Jueces, salarios y enganche: vemos una vaca y lloramos

La presentación del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la equiparación salarial de magistrados y altos funcionarios de la justicia de acuerdo con la media nacional ya comenzó a generar un oleaje importante en el ajetreado ambiente político chaqueño. La iniciativa menciona formalmente crear el concepto salarial denominado "Intangibilidad" para determinados magistrados y funcionarios del Poder Judicial. Además, define la escala progresiva para adecuar las remuneraciones a la media nacional de cargos equivalentes de los poderes judiciales provinciales y establece un esquema de implementación que llegaría al 100% de la diferencia en un plazo de cuatro semestres, es decir dos años.

Para establecer esa referencia se utilizarían los datos de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y avanzaría gradualmente en cuatro pasos: hasta cubrir el 85% de la diferencia; luego hasta el 90%; alcanzar hasta el 95% en el tercero y llegar al 100% en el cuarto. Una vez alcanzado ese nivel, se realizarían revisiones trimestrales para actualizar la diferencia respecto de la media nacional.

 

Desde el oficialismo explicaron que este proyecto de ley obedece estrictamente al cumplimiento del mandato de los fallos de la Corte Suprema de Justicia. Son causas que se iniciaron en 2005 y que obtuvieron sentencia firme en 2020.

 

GREMIOS EN ALERTA

Varios días antes de conocerse oficialmente la presentación del proyecto de Ley, los gremios que forman parte de la representación de los empleados judiciales chaqueños comenzaron a alertar que los querían "desenganchar". Al poco tiempo también surgieron las voces de las representaciones sindicales de quienes se desempeñan laboralmente en el Tribunal de Cuentas en Fiscalía de Investigaciones Administrativas y en Fiscalía de Estado.

Esto se explica porque a través de diversas leyes estos organismos lograron un esquema de actualización salarial automático ligado a lo que se otorgue en la Justicia. Por eso, también, cuando uno observa estos y otros organismos advierte que la situación salarial sea abismalmente distinta a la de los empleados de la Administración Central. Pero volvamos al punto que ahora se discute.

AÑOS DE RECLAMOS

Desde el oficialismo, algunos de sus diputados explicaron que este proyecto de ley obedece estrictamente al cumplimiento del mandato de los Fallos de la Corte Suprema de Justicia. Hay que remitirse entonces a causas que se iniciaron en 2005 y que obtuvieron sentencia firme del máximo tribunal argentino en 2020, ordenando la recomposición salarial para los magistrados.  

La causa original es "Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ Acción de Amparo", junto con varios expedientes acumulados. Para los impulsores de la actual ley ya no es opción cumplir o no con aquel fallo. La orden es resolver el tema y la manera elegida es el actual proyecto de intangibilidad. Un punto muy observado es el que define que, en caso de aprobarse la ley, el Superior Tribunal tendrá 30 días corridos desde la promulgación y publicación de la ley para determinar el alcance individual del beneficio y los mecanismos necesarios para implementar el concepto "Intangibilidad", de acuerdo con los lineamientos vigentes.

Desde la oposición se generó una efervescencia teñida de bronca con esta iniciativa. Desde la mirada del PJ esto quebraría con aquella Ley 3424 A sancionada en 2021, a la cual se llegó tras el diálogo entre el gobierno de Jorge Capitanich y el Poder Judicial, estableciendo una recomposición, pero en base a la media salarial de la región NEA. Allí se definieron los conceptos de "Adicional Remunerativo" y "Ajuste por Revisión". El primero, aseguró un 50% adicional remunerativo para magistrados con título y 30% para el resto del personal. El "Ajuste por Revisión" alcanzó a todos los trabajadores judiciales y posteriormente se extendió a otros organismos.

Seguramente, los fundamentos de cada bloque legislativo vienen siendo diseñados más allá de las expresiones públicas de varios legisladores. Lo que puede avizorarse es que la discusión tendrá que sortear varios puntos donde puede empantanarse. Pero no es cuestión de anticiparse.

 

En el peronismo entienden que la nueva norma quebraría la Ley 3424 A sancionada en 2021, donde se definieron los conceptos de "Adicional Remunerativo" y "Ajuste por Revisión". El primero, aseguró un 50% adicional remunerativo para magistrados con título y 30% para el resto del personal. El segundo, alcanzó a todos por igual.

