Gremios judiciales rechazaron el proyecto de intangibilidad presentado por el Gobierno
En la mañana de este jueves, trabajadores judiciales dieron una rueda de prensa para rechazar el proyecto de ley.
Gremios judiciales se manifestaron este jueves, luego de la presentación de un proyecto de ley impulsado por el gobernador, Leandro Zdero en la Cámara de Diputados. La iniciativa busca dar respuesta a una serie de reclamos judiciales entablados por magistrados y funcionarios, al tiempo que genera un contrapunto con sectores gremiales respecto del cumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la imparcialidad de los tribunales locales que intervinieron en la causa.
El proyecto de ley se fundamenta directamente en mandas judiciales derivadas de procesos tramitados por integrantes del Poder Judicial. Entre las causas de origen se destaca el expediente "Alonso de Martina, Marta Inés y otros s/ Acción de Amparo" y sus causas acumuladas, además de las demandas "Villa Emilia Edda Enríquez s/ Acción de Amparo" y "Fernández de Vecchietti Nora M. O. y otros s/ Acción de Amparo". Según el Poder Ejecutivo, estas resoluciones, sumadas a una disposición del Superior Tribunal de Justicia del 25 de abril de 2025, ordenaron restablecer la intangibilidad salarial para resguardar la independencia de la función jurisdiccional y evitar disparidades remunerativas futuras.
Para dar cumplimiento a estas decisiones, la propuesta contempla la creación del concepto remunerativo no bonificable denominado "intangibilidad", dirigido a los jueces y funcionarios alcanzados por las sentencias. El monto se determinará según la brecha entre los haberes percibidos en Chaco y la remuneración media nacional de cargos equivalentes registrada por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM). Su aplicación se estructurará de forma gradual en cuatro semestres, iniciando con hasta el 85 % y escalando al 100 %, dejando sin efecto la aplicación del "Adicional Remunerativo" y el "Ajuste por Revisión" de la Ley 3424-A para los beneficiarios. Desde el Gobierno provincial sostienen que la medida representa un esfuerzo financiero compatible con la planificación presupuestaria e imputable a la Jurisdicción 09, y descartan que perjudique al resto de los trabajadores judiciales.
Por su parte, referentes de la Integremial Judicial manifestaron un rechazo categórico al proyecto oficial por considerarlo falaz en sus términos y cuestionar la imparcialidad de los magistrados intervinientes.
Respecto del recorrido de las causas y la actuación del máximo tribunal del país, Graciela Aranda señaló que "esto nace en el año 2005 y la primera sentencia sale en el año 2014. Se apela en la Fiscalía de Estado a través de recursos extraordinarios hacia la Corte, y la Corte directamente rechazó la sentencia que expidieron aquí".
En ese sentido, manifestó: "Nosotros decimos que la sentencia que ellos pretenden y que dicen que tienen que cumplir de acuerdo a lo que diga la Corte, no es así, teniendo en cuenta que la misma Corte rechazó la sentencia".
Durante la conferencia de prensa, Arada sostuvo que "lo más triste es que no están diciendo la verdad en cuanto a que la Corte rechazó esa sentencia porque explícitamente dicen en su fallo que no respetaron la división de poderes. A raíz de eso vino el expediente de Nuevo Chaco, se tuvo que hacer una revisión de nuevo de esa sentencia y allí es donde sancionan la sentencia 160/20 en el año 2020".
En cuanto a la composición de los tribunales locales que intervinieron en la causa, Aranda remarcó que "hay que decir la incompatibilidad de los jueces que están resolviendo estas causas, que son jueces o fiscales de cámara en pleno ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, tienen pleno interés en lo que ellos mismos resuelven o, mejor dicho, van a ser favorecidos con lo que ellos mismos están resolviendo como jueces, aunque se denominen ad hoc".
Por su parte, Walter Bernal coincidió en señalar la falta de imparcialidad del tribunal y cuestionó el trasfondo constitucional de la propuesta gubernamental: "Un tribunal debe ser siempre imparcial. Esto está establecido y ordenado por la misma Constitución nacional y local. Este tribunal es formado por jueces que están en funciones y que están juzgando sobre sus pares y sobre todo el Poder Judicial o la planta de personal del Poder Judicial. Por lo cual se violó ese principio constitucional de ser juzgado por un tribunal imparcial".
En esa misma línea, fue tajante al resaltar que "la Corte jamás diría y ordenaría al Estado o a la provincia del Chaco a violar derechos y garantías constitucionales y los pactos internacionales, como lo está haciendo este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a la Legislatura. Tomando en cuenta que la Corte, además, y todo el Tribunal Federal tienen una ley de porcentualidad similar a la nuestra, no cabe en la cabeza de nadie de los judiciales pensar que la Corte estaría ordenando un desengancho del personal judicial, atento a que tiene una ley muy similar a la nuestra de porcentualidad".
Asimismo, Bernal diferenció la ejecución de las demandas pasadas del alcance de la nueva norma sobre el total del personal: "Una cosa es el pago retroactivo de la demanda que iniciaron en el año 2005 y otra cosa es cuando se meten con el sueldo de todo el personal judicial como lo están diciendo ahora. Ahora la legislatura, el legislador, tiene que tomar parámetros constitucionales".