Malvinas: el Gobierno prepara cambios para agilizar la respuesta ante buques que desobedezcan
La reforma modificaría el procedimiento vigente para interceptar embarcaciones que incumplan órdenes de las autoridades argentinas.
El Gobierno nacional prepara cambios para agilizar los procedimientos de interceptación y el eventual uso de la fuerza contra buques que incumplan órdenes en espacios marítimos bajo jurisdicción argentina o sujetos a sus derechos soberanos.
La reforma forma parte del capítulo de protección marítima de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y busca reducir la cantidad de pasos que deben atravesarse antes de determinadas medidas coercitivas. El esquema podría alcanzar también a pesqueros extranjeros que operen ilegalmente dentro de la Zona Económica Exclusiva y se nieguen a acatar las órdenes argentinas .
De todos modos, Argentina ya cuenta con herramientas para actuar contra esas embarcaciones. La Prefectura Naval puede detectar, perseguir, inspeccionar y apresar pesqueros extranjeros que realicen pesca ilegal dentro de la ZEE y, bajo determinadas condiciones, continuar una persecución iniciada allí cuando el buque llegue a alta mar.
Desde 2018 existe además un protocolo que contempla comunicaciones radiales, señales visuales, intimaciones de detención, abordaje y persecución. Si la embarcación mantiene una actitud de resistencia, el régimen permite escalar al uso de armas mediante disparos de advertencia o de invalidación , bajo criterios de legalidad, oportunidad, último recurso, gradualidad y proporcionalidad.
Uno de los antecedentes más extremos ocurrió en marzo de 2016, cuando el guardacostas Prefecto Derbes persiguió y hundió al pesquero chino Lu Yan Yuan Yu 010 , que había sido detectado pescando ilegalmente dentro de la ZEE cerca de Puerto Madryn y no había acatado las órdenes de detención. La tripulación fue rescatada.
Ahora, el Ejecutivo también analiza la relación entre Prefectura, la Armada y el Comando Conjunto Marítimo , para determinar en qué situaciones una actuación permanece dentro del ámbito policial y cuándo pasa a involucrar estructuras de Defensa. El contenido definitivo de esa cadena de mando todavía no fue difundido.
En paralelo, el Gobierno evalúa endurecer el tratamiento jurídico de la pesca ilegal . Una de las alternativas bajo análisis es que determinados casos dejen de quedar únicamente dentro del régimen administrativo pesquero y pasen a configurar un delito penal, aunque esa posibilidad todavía no fue incorporada a un texto definitivo.
La discusión se da mientras el Gobierno refuerza los medios destinados a la vigilancia marítima. El Presupuesto 2027 contempla operaciones de crédito por hasta US$1200 millones para dos fragatas multimisión y US$2300 millones para tres submarinos convencionales , además de fondos para incorporar y modernizar medios de Prefectura y fortalecer el Sistema Guardacostas.