Adorni justificó su patrimonio: afirmó que casi US$ 600.000 provienen de criptomonedas
La defensa de Manuel Adorni presentó ante la Justicia un extenso descargo para explicar la evolución de su patrimonio durante el período en el que se desempeñó en la función pública. El exjefe de Gabinete atribuyó buena parte de sus ahorros en dólares a inversiones en Bitcoin realizadas y liquidadas años antes de asumir un cargo estatal y detalló el destino que tuvieron esos fondos.

El escrito también respondió sobre la compra y refacción de propiedades, préstamos, vehículos y distintos gastos realizados en efectivo.
La presentación respondió los 20 puntos solicitados por el fiscal federal Gerardo Pollicita en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La investigación comprende el período entre diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública, y el 27 de junio de 2026, cuando dejó su cargo.
Según sostuvo la defensa, la evolución patrimonial registrada durante esos años tiene un "sustento razonable y verificable" y no existe "enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación".
El origen de los dólares y las inversiones en Bitcoin
Uno de los principales puntos que debía explicar Adorni era el origen de los US$ 565.000, US$ 513.000 y US$ 388.961,52 en efectivo que figuraron en distintas declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023, 2024 y 2025, respectivamente, bajo el concepto de "venta de activos".
La defensa aseguró que esos fondos provenían principalmente de la liquidación de ocho direcciones de Bitcoin. De acuerdo con la presentación, esas billeteras generaron un total de US$ 591.544,61 al momento de vender las criptomonedas.
Para respaldar que las ocho direcciones pertenecían a Adorni, sus abogados presentaron un acta notarial. Según explicaron, un escribano certificó que el exfuncionario pudo firmar mensajes utilizando las claves privadas correspondientes a cada una de las direcciones.
Además, Adorni entregó las claves privadas a su abogado dentro de un sobre cerrado y lacrado, que quedó a disposición de la investigación ante un eventual requerimiento judicial.
Las ocho direcciones registraron actividad exclusivamente entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018 y actualmente no tienen saldo. La defensa destacó este punto para sostener que esos fondos se originaron varios años antes de su ingreso a la función pública.
Según el descargo, las primeras compras de Bitcoin se realizaron en 2014 y representaron una inversión de US$ 1897,20. El mayor desembolso se produjo en 2017, cuando destinó US$ 199.883,20.
La modalidad de las operaciones, según explicó Adorni, era presencial y en efectivo. Se reunía con vendedores particulares, recibía los Bitcoin y entregaba los dólares, sin que ninguna de las partes se identificara.
Las ventas se habrían concretado mediante un mecanismo similar entre 2017 y 2018: Adorni entregaba los Bitcoin y recibía dólares billete directamente de los compradores, sin la participación de bancos, exchanges u otros intermediarios.
"El producido de cada una de esas ventas fue percibido por mi asistido en el mismo acto y en el mismo encuentro en que se concretaba la liquidación, en dólares estadounidenses billete", sostuvo la defensa.
De esta manera, mientras las operaciones con Bitcoin pueden rastrearse mediante la blockchain, la entrega del dinero en efectivo se realizó por fuera del sistema financiero formal.
En qué utilizó los ahorros
La defensa también reconstruyó los movimientos posteriores de esos fondos. Según el escrito, de los US$ 591.544,61 obtenidos por la venta de las criptomonedas quedaron US$ 513.000 en efectivo al cierre de 2023.
En ese período se registraron inversiones financieras y en criptomonedas, alquileres, una transferencia a su esposa y US$ 27.840,56 correspondientes a consumos varios durante 2023.
Para 2024, el descargo incluyó US$ 8000 destinados al alquiler de una casa de country, US$ 7060 en gastos de escribanía, US$ 5000 por el ingreso a Indio Cuá Golf Club y US$ 55.000 en obras.
