ciudades de Cutral Có y Plaza Huincul, con características de pueblada.

Consistieron en una reacción popular contra la gran desocupación que produjo la privatización de YPF. Se calcula que el ochenta por ciento de los trabajadores perdieron el empleo en esas ciudades.

El piquete, cuyos efectos prácticos se traducen en el corte de las vías vehiculares con barricadas y fogatas, no se limitó a las protestas contra la petrolera estatal, sino que se hizo extensivo el resto del territorio nacional, como método sistemático, regular, de hacer visibles las reivindicaciones que planteaban sus protagonistas.

Siempre que existe un grupo portador de un reclamo ante las autoridades estatales, el medio usual de presión para conseguir sus propósitos es el piquete, que, pese al rechazo inicial que concitaba, devino en una práctica tolerada por el estado y la ciudadanía.

La prédica de izquierda siempre defendió este fenómeno de protesta; no obstante, es evidente que los daños que la sociedad se autoinfligía eran mayores que los beneficios.

Aunque parezca un contrasentido, el éxito del piquete es directamente proporcional al daño ocasionado a la comunidad. Cuando mayores son los contratiempos, obstáculos, impedimentos, perjuicios que sufre la sociedad en su conjunto, mayor es el éxito, eficacia y visibilidad de la medida.

Curiosamente, la totalidad del cuerpo social debe padecer los incordios provocados por una minoría, lo que implica una anormalidad que debe ser resuelta si no queremos volver a modalidades de relacionamiento social primitivas.

Por suerte, en Sáenz Peña no tenemos piquetes, pero las grandes ciudades experimentan en forma cotidiana este flagelo. La corrección política, el temor a pasar por insensibles que no defienden los derechos de los más necesitados, hizo que la opinión pública no condene una práctica que, cuanto menos, puede calificarse de anómala.

Ha gravitado fuertemente en esta temática el oportunismo político, pues el movimiento piquetero recibió un espaldarazo durante la presidencia de Néstor Kirchner, quien justificó y alentó el corte de los puentes que unen Argentina y Uruguay con motivo de la instalación de pasteras en los márgenes del río Uruguay, cruzada ecológica que aparentemente quedó en el olvido.

Si el poder público, representado por la más alta magistratura, estimulaba el corte de vías de comunicación con una nación vecina (Uruguay) en discursos políticos y debates televisivos, naturalmente, el pueblo argentino, enardecido por un súbito ataque de nacionalismo y pasión por la ecología, consintió pasivamente la metodología piquetera.

Esta, entre otras razones, permite comprender su supervivencia hasta nuestros días.

Hubo una tentativa de ordenar la protesta callejera mediante una reglamentación administrativa sancionada en los primeros días del mandato de Mauricio Macri que nunca fue puesta en ejecución, pues el periodismo, en su calidad de formador de opinión pública, alegó que significaba “criminalizar la protesta” y la oposición justicialista manifestó su desacuerdo.

Abordando esta temática desde una perspectiva jurídica stricto sensu, en este fenómeno social están en pugna derechos de jerarquía constitucional, verbigracia, de peticionar ante las autoridades y reunión, versus transitar libremente por el territorio nacional (art. 14 Constitución Nacional).

Sin olvidar el régimen especial que tienen los bienes de dominio público, precisamente, las vías terrestres de comunicación (caminos, autopistas, autovías, todo sendero o vía pública destinada al tránsito de mercaderías y personas).

Cuando existen conflictos entre dos derechos consagrados por el texto constitucional, es menester interpretarlos de manera armónica, exégesis que debe conducir, en la medida de lo posible, al reconocimiento de ambos.

No se compadece con una sana interpretación considerar la preeminencia absoluta de un derecho sobre otro, de tal manera que implique su supresión.

Por ejemplo, sostener la preponderancia del derecho de peticionar a las autoridades por considerar que en caso de ser censurado ninguno de los demás derechos y garantías sería realizable, conllevaría al absurdo de conculcar un derecho esencial para el comercio y vida de las personas, de transitar libremente por el territorio del país.

En este pseudo conflicto de normas existe una colisión entre un derecho que se ejerce de manera regular, lícita, (de transitar, art. 14 CN) y otro que, sin perjuicio de su importancia como postulado del régimen republicano de gobierno, es ejercido la mayoría de las veces por minorías que se adueñan transitoriamente del espacio público.

En muchos casos, como en nuestra provincia por cortes en Ruta Nacional 16, el bloqueo es absoluto; nadie, salvo ambulancias en algunas oportunidades, puede trasponer las barricadas y fogatas armadas por los piqueteros.

