El primer denunciante contra la Bolsa de Comercio denuncia "inacción" en su causa
Se trata de Víctor Oscar Ruiz Díaz, quien realizó una presentación al Juzgado de Garantías donde afirmó que el Ministerio Público Fiscal mantiene el caso en un "limbo procesal" y pidió constituirse como querellante particular, una audiencia de control y más medidas de prueba.
El denunciante original contra la Bolsa de Comercio del Chaco (BCCH), Víctor Oscar Ruiz Díaz, realizó una presentación ante el juzgado de Garantías de la provincia donde denunció que el Ministerio Público Fiscal mantiene su causa en un "limbo procesal denominado ‘Investigación Previa’ desde hace ocho meses". El abogado, que ejerce su propia representación en el caso, solicitó una audiencia oral de control y más medidas de prueba.
Ruiz Díaz volvió a insistir en su solicitud para constituirse como querellante autónomo, la cual el Fiscal Federal le había negado anteriormente. Sin embargo, insiste en que como socio fundador, socio activo y ex síndico titular del organismo es un damnificado directo por los hechos denunciados a la BCCH, lo cual le otorga la "legitimación procesal"
El denunciante realiza este pedido para debido a que "no se visualizan resultados" y "desea evitar que una prolongada inacción frustre la investigación, consiga desbaratar derechos y termine malogrando el esfuerzo producido".
Además, el abogado señala que el acuerdo entre la BCCH y el municipio de Sáenz Peña representa un "hecho nuevo de extrema gravedad" que no solo afecta el patrimonio del organismo y da lugar a una "descapitalización", sino que implica un reconocimiento del delito de fraude:
"Al pagar con fondos sociales una deuda de terceros, la actual conducción reconoce formalmente la responsabilidad de la Bolsa, actualmente bajo su dirección y administración, por el fraude original inducido mediante asesoramientos informales (llamadas telefónicas, principalmente)", detalló.
También señaló que el acuerdo "configura, prima facie, el delito de encubrimiento": ": Los directivos utilizan la caja de la institución financiera -que debieran administrar por cuenta de terceros con escrupulosa y oportuna rendición de cuentas y no discrecionalmente por cuenta propia- para financiar un posible enmascaramiento de las consecuencias jurídicas y económicas ante terceros por eventuales responsabilidades propias en la colocación de instrumentos para proveerle liquidez a un librador insolvente de modo de eludir así la persecución penal a los autores individuales", acusó.
Ante esta situación, Ruiz Díaz propuso como nuevas medidas de prueba "indispensables":
- Peritaje a las cuentas institucionales de la BCCH con levantamiento de secreto bancario, como así también a las cuentas abiertas en la Caja de Valores S.A
- Levantamiento de los secretos bursátil y profesional: para acceder a los diversos registros del Agente del Mercado implicado y posibilitar el acceso a la información (datos y metadatos) almacenada en diversos dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares
- Apertura y Búsqueda Indexada del Material Secuestrado: para buscar términos claves como "Convenio", "Cuota", "Embargo", "Cesión de Créditos", "Carta Oferta", "manager", "Medula", "PEP", "Auditoría" "Informe Síndico", "Dictamen".
- Orden de Exhibición de Libros de la BCCH en formato físico y digital
- Orden de remitir Listado de autoridades (miembros titulares y síndico titular):
- Pedido al MPF para formalizar la Investigación Preparatoria Preliminar y a admitir su participación como Querellante Autónomo
Por último, en caso de no ser aceptada su petición, Ruiz Díaz pidió una "reserva del caso federal para acudir ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la vía del Recurso Extraordinario Federal previsto en el artículo 14 de la Ley N° 48, ante la flagrante vulneración de garantías amparadas por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (Art. 75, inc. 22 CN)".