Proyecto de Defensa de la Soberanía: multas millonarias y penas de hasta 20 años
Javier Milei envió al Congreso un proyecto que amplía las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y sus espacios marítimos sin autorización argentina.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional presentado por el Gobierno busca establecer un esquema integral de medidas frente a actividades que, según la iniciativa, afecten los intereses argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
La propuesta no se limita a la explotación de hidrocarburos. También alcanza otras actividades vinculadas con el aprovechamiento de recursos naturales y contempla sanciones para empresas, accionistas, controlantes y proveedores que participen o faciliten operaciones no autorizadas.
Además, el texto incorpora un nuevo esquema de Seguridad Nacional, con coordinación entre áreas diplomáticas, económicas, de defensa, inteligencia, ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.
Sanciones para quienes exploten recursos sin autorización
Uno de los principales ejes del proyecto es la ampliación del régimen de sanciones. La iniciativa establece que las restricciones no estarán limitadas a los hidrocarburos, sino que alcanzarán actividades destinadas al aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables sin autorización argentina.
El proyecto también contempla a quienes participen indirectamente de esas operaciones. Entre ellos incluye a socios, accionistas, participantes directos y personas que ejerzan control o tengan capacidad de influencia decisiva sobre las empresas involucradas.
A su vez, se establecen sanciones para quienes proporcionen bienes o servicios esenciales para llevar adelante actividades prohibidas. En estos casos, el proyecto prevé penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial.
Para las actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización, la iniciativa contempla penas de 12 a 15 años de prisión, multas equivalentes a entre 40.000 y 200.000 barriles de petróleo e inhabilitación comercial.
El proyecto eleva las penas cuando se trate de la exploración o explotación de recursos naturales no renovables. En esos casos, establece entre 12 y 20 años de prisión y multas de entre 100.000 y dos millones de barriles de petróleo.
Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, las penas previstas llegan a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que las multas podrían alcanzar el equivalente a tres millones de barriles de petróleo.
Además, quienes sean sancionados podrían quedar inhabilitados para determinadas actividades comerciales durante períodos de entre cinco y 20 años.
Qué pasaría con las empresas que operen en la Argentina
La iniciativa también contempla consecuencias administrativas y comerciales para quienes incumplan el régimen. Entre las medidas previstas aparecen la rescisión de contratos, la revocación de habilitaciones y restricciones para contratar con el Estado.
El proyecto también habilita el juicio en ausencia para los delitos incluidos en su primer título, de modo que los procesos penales puedan avanzar aun cuando el imputado no se encuentre a disposición de la Justicia argentina.
Un régimen para regularizar actividades
El texto incorpora además un Régimen de Desistimiento y Regularización para quienes hayan desarrollado actividades alcanzadas por las prohibiciones. Las empresas podrían solicitar su incorporación si acreditan que cesaron las actividades cuestionadas y asumen el compromiso de no reiterarlas.
La propuesta contempla dos alternativas: el pago de una multa o la reconversión de las inversiones hacia actividades lícitas dentro del territorio argentino. En determinadas condiciones, la regularización podría extinguir la acción penal. A su vez, el proyecto plantea reemplazar el régimen vigente establecido por la Ley 26.659 por el nuevo esquema de Defensa de la Soberanía Nacional.
Un nuevo Sistema de Seguridad Nacional
Otro de los puntos centrales es la creación de un Sistema de Seguridad Nacional, que busca reunir bajo una misma estructura distintas áreas del Estado. La iniciativa contempla la articulación de las funciones diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica.
El órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación. Entre sus integrantes permanentes figuran el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El Consejo tendría entre sus funciones asistir al Presidente en asuntos vinculados con la Seguridad Nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y coordinar las políticas sectoriales de los organismos que integren el sistema.
Medidas económicas ante amenazas externas
El proyecto también contempla herramientas económicas frente a situaciones consideradas como amenazas externas. En caso de un riesgo grave e inminente, el Consejo podría proponer medidas sobre operaciones cambiarias y bancarias, importaciones y exportaciones, contratos y beneficios estatales.
Entre las facultades previstas figura también la posibilidad de bloquear temporalmente activos y elevar hasta un 75% los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado.
Protección aérea y marítima
La iniciativa incorpora un esquema específico de protección aeroespacial y marítima. En materia aérea, establece procedimientos para detectar, identificar e interceptar aeronaves consideradas irregulares u hostiles.
En el ámbito marítimo, regula mecanismos para la detención e inspección de embarcaciones. El protocolo contempla advertencias y disparos de advertencia y, como último recurso, medidas destinadas a inutilizar una embarcación.
El proyecto también amplía el concepto de Defensa Nacional frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales, y contempla el empleo de las Fuerzas Armadas para la protección de infraestructura crítica.
Restricciones al financiamiento extranjero y nuevos delitos
La propuesta incorpora además restricciones al financiamiento extranjero de campañas electorales y crea nuevos delitos relacionados con operaciones de inteligencia, entrega de secretos y acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública.
De esta manera, el Gobierno busca concentrar en una misma normativa distintas herramientas vinculadas con la soberanía, la defensa, la seguridad y la protección de recursos estratégicos.
El pedido del Gobierno al Congreso
Tras enviar el proyecto al Congreso, el Ejecutivo pidió a la dirigencia política priorizar el tratamiento de la iniciativa y "poner en pausa otras discusiones". Milei sostuvo que "todo lo que se hizo en el pasado resultó ineficaz e insuficiente para defender de manera efectiva la causa Malvinas".
En una carta difundida a través de redes sociales, el Presidente agregó: "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas". El proyecto deberá ahora atravesar el tratamiento legislativo correspondiente antes de convertirse, eventualmente, en ley.
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