Jueves, 5 Noviembre, 2015 - 18:00

Consejo de Abogados a Sánchez y Nievas: “¿Por qué será que lo que es bueno para todos, no lo es para los abogados?

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Hilario Bistoletti y José Miguel Vigier, presidente y secretario respectivamente de esa entidad, suscribieron un documento en el que analizan la “incoherencia sistémica” de los legisladores al celebrar la colegiación de otras actividades y rechazar la de los abogados. 
 
También critican “ese raro experimento que ha sido la Ley N° 7524” y el hecho de que los abogados de todo el país gocen de los beneficios profesionales, comerciales y éticos de la colegiación profesional, excepto los chaqueños. Se transcribe el texto íntegro a continuación:
 
 La reciente sanción de la Ley N° 7688 que regula la profesión de Psicopedagogos y crea su Colegio Público, fue anunciada y difundida en los medios de comunicación tanto por la Diputada Gersel como por el Diputado Bergia, como un gran avance y reconocimiento de los beneficios que significará para los profesionales de dicha actividad, expresando así declaraciones de apoyo y reconocimiento hacia el sistema de colegiación legal, que nos llevaron necesariamente desde el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de Resistencia, a resaltar la incoherencia en que incurre la Cámara de Diputados, ya que por unanimidad aprueba leyes por las cuales se reconoce la colegiación a diversas profesiones, menos a la de los abogados, sin que existan fundamentos razonables para explicar tal discriminación. 
 
Esta declaración, sustentada en hechos objetivos como lo son los tratamientos opuestos que recibimos los abogados, no colegiados y las otras profesiones sí colegiadas, ha provocado la réplica de los Diputados Ricardo Sanchez y Martin Nievas, quienes alegan que no existe tal discriminación, bajo el argumento de que  los abogados no se ponían de acuerdo al respecto. 
 
En primer lugar llama la atención que los legisladores precitados invoquen un supuesto consenso en el seno de un sector de los destinatarios de la regulación a cargo del Poder Legislativo, como son los abogados, desconociendo u omitiendo mencionar a los restantes destinatarios de la regulación de cualquier profesión, que son por supuesto sus usuarios, en este caso los particulares que requieren los servicios profesionales de los abogados. 
 
Tampoco nos consta, ni a nosotros ni a los Diputados, que todas las otras profesiones hoy colegiadas hubieran tenido unanimidad en sus miembros, siendo en cualquier caso una decisión que corresponde adoptar al legislador en miras a la organización que asegure mejor el bien común y los intereses del orden público en juego, sin depender del parecer particular de algunos eventuales sujetos alcanzados por la regulación. 
 
Precisamente se supone que el Legislador debe orientar su tarea reguladora hacia la realización al máximo grado posible del bienestar común, aplicando criterios razonables e igualitarios para que la reglamentación general que le compete sancionar, alcance progresivamente en mayor medida los fines que el Estado auspicia y prohija. 
 
Máxime cuando se trata de la delegación de competencias propias del Estado, como lo es la regulación de la matrícula profesional, su gobierno y el control de la ética profesional, en donde no puede existir criterio dispar del Estado o acomodamientos a la opinión particular del lobby preponderante, debiendo tratarse por el contrario de una política general, adoptada y seguida en todos los casos sobre la base de considerar que el sistema elegido es el que mejor responde a los intereses públicos en juego. 
 
Todo lo cual nos lleva a preguntarnos: ¿por qué será que la colegiación legal es buena para todos los profesionales, actividades y/u oficios y para el interés público allí comprometido y no lo es para los abogados?
 
No logramos hasta hoy y pese a las veces que lo hemos planteado en cuanto foro público se ha debatido la posibilidad de que los abogados tengan su colegiación legal, que los Diputados, muchos de ellos abogados, nos den una respuesta. 
 
Aparece entonces la respuesta argumentada como falacia que antes mencionábamos: “pónganse de acuerdo entre los abogados y sancionamos la ley”. 
 
Le respondemos como hemos dicho antes: no se trata en el caso de que un sector de los destinatarios de la regulación nos pongamos de acuerdo y aceptemos el modo en que se reglamentan nuestros derechos para permitir la realización del bien común, sino que es el Estado, a través de su Poder Legislativo por tratarse de una competencia constitucional propia, quien debe emitir la reglamentación que argumentativamente se muestre, coherente con el tratamiento que se ha dado a casos análogos y consistente con la respuesta que se entienda mejor para el interés público allí presente. 
 
Si la colegiación legal es el sistema que el Legislador adopta para los psicopedagogos, no hay razón institucional que pueda ser válida para negárselo a los abogados. Y si la queja de un sector de los sujetos alcanzados por la ley llevase al Legislativo a no sancionar leyes que antes ha sancionado para otros sectores en iguales circunstancias, pues entonces se romperían las bases de nuestra democracia representativa, imponiéndose la voluntad de los particulares con mejor llegada al Legislador de turno. 
 
No cualquier razón puede justificar el tratamiento dispar de una misma situación por parte del Legislador, como lo es si se adopta o no el sistema de colegiación legal para distintas profesiones; descartándose de plano la posibilidad de que tal razón fuere la simple objeción de algunos de sus destinatarios, aun cuando se intente entronizar a los mismos como una supuesta mayoría, cuya aritmética desde ya ponemos en duda. 
 