 

APRENDER DEL PASADO

Ahora bien, el debate que deberá dar al Legislatura seguramente partirá de analizar la Ley 468-A (antes Ley 2895), sancionada en 1983, que fue la que fijó los coeficientes porcentuales para toda la escala salarial judicial tomando como referencia el 100% de la remuneración total del cargo de juez del Superior Tribunal de Justicia. De ese modo, cuando aumentaba ese salario de referencia, se incrementaba proporcionalmente el resto de la estructura. Se debe ver a fondo si el reclamo de los sindicatos de perder este privilegiado "enganche" queda eliminado como ellos denuncian o si se lo reconfigura y ahí comienza una nueva serie de discusiones. 

En la sociedad chaqueña, muchos ni siquiera están todavía al tanto de esta situación, porque tienen toda su atención en "llegar a fin de mes", que sigue siendo una premisa que apura y urge a una enorme mayoría de chaqueños. Pero en cualquiera que sepa hacer memoria, cuando se habla de salarios de jueces y ley de enganche salta de inmediato todo lo vivido con la Resolución 858 de 1991 del Superior Tribunal que rompió la denominada "ley de enganche". En ella los cinco ministros del máximo tribunal se autoestipularon un incremento salarial exclusivo (un aumento superior al 110% en tiempos donde la inflación era una llaga abierta en el país) que no fue trasladado al resto de los empleados judiciales. Esta omisión generó el histórico juicio conocido como "Causa Müller", en la cual se sumaron alrededor de 1.200 presentaciones judiciales por parte de los trabajadores afectados. El fallo final llegó en febrero de 2009 condenando al Estado provincial a pagar una suma multimillonaria por la recomposición salarial adeudada. Eso se ratificó en la Corte Suprema a finales de 2010.

Los detalles resultan redundantes para volver a sentir indignación. La sentencia, consolidó una deuda histórica que superó los 2.000 millones de pesos de la época. La manera que se eligió para pagar eso fue aquel permiso para tomar un crédito en dólares en 2016, firmado por el gobernador Domingo Peppo, por 240 millones de dólares. La devolución de ese monto iba a empezar en 2020 pero Chaco, en contexto de pandemia, hizo caer en default. Todo fue refinanciado en 2021 y recién se comenzó a pagar en febrero del 2024. Es decir, 31 años después de la firma estampada por los jueces del Superior Tribunal de Justicia. Sobre el pago de esta deuda aun están discutiendo a los gritos entre radicales y peronistas.

 

Nunca hubo alguien con coraje cívico que pidiera el Jury de Enjuiciamiento para María Luisa Lucas, Juan del Carmen Cima, Guillermo Mendoza y Aquiles Sotelo. Los impulsores del "desnganche" que terminó costando 240 millones de dólares.

 

IMPUNIDAD X 4

Cuando se dictó la Resolución 858 (12 de noviembre de 1991), el Superior Tribunal de Justicia de Chaco estaba integrado por cinco ministros: María Luisa Lucas, Juan del Carmen Cima, Guillermo Mendoza, Aquiles Sotelo y Héctor Toledo. Solamente este último juez, emitió su voto en disidencia, actuó a la altura de las circunstancias y advirtió las consecuencias económicas e institucionales del fallo.

Los otros mantuvieron su decisión y su cargo. Jamás hubo en esta Provincia alguien que tuviera el coraje cívico de haber llevado a esos magistrados a un jurado de enjuiciamiento para determinar si aquella Resolución 858, que violó la ley de enganche sin mirar las consecuencias no debió ser castigada con la destitución o, incluso, la devolución con su patrimonio de todo el daño causado a la Provincia. Aquel error terminó saliendo 240 millones de dólares.  Todos ya han muerto, incluso la doctora Lucas lo hizo en el ejercicio de su función como integrante del STJ.

Este antecedente tiene la dimensión suficiente como para ver lo que sucede cuando los funcionarios no entienden la implicancia institucional de sus decisiones. Por eso, la discusión que ahora empezó con esta ley para la equiparación de los jueces chaqueños a la media nacional, con sentencia de la Suprema Corte debe ser tomada con la seriedad del caso.

Esto también nos lleva a reclamar que el debate en Cámara de Diputados, sea de la altura legislativa, técnica y política que corresponde. Por ahora, estamos ante el inicio de una discusión muy importante. Pero una decisión errónea o irresponsable puede volver a generar una tormenta (como aquella cuyas consecuencias ya padecimos) que arrase con todo.

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Por David Gauna