Malvinas: el Gobierno rechazó la guía británica para proteger a empresas
La Cancillería calificó de ilegítima la iniciativa de Londres y entregó notas de protesta a los embajadores del Reino Unido e Israel.
El Gobierno argentino expresó su rechazo a la guía publicada por el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países por las sanciones anunciadas por Javier Milei contra compañías vinculadas a la explotación de recursos en el archipiélago.
A través de un comunicado, la Cancillería manifestó "su más enérgico rechazo" al documento difundido por el gobierno británico bajo el título "Haciendo negocios con las Islas Malvinas". La publicación busca promover la actividad comercial e hidrocarburífera en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, además de sus espacios marítimos.
"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", sostuvo la Cancillería en el comunicado.
El documento fue difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) británico y sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las personas o compañías que desarrollan actividades allí. Además, afirma que Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland y cuestiona la posibilidad de que tribunales fuera del país ejecuten medidas adoptadas por Buenos Aires.
La guía también establece recomendaciones para las empresas que puedan recibir presiones de las autoridades argentinas. Entre ellas, considera legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, aconseja recurrir a asesoramiento legal independiente y contempla la intervención del gobierno británico cuando una compañía o proveedor enfrente medidas de ese tipo en un tercer país.
Como respuesta, la Cancillería convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para entregarles notas de protesta formal. El reclamo argentino se centra en el avance del proyecto "Sea Lion" y en los actos vinculados a su desarrollo, como normativas consideradas ilegítimas por Buenos Aires, licencias otorgadas unilateralmente, llamados a contratar proveedores e incentivos comerciales. Según el Gobierno argentino, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a ambos países a no introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía continúe pendiente.