ESTO ES INADMISIBLE Y NO SE TOLERA EN NINGÚN PAÍS CIVILIZADO.

¿Cómo es posible que una minoría -los piqueteros siempre lo son- complique la existencia de toda la sociedad mediante un procedimiento abusivo, reñido con la ley, a sabiendas del daño que se ocasiona?

Y lo que es peor, los protagonistas de estas medidas son conscientes que cuando mayor es el incordio, contratiempo, sinsabores, que experimentan los ciudadanos, más contundente es su eficacia, la coacción que sufren las autoridades, su visibilidad en los medios masivos de comunicación.

El derecho de reclamar a las autoridades puede ejercerse mediante procedimientos alternativos a la extrema medida de cortar en forma cruenta, violenta, el tránsito de personas y mercaderías.

Ningún grupo de personas ejerciendo el derecho de reunión puede atentar contra la libertad de la mayoría, el art. 22 de la Constitución Nacional es terminante: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. TODA FUERZA ARMADA O REUNIÓN DE PERSONAS QUE SE ATRIBUYA LOS DERECHOS DEL PUEBLO Y PETICIONE A NOMBRE DE ÉSTE, COMETE DELITO DE SEDICIÓN”.

Las calles y rutas de Argentina son declarados “bienes de dominio público” por el Código Civil y Comercial en su art. 235 inc. f. Son, por lo tanto, bienes que están fuera del comercio, no susceptibles de apropiación privada, inalienables, inembargables e imprescriptibles (art. 237 del mismo cuerpo legal).

La “dominialidad” de un bien, vale decir, la condición de bien de dominio público, se caracteriza por estar supeditado a un uso masivo, universal, pacífico, por parte de los ciudadanos; por ejemplo, calles, caminos, plazas, puentes, canales, “cualquier obra pública construida para utilidad o comodidad común”.

En el caso del piquete en rutas, los particulares se enfrentan abruptamente ante el bloqueo; sólo saben que un grupo de personas en actitud intimidatoria obstruye el paso advirtiendo que en caso de transgresiones actuarán por vías de hecho para evitarlas, todo ello en una vía terrestre de dominio público del estado.

A más de la apropiación privada del espacio público, el bloqueo se ejecuta mediante actos intimidatorios, amenazas, por personas que generalmente ocultan su identidad. No expresan motivos -no se consideran en la obligación de darlos- pero previenen a los incautos que usarán la fuerza para asegurar el cierre de la ruta.

La retención en rutas no es más ni menos que una privación de libertad -pues la ambulatoria no es sino un derecho indisolublemente unido a la libertad personal- materializada mediante fuerza e intimidación.

Todos los derechos constitucionales son susceptibles de ser reglamentados por ley (art. 14 CN primera parte), y el de peticionar a las autoridades también. El impedimento legal se debe a que, la mentada reglamentación, implicaría lisa y llanamente una convalidación de un acto ilícito, en función de las normas aquí citadas que el “piquete” vulnera.

Es de toda evidencia que el corte de vías terrestres de comunicación se ha transformado con el paso del tiempo en un medio de extorsión de los gobiernos de turno. En infinidad de oportunidades las autoridades ceden ante los reclamos para evitar sus efectos deletéreos, metodología de protesta que no puede ser legalizada.

Estas apreciaciones se fundan en el análisis de esta temática desde el punto de vista del ordenamiento jurídico y las conclusiones son las desarrolladas en este escrito.

Desde una perspectiva política pueden ser criticadas; pudiera argumentarse que cualquier tentativa de coartar la actividad que llevan a cabo los piqueteros implica un prejuicio burgués que desprecia las clases sociales más desfavorecidas, que no tienen otro recurso que cortar calles y rutas para hacer visibles sus reivindicaciones.  

Con ese criterio, también el estado debiera tolerar que cualquier grupo de personas exprese su descontento mediante actos de disgregación social, siempre que sus peticiones fueren justas, razonables.

Si la viabilidad de la protesta, cualquiera fuese su naturaleza, debe ser aceptada por la ponderación de factores políticos, extraños a la ley, aunque genere graves problemas para la sociedad en su conjunto, estamos consagrando la anarquía, la guerra de todos contra todos.

En la era de internet, redes sociales, mundo digital, no puede sostenerse, salvo razones políticas subrepticias, que garantizar el derecho de circulación impidiendo el corte forzado, muchas veces violento, de los caminos signifique una limitación del derecho de peticionar a las autoridades.

Ambos derechos pueden convivir siempre que sean ejercidos en el marco de la ley.

(*) Por Luis Rodríguez Martínez