Procesaron a ocho iraníes y libaneses por el atentado a la AMIA
El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por sus distintos grados de participación en el atentado contra la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. El ataque provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales.
La resolución fue dictada en el marco del régimen de juicio en ausencia, que permitió avanzar con el proceso pese a que los acusados permanecen prófugos en el extranjero. La normativa establece mecanismos para garantizar el derecho de defensa durante el proceso aun cuando los imputados no se presenten ante la Justicia.
En su resolución, Rafecas determinó que el atentado fue decidido por la cúpula del gobierno iraní y ejecutado por Hezbollah. Además, calificó los hechos como delitos de lesa humanidad y genocidio y dispuso un embargo de US$ 500 millones para cada uno de los procesados.
Entre los procesados se encuentran Alí Fallahijan, exministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, exministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní; y Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria.
Según el magistrado, los cuatro, desde los cargos que ocupaban dentro del régimen iraní, participaron en la organización del ataque y posibilitaron que quienes posteriormente actuaron en el terreno pudieran concretarlo.
También fueron procesados Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñó como consejero cultural de la Embajada iraní en el país; y Ahmad Asghari, exagente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Los tres fueron considerados "cómplices necesarios" por haber contribuido de manera esencial al plan criminal desde el ámbito diplomático y la estructura local iraní.
El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, señalado como agente libanés de Hezbollah. Para Rafecas, tuvo a su cargo la coordinación de la etapa final del atentado.
Por otra parte, el juez dictó la falta de mérito para Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Tampoco se pronunció sobre la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei ni sobre el dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh, ambos fallecidos, ni sobre Alí Hussein Abdallah, vinculado a Hezbollah y fallecido en 2020.
Las claves de la resolución de Rafecas
De acuerdo con la reconstrucción realizada en el fallo, los autores del atentado adquirieron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994. El vehículo fue acondicionado y cargado con 300 kilos de amonal y TNT.
La camioneta quedó preparada el 15 de julio en un estacionamiento ubicado a cuatro cuadras de la sede de la AMIA. Tres días después, fue utilizada para concretar el ataque durante la mañana, en un horario de alta concurrencia en el edificio.
En la resolución, el magistrado sostuvo que la decisión de cometer el atentado había sido tomada en agosto de 1993 por las máximas instancias del régimen iraní. Posteriormente, el ataque habría sido encomendado a Hezbollah, organización que coordinó su ejecución mediante una red de apoyo regional y local con base en la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú.
El juez calificó los hechos como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar un peligro común. También incluyó la figura de daño agravado por motivos discriminatorios.
A su vez, Rafecas consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y lo encuadró también en la figura de genocidio, de acuerdo con el Derecho internacional.
Otro de los puntos señalados en el fallo es la presunta coordinación del ataque contra la AMIA con un segundo atentado contra la comunidad judía ocurrido al día siguiente en Panamá. Allí, una explosión provocada por un pasajero suicida en un avión de línea causó la muerte de tres tripulantes y 17 pasajeros, 12 de ellos integrantes de la colectividad judía local.
Cuatro días después, ambos atentados habrían sido reivindicados conjuntamente por Hezbollah desde El Líbano, a través de una denominación de cobertura conocida como "Ansar Allah".
Además, Rafecas dispuso dar intervención a la Corte Suprema ante la posible conexidad entre esta investigación y la causa que tramita en ese tribunal por el atentado contra la Embajada de Israel de 1992. Según el planteo de la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso, ambos ataques habrían sido ejecutados por Hezbollah.
El procesamiento podrá ser apelado por la Defensa Oficial, a cargo de Hernán Silva. Si la resolución es confirmada por las instancias superiores, el juzgado podrá avanzar con las vistas a la Fiscalía, las querellas y la Defensa Oficial para luego dictar el auto de elevación a juicio oral y público ante uno de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de la Capital.
De esta manera, la causa avanza hacia la instancia de juicio en ausencia, mecanismo incorporado al Código Procesal Penal Federal mediante la Ley 27.784.
COMENTÁ EN FACEBOOK-HACÉ CLICK ACÁ