Reino Unido respaldó a empresas que operan en las Islas Malvinas
El Gobierno británico publicó su primera guía oficial de respaldo a las empresas que operan en las Islas Malvinas, en respuesta al endurecimiento de las sanciones petroleras y pesqueras impulsadas por la Argentina.

El Gobierno británico lanzó su primera medida oficial para brindar apoyo al sector privado que opera en las Islas Malvinas, luego de las restricciones comerciales e hidrocarburíferas promovidas por la administración del presidente Javier Milei.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido difundió una guía oficial orientada al ámbito empresarial. El documento, titulado "Doing business with the Falkland Islands" ("Haciendo negocios con las Islas Falkland"), constituye la primera respuesta formal de Londres tras la decisión del mandatario argentino de endurecer las sanciones contra las compañías dedicadas a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en las islas. Para concretar dicha medida, Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y anunció el envío de proyectos de ley al Congreso, iniciativas que hasta el martes no habían ingresado formalmente al Parlamento.
La publicación institucional señala que "el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado". El texto se dirige a empresas comerciales, proveedoras de bienes o servicios y a quienes intervengan en el desarrollo de la economía o los recursos naturales del archipiélago. En esa línea, el escrito oficial sostiene que "el Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación".
Respecto al reclamo de soberanía, el informe reitera la postura histórica británica sobre el archipiélago. Al respecto, sostiene: "Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen". Asimismo, agrega que "las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas".
En relación con las acciones legales que la Argentina pudiera emprender, la publicación quita peso a eventuales notificaciones judiciales recibidas por las compañías. El texto señala: "La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas". A su vez, afirma que las restricciones vigentes impulsadas por gobiernos anteriores y reactivadas por la gestión actual no han impedido que la economía local se desarrolle de manera exitosa.
Como parte de su asistencia, Londres ofrece asesoramiento a las firmas que reciban presiones legales, aclarando que no se trata de un patrocinio jurídico formal. Además, pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir ante terceros países si una compañía resulta presionada por sus operaciones en las islas. Por su parte, la ofensiva argentina abarca trabas administrativas continentales, como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta, y actuaciones judiciales en las que el fiscal Carlos Stornelli imputó a directivos de firmas sancionadas.
El panorama diplomático incluye además las recientes declaraciones de Donald Trump, quien utilizó la controversia de Malvinas para cuestionar al gobierno laborista británico por su nivel de aporte económico a la OTAN. El exmandatario estadounidense deslizó que podría revisar la posición de neutralidad de Washington y, ante la consulta sobre una eventual confrontación bilateral similar a la de 1982, declaró que está "seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo".