Malvinas: el Gobierno evalúa incluir la pesca en el nuevo régimen de sanciones
El proyecto que enviará al Congreso busca ampliar las penalidades a empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades sin autorización argentina en las islas.
El Gobierno analiza incorporar la explotación pesquera en Malvinas al nuevo régimen de sanciones que prepara para enviar al Congreso la próxima semana. La iniciativa busca ampliar las penalidades contra empresas, accionistas y proveedores vinculados con actividades realizadas sin autorización argentina en las islas.
En la Casa Rosada confirmaron que trabajan sobre esa posibilidad y anticiparon que habrá definiciones en los próximos días. El proyecto, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, ingresaría por la Cámara de Diputados y establecería un esquema más amplio de sanciones sobre actividades relacionadas con los recursos naturales del Atlántico Sur.
Uno de los puntos centrales es determinar qué alcance tendrá el régimen y a qué actores de la actividad pesquera podrá afectar. El Ejecutivo analiza especialmente los vínculos directos o indirectos de empresas argentinas con compañías que operan bajo licencias otorgadas por las autoridades británicas de las islas.
Argentina ya cuenta desde 2008 con herramientas para sancionar vínculos con la pesca sin autorización nacional en Malvinas. El artículo 27 bis de la Ley Federal de Pesca establece que quienes reciben cuotas o permisos de captura deben declarar que no mantienen relaciones jurídicas, económicas o de beneficio con propietarios o armadores que operen sin autorización argentina.
La normativa también contempla vínculos indirectos mediante sociedades relacionadas o controladas. Ante una infracción, pueden caducar permisos, cuotas y autorizaciones de captura. Ahora, el Gobierno estudia qué modificaciones sumar para ampliar el alcance de esas sanciones.
La posibilidad había sido anticipada por Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre. El Presidente anunció cambios sobre la Ley 26.659 y señaló que el nuevo esquema alcanzaría otras actividades desarrolladas en las islas que afecten los recursos naturales argentinos.
El modelo que analiza el Ejecutivo contempla sanciones que podrían extenderse más allá de las empresas que realizan directamente las actividades. También apunta a accionistas, directores, proveedores y compañías que participen económicamente de esos proyectos, además de limitar la posibilidad de que los infractores mantengan negocios en el país.
La discusión adquiere particular relevancia en la pesca, una de las principales fuentes de ingresos de las islas y una actividad desarrollada durante décadas mediante licencias británicas. El Gobierno deberá definir si la incorpora expresamente al proyecto y qué nuevas sanciones sumará al régimen vigente antes de enviarlo al Congreso.