Solo cabría oponer como razón argumentalmente válida, la imposibilidad de que el sistema de colegiación legal realice los fines públicos queridos y propiciados por el Legislador, que son iguales e idénticos tanto para los psicopedagogos, los psicólogos, los martilleros, los arquitectos, los ingenieros, los contadores, como para los abogados
 
Reconocemos además como cierto lo que ha señalado en su réplica el Diputado Nievas, en cuanto a que se sancionó una ley que regula varios aspectos del ejercicio de la profesión de abogado, para nuestro caso la LEY N° 7524, precedida de un debate que no se ha dado en cambio para la sanción de las restantes leyes de colegiación legal de otras profesiones. 
 
Sin embargo debemos señalar que, a diferencia de las leyes que regulan la colegiación legal de las otras profesiones,  lo cierto es que la Ley N° 7524 otorga el gobierno de la matrícula de los abogados al Superior Tribunal de Justicia y delega en un tribunal de justicia como lo es la Cámara en lo Contencioso Administrativa el juzgamiento de la ética profesional de los abogados. 
 
También omiten señalar los legisladores promotores y defensores de ese raro experimento que ha sido la Ley N° 7524, opuesta a la reglamentación existente en todas las Provincias argentinas y contraria a los precedentes parlamentarios de la propia Legislatura de la Provincia del Chaco, que la misma ha fijado un porcentaje determinado para sostener a las asociaciones privadas de los abogados, detraídas de las contribuciones que hacen los justiciables por medio del pago forzoso de la Tasa de Justicia, obligando a los particulares que no forman parte de esas asociaciones a solventar sus actividades, en paradojal regulación que proviene de los mismos que se oponen a la colegiación de los abogados, bajo el argumento de la gratuidad de la profesión y la violación del derecho de asociación (no quieren que los abogados aporten al sistema que los nuclea, defiende y custodia su ética, pero no tienen problemas en que los terceros solventen sus actividades privadas y paguen una forzosa contribución para mantener asociaciones que no integran, otra incoherencia).  
 
Adviertan entonces el incumplimiento del mandato que impone al Legislador, legislar siempre en procura de maximizar el rendimiento de los derechos y del interés público en juego: mientras que la colegiación legal, reconocida a otras profesiones, permite ampliar las bases democráticas del ejercicio profesional, otorgando a los propios profesionales el gobierno de su profesión, creando instituciones intermedias que colaboran en la realización de la democracia representativa, protegiendo a los usuarios de los servicios profesionales mediante el establecimiento de un código de ética y de un tribunal de ética formado por los pares para juzgar las violaciones a esas reglas deónticas. 
 
Aparecen allí las razones fundamentales que suponemos el Legislador ha atendido y tenido en cuenta para establecer el sistema de colegiación legal para las profesiones que no son la de abogada y que no pueden ser marginadas sin recaer en la incoherencia sistémica por nosotros denunciada, cuando se crea un sistema de regulación profesional sin colegio público, sin código de ética y sin tribunal de pares, sólo para los abogados
 
Esa forma de regulación se opone incluso a otros principios que la Legislatura, o por lo menos los legisladores del oficialismo adoptan sin dudar, como es el caso del juicio por jurados, defendido para el enjuiciamiento criminal sobre la base del argumento democrático, señalando que es el método más democrático posible para establecer la culpabilidad de un imputado, renunciando en cambio a ese ideal democrático cuando se trata de establecer el sistema para enjuiciar la ética profesional, no de todos los profesionales, sino solamente de los abogados.  
 
Esto es lo que nos divide y sin embargo es aceptado y señalado como positivo por todos los otros profesionales, colegiados e incluso por los Legisladores cuando tratan sobre la colegiación de esas otras profesiones; nos preguntamos entonces ¿por qué será? 
 
Por qué los señores diputados no pueden dar respuesta a ello, ¿depende entonces de que se pongan de acuerdo los abogados? ¿o en realidad es de interés de la sociedad toda, al punto que reclama que la regulación consulte los intereses sociales y públicos comprometidos y no los de un sector que se declama mayoritario?
 
Es esto lo que los diputados se niegan a ver, creen que es un problema de los abogados y una vez más se olvidan del común de la gente. 
 
Señores Diputados, si en realidad Uds. están alertas al consenso popular para decidir tratar o aprobar determinadas leyes, por favor traten de inmediato el proyecto de enmienda constitucional que elevara el Sr. Gobernador fijando la periodicidad de la función pública y la limitación consecuente a las reelecciones en los cargos públicos electivos, querido sin dudas por la unanimidad del pueblo chaqueño; o en su defecto, si tienen dudas sobre en qué opinión se asienta la mayoría y tal como lo propone el Diputado Nievas para el tema de la colegiación de los abogados, solamente de los abogados, convoquen al pueblo de la Provincia del Chaco a un plebiscito, para que no les quede ninguna duda de que los habitantes de la Provincia del Chaco están cansados de que se perpetúen en sus cargos.

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