Sábado, 26 Marzo, 2016 - 20:48

De justificaciones y responsabilidades
Por Luis Tarullo

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Ya han pasado los famosos primeros 100 días de la nueva gestión gubernamental y empiezan a surgir preguntas que requieren respuestas aunque sea en un tiempo mediato.

Porque cierto es que el gobierno anterior tiene responsabilidad sobre muchas cuestiones que llegan en algunos casos como herencia fatal, pero también es una verdad que hay un momento en que la novel administración tiene ya sus músculos fortalecidos como para rectificar y modificar rumbos.

Sobre todo cuando los nuevos moradores del poder anunciaron desde antes de llegar, con convicción y bríos inusitados, su decisión de adoptar medidas destinadas a dar impulso, por ejemplo, al poder adquisitivo de los ingresos, especialmente de los asalariados.

 

Ello es lo que ocurrió con el Impuesto a las Ganancias, aunque con una notoria disparidad entre las intenciones iniciales y los resultados por ahora finales.

Una gran fanfarria rodeó a la elevación del mínimo no imponible desde el cual empieza a aplicarse el voraz tributo, con ruidosos anuncios sobre los miles de asalariados que iban a recibir la bendición de tal medida.

Pero transcurridos unos pocos días, y aplicado el tamiz de la realidad, la ecuación se tornó difusa y empezó a tomar una tonalidad negativa: al final terminarían de ser más lo que ingresan al pozo ciego del impuesto demoledor que los que salen. Y con el dato más preocupante: muchos de los que se suman al ejército de perjudicados son jubilados.

El tema de Ganancias se torna recurrente porque se acerca la hora de la verdad en esta materia, que es cuando empiecen, en pocos días más, a cobrarse los haberes con los primeros tramos de los aumentos pactados en paritarias.

Los gremios, tanto de actividades privadas como públicas, han logrado perforar el techo de incremento que pretendía Mauricio Macri, establecido en principio en 25 por ciento.

Una cifra que sin dudas se daba de patadas con el índice de inflación previsto para los últimos 12 meses, superior al 30 por ciento.

Aunque cabe aclarar que el oficialismo justificó ese número en que se estaba refiriendo a la inflación futura. Menos aceptable aún para los gremios, que si accedían a esa intentona iban a recibir un durísimo reproche de sus afiliados, que verían perder varios puntos para recuperar el poder de sus ingresos carcomidos por la inflación.

Además, y esto es lo principal, se hubiera estado violentando un principio hasta ahora intocable, cual es al menos lograr un empate con la inflación pasada y no andar ahora haciendo experimentos y jugando a las adivinanzas con el coste de vida futuro.

Es en ese marco entonces que las CGT de raíz peronista acordaron impulsar ahora -y no dentro de varios largos meses- un proyecto para elevar sustancialmente el mínimo no imponible y modificar las escalas establecidas hace una década y media para calcular el impacto del impuesto en los sueldos, mecanismo que a esta altura ya suena perverso.

La iniciativa contempla una base que asciende a más del doble de la resuelta por el gobierno -algo más de 60 mil pesos- y con la exclusión de varios ítems salariales que finalmente harían ascender ese valor.

Mientras sigue operando en el Congreso, donde ya están afilados los diputados de origen sindical, más varios aliados, por ejemplo, del massista Frente Renovador -y confiando en apoyos provenientes de otras bancadas-, la dirigencia está transitando la cuenta regresiva de una fuerte apuesta: una marcha callejera para apoyar el proyecto.

Las CGT, también con la proa puesta en la unidad, que se concretaría en el segundo semestre, dieron al momento del anuncio un margen de negociación prudencial.

Pero los días pasan y el gobierno, hasta ahora, no ha cambiado su postura (al menos públicamente). Un acuerdo en este tema, obviamente, desactivaría la manifestación.

Sin embargo, la administración Macri está lidiando con otros frentes, como el de los fondos buitres y la inflación, y dice no ver una luz siquiera para cubrir el faltante fiscal que implicaría una merma importante en la aplicación de Ganancias.

A la gente común y corriente se le ocurre pensar que una compensación, aunque sea parcial, sería recuperar los miles de millones de pesos que algunos habrían evadido, pero en esos temas operan cuestiones políticas y hasta cruces de intereses que exceden años luz a, justamente, la gente común y corriente.

Por ello, los ciudadanos de a pie, que viven (aún) de sus salarios bastante alicaídos, castigados por la inflación y encima agobiados por un impuesto que a esta altura va contra toda lógica, tienen la solitaria esperanza de que sus representantes consigan, en todos los niveles del poder, acordar algo que vaya en su beneficio (el de la gente, claro).

Y en ese marco podría encajar el proyecto que, al cabo de las lógicas discusiones y negociaciones, derivaría al menos en un alivio, hasta que el aún demasiado incipiente combate contra la inflación empiece a dar frutos.

Por ello, al menos en este punto, ha empezado a correr tiempo de descuento, sobre todo teniendo en cuenta que se arrima la primera demostración de fuerza concreta que cuestiona a un gobierno novato que, más allá de los interregnos de las herencias, ya está transitando el período donde se terminan las justificaciones y se debe comenzar a asumir las responsabilidades.

 

Fuente: 
Agencia DyN