La fiscal de Cámara pidió declarar inconstitucional el fallo que frenó la baja de imputabilidad
La fiscal, Sandra Guagnino avaló el recurso contra el sobreseimiento del joven imputado por tentativa de robo.
La fiscal de Cámara, Sandra Verónica Guagnino se pronunció a favor de anular la resolución de la jueza, Laura De Marinis, quien había declarado inconstitucional la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil para un caso de tentativa de robo. La resolución definitiva sobre la causa se encuentra ahora a cargo de la Sala III de la Cámara de Apelaciones porteña.
Guagnino respaldó la posición asumida por los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra, miembros de la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil (UFEPJ), quienes apelaron la decisión de primera instancia y solicitaron dejar sin efecto el sobreseimiento del imputado. El expediente investiga la participación de un menor de 14 años en un hecho ocurrido el 10 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. En dicha oportunidad, un hombre de 47 años alertó a efectivos policiales tras ser perseguido por un grupo de jóvenes, lo que evitó la consumación del delito.
La jueza De Marinis, a cargo del Juzgado N° 3 en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, resolvió declarar inconstitucional para este expediente particular la aplicación del límite de 14 años como edad mínima de responsabilidad penal. Frente a este criterio, los fiscales de primera instancia argumentaron que la declaración de inconstitucionalidad constituye una medida de carácter excepcional, a la que solo corresponde recurrir cuando no exista una interpretación posible acorde a la Constitución.
Asimismo, Tereszko y Raffa Pirra sostuvieron que la magistrada se atribuyó competencias propias del Congreso de la Nación al inaplicar una norma de rango legal vigente, afectando la división de poderes. En el recurso de apelación, la fiscalía remarcó que la resolución no explicitó las razones por las cuales el proceso judicial vulneraba la protección integral del joven, y señaló que el fallo confundió la responsabilidad penal con la proporcionalidad de la respuesta estatal. Por estos motivos, reclamaron revocar el sobreseimiento y apartar a la magistrada de la causa.
LOS ARGUMENTOS
Por su parte, De Marinis argumentó que su decisión se circunscribió de manera exclusiva a las condiciones individuales del adolescente, sin que ello implicara invalidar de modo general el Régimen Penal Juvenil. La jueza explicó públicamente que tomó en consideración la situación social del imputado —quien no se encontraba escolarizado y padecía dificultades de alimentación— y estimó que someterlo al proceso penal resultaría estigmatizante y regresivo.
Al defender su resolución, la magistrada manifestó: "No es un mensaje de impunidad". A su vez, puntualizó que la norma continuaba vigente y se mantenía en aplicación para los demás jóvenes involucrados en el mismo hecho. El nuevo marco normativo fijó en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y entró en vigencia el pasado 5 de septiembre.
La resolución final sobre el expediente permanece a estudio de los jueces Ignacio Mahiques, Martín Larocca y Fernando Franza, integrantes de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad.
De manera simultánea con la tramitación en la alzada, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promovió un pedido de juicio político contra De Marinis. La presentación fue radicada ante el Consejo de la Magistratura por el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, bajo la acusación de presunto mal desempeño e ignorancia inexcusable del derecho.