La Justicia afronta la paradoja de inequidad salarial para jueces y empleados

La discusión salarial en la Justicia chaqueña tiene una historia extensa. Actualmente se da un capítulo que parece ser apenas el primero de una discusión que va a prolongarse. Mientras se advierte que los empleados figuran entre los mejor pagados del país, también se ve en los informes oficiales que los jueces y funcionarios están notoriamente rezagados en comparación con lo que cobran los profesionales que ejercen idénticas funciones en otras provincias argentinas. La diferencia reabre una discusión que lleva décadas.

Los datos que se pueden recabar en informes oficiales indican que el sueldo de los jueces y funcionarios judiciales del Chaco, ha tenido varios años estacionado entre los peores, en la comparación con el ingreso que registraban sus pares de otras provincias argentinas.

De hecho, un grupo de magistrados decidió litigar ante los Tribunales por sus reclamos y ese proceso superó largamente las dos décadas, pasando todas las instancias hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue ahí, en el máximo tribunal del país que se determinó que toda la situación afectaba el principio de intangibilidad de sus remuneraciones.

La Causa conocida como "Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ amparo" y sus agregados se definió en la Corte en 2019. Allí se exigió que la Provincia recomponga la afectación salarial de los jueces chaqueños. En el voto de la mayoría se reconoció "la afectación a la garantía de intangibilidad", devolviendo la causa a la Provincia para que dicha situación sea subsanada por Ley de la Legislatura provincial. En particular, el fundamento del voto de Ricardo Lorenzetti reconoció el "estancamiento en los salarios y que la diferencia con los ingresos del Poder Judicial de la Nación ha llegado a ser del 77%". Esto. Según el mismo juez "configura un ostensible deterioro temporalmente dilatado de las remuneraciones de los magistrados".

Lorenzetti, además, recordó que "la garantía de intangibilidad de los sueldos judiciales, (basada en los artículos 110 de la Constitución Nacional y 154 de la Constitución de la Provincia de Chaco), es un elemento sustancial para la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto, del sistema republicano". En línea con este argumento, recordó varios fallos identificados con los números 07:2174; 313:344; 315:2386; 316:2747; 322:752; 323:643, Todos consolidan la jurisprudencia al respecto. "Esa exigencia constitucional constituye un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces", remarcó Lorenzetti.

Por su parte el ministro Horacio Rossati al fundamentar su voto,  en forma coincidente sostuvo: "la salvaguarda de la intangibilidad de las remuneraciones como garantía institucional se encamina a asegurar una participación adecuada del Poder Judicial en el presupuesto general; a defender la autarquía judicial; a garantizar mecanismos que permitan dar sustentabilidad en el tiempo al poder adquisitivo de las remuneraciones de los magistrados a partir de criterios objetivos, ajenos a la injerencia de otros poderes".

Estos párrafos que dan precisión a los alcances de la "intangibilidad", explican que alcanza solo a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, que son los que han logrado ganar este juicio y que consumió tantos años en su sustanciación, pero que aún no logra recomponer la afección a sus salarios.

DECISIONES EN LA PROVINCIA

Tras aquel fallo de la Corte Suprema, en el mismo año la Provincia dictó los Decretos 2761 y 3033 creando el concepto remunerativo y no bonificable llamado "Ajuste por Revisión" a los fines equiparar los salarios judiciales a la retribución promedio de las Provincias de Corrientes, Formosa y Misiones. Es decir que se apuntó a la media regional. Estos decretos tuvieron como base de cálculo el sueldo básico y la compensación jerárquica; convalidada luego por la Ley 3424- A del año 2021. Dicha revisión originalmente iba a ser semestral, pero el proceso inflacionario llevó a nuevas negociaciones e hizo que se modifique el cálculo cada tres meses a solicitud del STJ.

Aquella ley 3424-A estableció que finalizado el plazo de equiparación con la media regional y en un plazo que no podía ir más allá de agosto de 2023, se debía crear una comisión técnica integrada por representantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, para estudiar, "en el marco del presupuesto provincial, la equiparación de las remuneraciones de los funcionarios y magistrados del Poder Judicial con la remuneración media de los Poderes Judiciales de todas las provincias de la República Argentina".

Si bien el fallo judicial hablaba de equiparar los salarios a los jueces federales que son los más altos del país; las leyes que se dictaron en nuestra provincia solo reconocieron una adecuación a la media nacional. Es decir, un promedio medio entre los salarios de las 24 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PLAZOS Y ACTUALIZACIONES

Por un lado, entonces, ya se superaron los tres años del plazo máximo previsto para crear la comisión que vaya estudiando la adecuación a la media nacional. Por eso es que, en varias oportunidades, el Superior Tribunal ha venido exigiendo que el Poder Ejecutivo presente una solución legal para reparar este perjuicio.

El actual proyecto del Poder Ejecutivo, pretende "reparar las remuneraciones de los jueces de la Provincia", las cuales han oscilado entre el lugar 22 y el 19 en dicha escala salarial de la media nacional, lo cual explicaría que sigue vigente la afectación advertida por la Corte Suprema para dictar sentencia en 2019.

La situación para los empleados del Poder Judicial no ha tenido igual evolución. Por la histórica "Ley de enganche", han recibido incrementos en sus salarios que los posiciona entre los más altos del país. Incluso desde el 2024 se han concedido aumentos provenientes de la media regional cada tres meses, más los de las paritarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Provincial. En 2024, la mejora sumó 216,8 %, superando al índice de inflación en un 99,1%. En 2025 el incremento alcanzó el 43,40 %, lo cual fue un 11,9% por encima de la inflación.

De tal manera los trabajadores del escalafón general en la Justicia que alguna vez estuvieron entre los peores pagos pasaron a ubicarse entre el tercer y el sexto lugar de los mejores pagos del país, superando holgadamente la media nacional, que es la marca a la cual los jueces piden llegar ya que, más allá de las actualizaciones, magistrados y funcionarios se mantuvieron a lo sumo en el lugar 19 del ránking de provincias.

La desproporción entre ambas situaciones se hace más evidente al analizar las responsabilidades constitucionales de cada quien y la paradoja comprobable de tener casi toda la estructura del escalafón del Poder Judicial entre las mejores pagas del país, pero no así sus jueces, fiscales y defensores.

Otra comparación ayuda a ver mejor. Un ingresante a la Justicia Federal cobra solo cien mil pesos más que otro en categoría similar al Poder Judicial de Chaco. Mientras que un Juez Federal cobra tres veces el sueldo de un Juez Provincial. La inequidad salarial es un hecho conocido desde hace muchos años.

La discusión pública ha mostrado a los sindicatos denunciando el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo para cumplir aquella sentencia de la Corte Suprema de 2019 y anticiparon que harán todo lo que esté a su alcance para ir contra la propuesta que, tal como se deduce de su lectura, está diseñada para dar cumplimiento al fallo de la Corte.

COMENTÁ EN FACEBOOK: HACÉ CLICK ACÁ