Viernes, 30 Octubre, 2015 - 17:25

Junta de Cortes pidió a la dirigencia política y formadores de opinión respeto por la Justicia Electoral

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El documento firmado por Rafael F. Gutiérrez y Ariel Gustavo Coll, presidente y secretario de la JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se reproduce a continuación:
 
Al haber concluido los diferentes procesos electorales que (tanto a nivel nacional como en las distintas provincias) han tenido lugar en nuestro país durante el corriente año, la JUFEJUS, encuentra en este momento la ocasión propicia para formular un firme llamado a la responsabilidad cívica de la dirigencia política, de modo especial, a los formadores de opinión ante la difusión de conclusiones y opiniones apresuradas, que livianamente han echado un manto de sospecha generalizado sobre la corrección del desempeño de los órganos tribunalicios con competencia electoral.
 
Es preciso recordar que los procedimientos electorales, como todos los procedimientos de índole estatal, se encuentran previstos en las Constituciones, leyes y reglamentaciones específicas, derivadas de la voluntad popular expresada a través de sus legítimos representantes, en pleno ejercicio de las autonomías provinciales que garantiza la Constitución Nacional, y cuya aplicación corresponde a las autoridades que el propio ordenamiento legal determina; no resultando válido, pues, formular críticas o denuncias anticipadas que prescindan de lo formalmente establecido por el legislador en cada caso.
 
Ello no significa, desde luego, que los sistemas electorales no sean perfectibles, ni que esté vedado formular opinión alguna respecto de su eficacia o, en general, de cualquier aspecto que resulte cuestionable desde el punto de vista de la transparencia democrática. Sin embargo, dichas postulaciones deben ser efectuadas con el suficiente conocimiento del marco legal en que ellas se insertan y propiciando, en su caso, las modificaciones superadoras que correspondan, pero siempre a través de los resortes institucionales previstos para tales fines.
 
Lo contrario implica el triunfo del mero voluntarismo de la coyuntura, por sobre los fundamentos del Estado de Derecho. Si a ello le sumamos la decidida intención de sembrar sin justificación alguna, sentimientos tales como desconfianza, desánimo y hasta alarma, la actitud resulta aún más reprobable, toda vez que corroe los cimientos mismos del pacto de convivencia social.
 
Por lo demás, no puede dejar de señalarse que los procesos electorales, además de leyes claras y justas, suelen precisar, para su éxito de la provisión de recursos materiales, humanos y tecnológicos, los que no siempre forman parte del acervo de los poderes judiciales dato de la realidad que no puede soslayarse al momento de analizarse la corrección de todos los procesos electorales. Es por ello que resuelve exhortar especialmente a la opinión pública y, una vez más, a los formadores de opinión masiva, a ejercer la libertad de expresión con la necesaria dosis de prudencia a la hora de responsabilizar con exclusividad a los Poderes Judiciales acerca de la corrección de toda instancia electiva.