Milei prepara una ley por Malvinas que apunta contra empresas y barcos: qué dice el proyecto
El proyecto busca endurecer las sanciones contra compañías que exploren petróleo o pesquen en aguas de las islas y alcanzaría a embarcaciones que colaboren con esas actividades. Además, contempla nuevas herramientas judiciales y un Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno de Javier Milei enviará esta semana al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone endurecer las sanciones contra empresas que realicen actividades de exploración petrolera o pesca en aguas de las Islas Malvinas y contra embarcaciones que colaboren con esas operaciones.
La iniciativa, que era ultimada este fin de semana por el canciller Pablo Quirno, el asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios, buscará comenzar a ser debatida en la Cámara de Diputados entre fines de septiembre y principios de octubre.
Uno de los ejes centrales del proyecto será establecer un "mecanismo de salida" para las empresas que decidan abandonar actividades petroleras o pesqueras autorizadas por las autoridades de las islas. Según fuentes oficiales citadas por Clarín, aquellas compañías que se retiren podrían acceder al levantamiento de las sanciones.
El objetivo del Gobierno es reforzar las restricciones previstas en la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece limitaciones para las empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización estatal.
La nueva iniciativa también podría generar consecuencias sobre empresas vinculadas a la actividad pesquera. En medios diplomáticos estimaban que el proyecto podría generar un conflicto con España, debido a que varias compañías de ese país cuentan con licencias de pesca otorgadas por las autoridades de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
Sanciones y controles en el Atlántico Sur
El proyecto contempla además avanzar sobre las embarcaciones que colaboren con empresas dedicadas a la exploración petrolera o la pesca en aguas de las Malvinas. En ese sentido, la Cancillería analizaba si determinados barcos que naveguen dentro de las 200 millas argentinas podrían ser considerados "hostiles" cuando hayan prestado colaboración previamente a compañías que operen en esas actividades.
La medida estaría vinculada con las tareas de vigilancia y control que realizan la Armada y la Prefectura Naval en el Atlántico Sur. Según el artículo, al Gobierno le preocupa particularmente la iniciativa de una empresa de navegación chilena que busca brindar apoyo logístico a los operadores del proyecto Sea Lion.
El alcance de las sanciones también sería ampliado. Según explicó Marcelo Seghini, asesor de la Cámara de Diputados y director de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, el proyecto "equiparará y sancionará la explotación pesquera no autorizada con la exploración y explotación de hidrocarburos dentro del ámbito de la Ley 26.659".
La iniciativa alcanzaría, según su explicación, "a toda actividad pesquera que se lleve a cabo sin concesión, permiso o autorización de la autoridad de aplicación argentina dentro de la Plataforma Continental Argentina y la Zona Económica Exclusiva (ZEE)".
En cuanto al régimen de sanciones, Seghini señaló que se prevén "inhabilitación para operar en el país, decomiso de buques o de las capturas obtenidas ilegalmente y sanciones económicas severas".
Además, las penalidades podrían alcanzar a empresas asociadas, filiales, accionistas y proveedores que presten apoyo logístico u operativo a barcos que operen sin autorización argentina.
También se analiza que las compañías vinculadas con la pesca no autorizada puedan quedar impedidas de contratar con el Estado o desarrollar determinadas actividades comerciales en el territorio nacional.
Juicios en ausencia y Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los capítulos del proyecto contempla la posibilidad de aplicar el juicio en ausencia en determinadas investigaciones vinculadas con violaciones a la soberanía nacional.
El Gobierno analizaba cómo implementar esta herramienta, utilizada principalmente para delitos de extrema gravedad, como atentados terroristas internacionales y delitos de lesa humanidad. El procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, era uno de los funcionarios que estudiaba su aplicación.
A su vez, la iniciativa contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus objetivos la defensa de los derechos e intereses estratégicos de la Argentina en Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida, además de la protección de infraestructura crítica.
Del nuevo organismo formarían parte el Ministerio de Defensa, la Cancillería, el Ministerio de Seguridad y la SIDE. El ministro de Defensa, Luis Presti, participó en la elaboración de los capítulos relacionados con el rol de las Fuerzas Armadas dentro de este nuevo esquema.
Más tecnología para controlar el Atlántico Sur
La estrategia oficial también contempla fortalecer las capacidades tecnológicas destinadas a monitorear la actividad en el Atlántico Sur.
En su discurso de la semana pasada, Milei planteó la necesidad de "incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones". Al día siguiente, mediante dos decretos de necesidad y urgencia, el Gobierno reasignó alrededor de $120.000 millones a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
El objetivo es que esa infraestructura permita mejorar el seguimiento en tiempo real de lo que ocurre en la región y brindar información más precisa e inmediata a la Prefectura y la Armada sobre los movimientos de los buques.
En ese contexto, Santiago Caputo sostuvo en X: "Lo dijo el Presidente. Las Malvinas no son el pasado. Son el futuro de la Argentina y un activo estratégico para la proyección en el Atlántico Sur. Esta es la discusión más importante en materia de política exterior de la Argentina por las próximas décadas".
El asesor presidencial también afirmó: "Es fundamental el apoyo unánime de toda la clase dirigente a todas las medidas que hagan falta para enfrentar este peligro claro y urgente a nuestra soberanía, nuestra seguridad nacional y nuestra prosperidad".
La nueva base naval en Ushuaia
La estrategia del Gobierno sobre el Atlántico Sur también incluye el desarrollo de una nueva base naval integrada en Ushuaia. El viernes, Milei envió al canciller Quirno y al ministro de Defensa, Luis Presti, a recorrer el predio donde se construirá la futura instalación.
El proyecto contempla un muelle de 500 metros, galpones y otras instalaciones. También prevé una pista de aterrizaje desde la que podrían operar aviones Hércules C-130 con destino a la Antártida y aeronaves Orion destinadas a tareas de vigilancia y control del Atlántico Sur.
La obra demandaría una inversión estimada de entre US$400 millones y US$500 millones. Además, ya se reasignaron alrededor de US$142 millones del presupuesto vigente mediante dos DNU.
El Gobierno también instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para incluir en el próximo Presupuesto la financiación de la Base Conjunta Antártica Petrel.
Según fuentes de Defensa, Presti presentó esta semana a Milei un plan de obras que contempla finalizar el contrato que actualmente tiene Tandanor para la primera etapa y luego avanzar con una licitación pública para completar el proyecto. La obra podría comenzar en enero.
Las denuncias contra empresas vinculadas a Malvinas
En paralelo al proyecto de ley, la Cancillería avanzó con medidas contra empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
Esta semana, Quirno presentó una denuncia penal ante el juez Julián Ercolini contra varias compañías, entre ellas la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, además de sus directivos y representantes.
Asimismo, la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por su presunta participación en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las islas.
La presentación incluyó a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., además de directivos, gerentes, representantes y otras personas que hubieran intervenido en las operaciones.
Por otra parte, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, aceptó un planteo presentado por excombatientes de la guerra de Malvinas para analizar si corresponde suspender la exploración petrolera del proyecto Sea Lion.
De esta manera, el Gobierno busca avanzar en una estrategia que combina el endurecimiento de las sanciones contra empresas vinculadas con actividades en las islas, nuevas herramientas judiciales y un refuerzo de las capacidades militares, tecnológicas y de vigilancia de la Argentina en el Atlántico Sur.