Jueves, 30 Marzo, 2017 - 21:07

Crisis institucional venezolana
Cinco claves de la situación política del gobierno de Caracas

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La crisis de Venezuela cruzó nuevas fronteras al asumir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) las funciones del Parlamento, decisión calificada por su amplia mayoría opositora como "un golpe de Estado". Aquí, cinco puntos clave de la situación.

  

PUGNA DE PODERES

El choque de poderes es constante desde enero de 2016, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Legislativo tras 17 años de hegemonía chavista.

El TSJ, acusado por la oposición de servir al presidente Nicolás Maduro, declaró en desacato a la cámara y ha anulado todas sus decisiones, por haber juramentado a tres diputados acusados de fraude electoral.

El miércoles, en un nuevo pico, la corte adoptó las competencias del Parlamento justificándose en el desacato, lo que la Asamblea denunció este jueves como "un golpe de Estado".

La sentencia "pulveriza la división de poderes", dijo a la AFP el analista Luis Vicente León, aunque recordó que en la práctica el TSJ ya venía ejerciendo funciones legislativas.

Maduro, cuya gestión rechazan siete de cada diez venezolanos según encuestas, rindió su informe de labores de 2016 frente a los magistrados, que además aprobaron el presupuesto y validaron un estado de excepción y de emergencia económica aún vigente.

  

ELECCIONES EN EL LIMBO

La oposición se volcó en 2016 a impulsar un referendo revocatorio contra Maduro, pero el proceso fue suspendido el 20 de octubre por el poder electoral alegando irregularidades.

Descartado el revocatorio, la oposición ha pedido adelantar las elecciones presidenciales, lo que Maduro rechaza. Esos comicios están pautados para diciembre de 2018, mientras que los regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero fueron pospuestos y aún no se fija fecha.

Como requisito para futuras votaciones, el poder electoral -acusado también de ser un apéndice del Ejecutivo- obligó a los partidos a recoger firmas para validarse.

Se busca "hacer unas elecciones a la medida del gobierno", advirtió a la AFP el politólogo Luis Salamanca.

El trámite es rechazado incluso por pequeñas organizaciones chavistas, al considerar que terminará "ilegalizándolas".

  

DEBACLE ECONÓMICA

La caída de los precios del petróleo desde 2014 castigó a la economía venezolana, que recibe 96% de sus divisas de la exportación de hidrocarburos.

El país debió reducir drásticamente las importaciones, generándose una escasez de todo tipo de bienes, lo que mantiene postrada a la industria local por falta de insumos. De acuerdo con estimaciones privadas, la economía retrocedió 11,3% en 2016.

El agudo desabastecimiento se combina con la inflación más alta del mundo, que el FMI proyecta en 1.660% para 2017.

Maduro atribuye el colapso a una "guerra económica" de empresarios y "poderes imperiales" que, según él, promueven un boicot para impedir que el país consiga financiamiento externo.

Precisamente, la sentencia del TSJ autoriza al gobierno a firmar acuerdos económicos sin aprobación del Parlamento.

 

DIÁLOGO FRACASADO

Tras fracasar el intento de por convocar al referendo, gobierno y oposición iniciaron un diálogo político en octubre pasado con acompañamiento del Vaticano y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), pero la MUD lo congeló en diciembre.

La alianza opositora acusó al chavismo de incumplir acuerdos en cuanto a la definición de un calendario electoral y la liberación de un centenar de disidentes presos.

Para el excandidato presidencial Henrique Capriles, el diálogo fue una "trampa" que desmovilizó a la oposición justo cuando realizaba multitudinarias manifestaciones.

"Tuvimos una puesta en escena que buscaba paralizar la presión internacional, las protestas y defenestrar a la oposición generándole costos muy altos (por pérdida de apoyo popular)", declaró a la AFP el analista Benigno Alarcón.

  

CRIMINALIDAD Y DDHH

Unas 28.000 muertes violentas se registraron en el país caribeño en 2016 -91,8 por cada 100.000 habitantes, tasa diez veces mayor a la media mundial-, según la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

A la vez, se multiplican las denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la fuerza pública, como ajusticiamientos y allanamientos ilegales.

 

ESPECIALISTAS ALERTAN SOBRE AVANCES DE UN "MODELO AUTORITARIO"

Los analistas advierten sobre un "autogolpe" o un avance hacia un "modelo autoritario".

"Esto es parte de un golpe que se ha ido gestando con varias medidas que fueron cerrando todas las puertas a la oposición para que cumpla el papel para el que fue elegida" en el Congreso, señaló Paul Hare, de la Universidad de Boston y exdiplomático británico en Venezuela.

"Es difícil llamar esta decisión de otra forma que no sea un autogolpe", comentó a la AFP Michael Shifter, el presidente de Diálogo Interamericano, quien comparó el caso con la decisión del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) de disolver el Congreso en 1992.

Una semana antes de la reunión de la OEA en Washington, el bloque opositor aprobó un acuerdo en el que pidió al organismo aplicar la Carta Democrática Interamericana, que prevé sanciones en caso de alteraciones o ruptura del hilo constitucional, lo que Maduro calificó como "traición a la patria", delito castigado con penas de hasta 30 años de cárcel.

La sentencia mediante la cual el TSJ adopta las funciones del Parlamento también tiene trasfondo económico. Se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la creación de empresas mixtas en el sector petrolero.

Según la Constitución, el gobierno no puede firmar contratos de interés público "sin la aprobación de la Asamblea Nacional".

Pero al declarar "omisión legislativa", la corte indicó que no existe "impedimento alguno".

Esta cuestión resulta clave para el gobierno, que busca financiamiento para paliar un déficit fiscal que el Banco Mundial estimó en 11,5% del PIB en 2016.

Maduro también intenta atraer inversión extranjera para los sectores petrolero y minero, y enfrentar así la grave crisis económica, reflejada en escasez de todo tipo de bienes básicos y la inflación más alta del mundo, proyectada en 1.660% por el FMI para 2017.

Las elecciones presidenciales están pautadas para diciembre de 2018, mientras que las regionales debieron realizarse a fines del año pasado, pero el poder electoral las pospuso para 2017 y aún no fija fecha.

Fuente: 
NA - AFP