Denuncian una red de supuestas estafas inmobiliarias que "declaraba muertas" a personas vivas
La maniobra principal habría consistido en utilizar un fallo falso de presunción de fallecimiento para quedarse con valiosas propiedades inmuebles.
El abogado Jorge Quiroz denunció la existencia de "una banda dedicada a la apropiación ilegal de terrenos y viviendas en Presidencia Roque Sáenz Peña".
De acuerdo con sus declaraciones, Quiroz apuntó contra una presunta organización delictiva que, según sostuvo, estaría integrada por abogados, escribanos y empleados del Poder Judicial, quienes llevarían adelante maniobras complejas para despojar de sus propiedades a vecinos de Sáenz Peña.
Señaló que este tipo de maniobras afectó, entre otras personas, a una mujer adulta mayor llamada Graciela Quiroz, residente del barrio Ensanche Sur. Según explicó el abogado, el grupo investigado habría logrado quitarle su vivienda, ubicada en calle 7, entre 4 y 6, mediante el presunto armado de causas judiciales falsas.
El apoderado legal de la mujer denunció también que los mismos involucrados habrían conseguido apoderarse de una segunda propiedad, ubicada en Arribálzaga al 52, perteneciente a la misma damnificada.
Una maniobra insólita: declarar fallecida a una persona viva
Al describir el funcionamiento de la supuesta organización, el abogado Jorge Quiroz puntualizó que "el método utilizado consistió en reactivar un viejo expediente del año 1985".
Según relató, en dicho expediente, tramitado en su momento ante el juez Juan Zaloff Dakof, figuraba una declaración de presunción de fallecimiento de una mujer llamada Antonia Irma Navarro.
Quiroz señaló que "los implicados intentaron utilizar este fallo para anular un poder firmado en 1989 ante una escribanía". Sin embargo, según explicó, se detectó una contradicción: la mujer que figuraba como fallecida se encontraba viva y se presentó personalmente, junto con su defensor, para revocar dicho poder, lo que, de acuerdo con el letrado, dejó en evidencia la irregularidad.
A pesar de que la mujer estaba viva, los denunciados habrían intentado inscribir la propiedad a su nombre utilizando la declaración de fallecimiento. Posteriormente, al conocerse que Navarro estaba con vida, los sospechosos habrían presentado un acta de defunción para iniciar un juicio sucesorio.
Para el abogado, "esta acción constituyó una burla directa y un intento de ‘tomarle el pelo’ a la jueza del Juzgado Civil y Comercial N.º 1".
Avances en la investigación judicial
El abogado de Graciela Quiroz, quien lleva cerca de 10 años litigando para evitar que la mujer pierda su vivienda, destacó el rol de la Fiscalía a cargo del doctor Gustavo Valero.
Según afirmó, "el fiscal logró demostrar que la supuesta declaración de fallecimiento de la señora Navarro era falsa y que los sospechosos utilizaron un Documento Nacional de Identidad (DNI) que no correspondía a la verdadera propietaria".
Por último, el abogado sostuvo que, a partir de estas pruebas, habrían quedado expuestas posibles maniobras vinculadas a delitos como estafa procesal, asociación ilícita y estafa simple.
Finalmente, Quiroz confirmó que la titular del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 fue notificada formalmente de la situación, lo que habría derivado en la declaración de nulidad absoluta del proceso cuestionado.