También se contabilizaron US$ 14.697 correspondientes a un viaje a Aruba, US$ 9000 por un viaje al Llao Llao y US$ 8848,37 en consumos diversos. Al finalizar ese año, según la reconstrucción presentada, quedaban US$ 388.961,52.
Durante 2025, Adorni destinó otros US$ 120.000 a obras en Indio Cuá y US$ 30.000 a la compra de un inmueble ubicado en la calle Miró. A eso se sumaron gastos de escribanía, pagos de capital e intereses de una deuda hipotecaria, alquileres y consumos.
El saldo declarado al cierre de 2025 fue de US$ 209.961,52.
La compra del departamento y los préstamos
La defensa también explicó la adquisición de un departamento ubicado en Miró, en el barrio porteño de Caballito. Según la presentación, los US$ 30.000 abonados en efectivo para concretar la operación provenían de los mismos ahorros obtenidos mediante la venta de las criptomonedas.
A su vez, parte de las operaciones patrimoniales fue financiada mediante préstamos privados. Entre ellos figuran mutuos con Silvia Pais, madre de Adorni, y Norma Zuccolo.
La explicación sobre la Jeep Compass
Otro de los puntos incluidos en el requerimiento fiscal fue la adquisición de una Jeep Compass por $ 21,5 millones en 2024 y, particularmente, la versión de que $ 18,3 millones habían sido abonados en efectivo.
La defensa rechazó esa interpretación y sostuvo que el vehículo fue obtenido mediante una permuta por una Renault Captur que Adorni y su esposa habían comprado en 2021.
Según el escrito, la operación quedó documentada mediante una factura por $ 18,3 millones. Las únicas erogaciones adicionales fueron dos transferencias de $ 1 millón, una realizada por Adorni y otra por su esposa, además de un pago con tarjeta Visa en seis cuotas de $ 200.000.
Las compras realizadas con tarjetas de terceros
El descargo también incluyó explicaciones sobre distintas operaciones efectuadas con tarjetas de crédito pertenecientes a personas del entorno de Adorni.
En relación con su entonces secretaria Gisela Kocsis, la defensa sostuvo que algunas compras fueron realizadas por ella como parte de tareas personales que llevaba adelante para el funcionario y que posteriormente recibía los correspondientes reintegros.
En otro caso, relacionado con una compra realizada con la tarjeta de Laura Schiuma, la defensa explicó que Adorni le había solicitado el plástico para efectuar una operación de aproximadamente $2 millones y que luego le entregó el dinero en efectivo cuando recibió el resumen.
También se cuestionó que los productos adquiridos mediante la cuenta de Mercado Libre de Adorni fueran necesariamente de su propiedad.
En particular, la defensa incorporó la declaración de Luis Aluju, quien afirmó que un proyector comprado a través de esa cuenta era suyo y que había sido enviado al domicilio de Adorni únicamente para que alguien pudiera recibirlo.
Aluju también declaró que utilizó una extensión de la tarjeta de crédito de Adorni y que posteriormente depositaba el dinero correspondiente a sus propios consumos.
La diferencia de $ 43 millones
Uno de los puntos analizados en la investigación fue la diferencia entre los ingresos y los egresos registrados. La reconstrucción realizada para la causa contabilizó $229,7 millones de ingresos comprobados frente a $ 272,8 millones de egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos. La diferencia ronda los $43 millones.
La defensa relativizó esa brecha y sostuvo que representa el 15,8% de los egresos totales y el 18,7% de los ingresos lícitos computados.
Según el planteo, se trata de una diferencia "residual" que sería compatible con las dificultades propias de reconstruir durante dos años y medio todos los movimientos económicos del grupo familiar.
Por último, los abogados de Adorni negaron que las declaraciones juradas rectificativas hayan reflejado la aparición de nuevo patrimonio. Según explicaron, las modificaciones tuvieron como objetivo corregir una presentación inicial incompleta y no fueron la causa del incremento patrimonial observado.
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