Domingo, 17 Octubre, 2021 - 19:42

Consejo de la Magistratura y sus horas más difíciles

*Por Aldo Daniel Avila

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El martes 19 de octubre será un difícil momento para el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chaco.
 
Y lo será, porque deberán decidir entre dos alternativas: dejar vacante la Defensoría Oficial Nº 4 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña declarando desierto el concurso celebrado con el fin de cubrir dicho cargo, actualmente con un interinato, o designar, ya como definitivo, a quien lo ocupa en provisoriedad.
 
Ninguna de las opciones será tarea sencilla, pero sí marcará un antes y un después, en la calidad institucionalidad de los chaqueños. 
 
Fundamentalmente en la transparencia de las designaciones de Magistrados y Funcionarios judiciales.
 
Es que, a esas designaciones, debe arribarse sin mácula. De la forma más incontaminada posible. Involucra la supervivencia del sistema democrático que elegimos como forma de vida. ¿En qué escenario se producirá el abordaje de este dilema? Podemos afirmar, que en una atmósfera muy enrarecida y complejizada por una serie de situaciones que quizás, nunca antes, se habían presentado.
 
En primer lugar, deberán fijar certeza respecto de la función del tribunal examinador por el que deben pasar, inevitablemente, los aspirantes a cualquier cargo de relevancia.
 
Es que de cinco concursantes, sólo uno de ellos habría alcanzado el nivel de excelencia requerido para aprobar el examen.
 
Esta situación coloca al Consejo de la Magistratura en un callejón sin margen de maniobras posible. Si sólo hay un único aprobado, debería ser, en principio, a quien se designe. Sin embargo, surgen varios interrogantes.
 
¿Cuál es la importancia de la entrevista que, también, obligatoriamente, realiza el Consejo a quienes tienen serias posibilidad de asumir? ¿Quién, verdaderamente, estaría designando a Funcionarios y Magistrados?
 
Si el Tribunal Examinador actúa como cedazo y determina quienes están o no, en condiciones de asumir a tal o cual cargo. Más aún, si sólo es uno quien arriba a esa posición. 
 
¿Qué queda para el Consejo de la Magistratura? ¿Validar lo ya resuelto por la mesa examinadora?
 
¿No se estaría admitiendo que le están marcando la cancha?
 
Y, finalmente ¿no sería una forma de esquivar la institucionalidad y, por ende, de herir de muerte a nuestro sistema republicano?
 
Bueno sería tener todas las respuestas. 
  
En otro orden de ideas,  deberán analizar la aptitud moral que exhibe el único candidato que alcanzara nivel de excelencia (según la mesa que escrutara a los postulantes).
 
El Superior Tribunal de Justicia por resolución Nº 870 y frente a denuncias recibidas, hizo un requerimiento de informes tanto al equipo interdisciplinario como al Sr. Defensor Oficial N° 4 (suplente), quien es, nada menos, que el malogrado adoptante que decidiera la “devolución” de los menores retirados en guarda con fines de adopción, antes de los tres meses de iniciada su vinculación con los niños.
 
En la mentada resolución se hace referencia a una inspección realizada por la Sala II del Máximo Tribunal, al fuero de niñez, adolescencia y la familia de la ciudad de Sáenz Peña.
 
Y, en relación al equipo interdisciplinario que interviniera en la ocasión mencionan que, en entrevista con sus expertos responsables manifestaron –respecto del funcionario observado- que no hubo indicios de ningún trastorno de personalidad histriónica, manipulador y actuador, dado el perfeccionismo en la simulación que alcanzan estas patologías, “…tal como posteriormente se desarrolló con los eventos públicos. Ninguna de estas características se visualizaron mientras fue entrevistado”.
 
Es decir, hay un reconocimiento a la veracidad de los hechos denunciados cuales son, la alta exposición a que se sometiera a los pequeños en las redes sociales, incluso, de modo perturbador. 
 
Cosificándolos de manera brutal y exagerada. Tal vez, con el único objetivo de un rédito personal.
 
Peor aún, se destaca en los considerandos de la decisión tomada por el STJ que, reingresados los menores, se presentó informe donde se detalla que “…existen hechos de violencia vivenciados por los niños involucrados, por lo que la Asesora de Menores N° 1 debería intervenir y actuar rápidamente”. 
 
Según la cronología de los acontecimientos, la Asesora de Menores N° 1 estaba, por entonces, más preocupada por el estado público que había tomado este despropósito, que la incluía, que por los menores de quienes, por lo visto, se había desentendido desde que fueran retirados.
 
Estamos, sin dudas, ante una situación de extrema gravedad que obliga a replantearse los protocolos seguidos y vigentes para evitar la reiteración de estos lamentables y dañinos resultados.
 
Estamos, a la vez, ante la posibilidad de que se haya cometido un delito de acción pública.
 
Ahora bien. Después de lo narrado. ¿Está el Defensor Oficial N° 4 provisorio, en condiciones de ser designado Defensor Oficial definitivo?
 
El cuestionamiento y reproche moral de todo un foro, de toda una comunidad es insoslayable.
 
El único modo que allanaría su ansiado camino hacía el cargo que persigue, sería la posibilidad de una defensa corporativa de sus pares, y la sociedad oposita con firmeza estos métodos. 
 
Más aún cuando prima la indignación.
 
Significa que esperan una decisión acorde a la trascendente misión que le compete al Consejo de la Magistratura.
 
Lo contrario, sería conspirar contra un anhelo que queda resumido en la expresión inmortal de Don Arturo Jauretche: no se trata de cambiar de collar sino de dejar de ser perro.  
 
(*) Abogado