Recursos naturales y nacionalismo

Durante mucho tiempo el tema del federalismo estuvo ausente en el análisis político y económico. Se concebía al país, a pesar de la organización federal consagrada por la Constitución Nacional (art. 1), gobernado en forma centralizada por el Estado Nacional.

A partir del advenimiento de Javier Milei a la presidencia y la sanción de la Ley Bases 27.774, que contempla el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), la temática cobró una ponderación fundamental, pues dicho instrumento legal reconfiguró el mapa político, modificó el balance entre poder central y autonomías provinciales, en favor de las últimas.

Como el RIGI contempla incentivos para la radicación de inversiones y considerando que muchas provincias son pródigas en recursos naturales -que por imperativo constitucional le pertenecen en plena propiedad (art. 124 CN)-, para hacerlas realidad, es menester una coordinación jurídica entre los dos niveles de estado, lo que se materializa mediante una ley provincial de adhesión a la normativa federal.

Por la soberanía que ejercen sobre los recursos naturales emplazados en su territorio, la ley de adhesión no debe reproducir forzosamente la letra de la ley Bases 27.742, sino que la provincia puede hacer salvedades, reforzar los beneficios fiscales, restringirlos o modificarlos.  

Desde el punto de vista del orden jurídico, concretamente, constitucional, la aplicación de la Ley Bases suscita complejos problemas que deberán ser resueltos con astucia y pragmatismo, pues por un lado está la legítima aspiración de producir riqueza y bienestar mediante este instrumento jurídico, y por otro, los derechos de las autonomías provinciales que pueden ser vulnerados.

Se han promovido demandas de inconstitucionalidad por cámaras empresarias locales, pues entienden que los beneficios otorgados a las grandes empresas que se acogen al RIGI violan la garantía constitucional de igualdad ante la ley respecto de las provinciales, que no gozan de ellos.

La oposición al oficialismo, representada por el peronismo, partido ultra nacionalista por antonomasia, es refractario a todo lo que pueda, de uno u otro modo, significar la entrega a capitales foráneos de la explotación de los recursos naturales.

Este criterio motivó que en Argentina estuviere fuera de agenda y tratamiento, durante décadas, como cuestión de estado, la explotación de recursos como minería e hidrocarburos por parte de empresas extranjeras que tienen la capacidad y tecnología para llevar a cabo en forma eficaz esas actividades.

Hasta el advenimiento del gobierno libertario, la explotación de tales recursos fue efectuada, de forma preferente, por empresas del estado nacional o provincial y los resultados no fueron auspiciosos. Solo durante la presidencia de Carlos Menem la balanza energética resultó superavitaria; en tanto, cuando los kirchneristas se hicieron del poder, en forma paulatina, se extinguió el superávit y Argentina se vio obligada comprar petróleo y gas, transformándose en importador neto de esos productos.

En los medios afines al peronismo la cantinela de la "entrega de nuestras riquezas" es una temática insistente para atacar al oficialismo. Hubiere que inquirir qué procedimiento o método distinto del esbozado por la Ley Bases sería útil en orden a sacar provecho de los recursos que, por bendición, tiene Argentina.

Los delirios autonómicos, soberanistas, son anacrónicos; los países periféricos, subdesarrollados, por carecer de capacidad tecnológica y financiera no pueden emprender per se la explotación de sus recursos. Además, las multinacionales son de capitales indefinidos; difícilmente la inversión que realizan tenga por origen un solo país; el financiamiento captura el excedente de riqueza de diversa procedencia hundido en la banca internacional.   

Un país sumido en la pobreza y el atraso no puede desentenderse de emplear todas sus potencialidades para usufructuar su riqueza; no caben excusas, justificativos. Países de la región, como Chile y Perú, sólo de minería, exportan casi lo que Argentina en un año. ¿Puede concebirse semejante lapsus o distracción de nuestra clase dirigente?

El nacionalismo criollo, muy enraizado en nuestro acervo cultural, fue enemigo de la explotación de recursos naturales; el partido que hizo de dicha ideología una profesión de fe es el justicialismo.

Como enseña Juan José Sebreli, el nacionalismo lleva indefectiblemente a reflexionar sobre el concepto de "Nación". Las teorías nacionalistas se basan en la categoría ontológica del "ser nacional", considerado como esencia o sustancia inalterable, organismo viviente, palpitante en el alma de todos los habitantes del mismo suelo, con raíces profundas en la psiquis humana, o un supuesto inconsciente colectivo.

Adscribe Sebreli a una corriente de pensamiento distinta (Teoría de la invención de la nacionalidad), que sostiene, por el contrario, que la nación y la nacionalidad no son entidades naturales, primarias ni invariables, sino históricas, sociales y culturales; suponen, en consecuencia, algo construido, creado, inventado.

La nación es un artefacto, un artificio, un producto de ingeniería social y esto implica cierta dosis de manipulación ideológica ("Crítica de las Ideas Políticas Argentinas", Juan José Sebreli, ed. Sudamericana, pág. 51).

No existe tal cosa como el "ser nacional", entidad única, propiamente argenta. Fenómeno paradigmático de lo anteriormente dicho es la construcción de la "Nación Argentina" y su vinculación indisoluble con el territorio ac­tual, ficción que los nacionalistas, en forma deliberada o no, pasan por alto.

El territorio, hoy llamado argentino, fue sucesivamente espacio de tribus indígenas sin ninguna conexión entre sí, luego suburbio marginal del Virreinato del Alto Perú, y por último parte del Virreinato del Río de la Plata, cuyos límites no coincidían con los actuales y su unidad era una mera ficción jurídica, ya que abarcaba territorios desintegrados, vastas zonas desiertas donde el Estado central carecía de todo poder.  (Sebreli, ob. cit.)

Los límites geográficos de Argentina son producto de guerras de independencia y civiles; el azar o la providencia divina determinó que un jujeño sea argentino y no boliviano, como también que Bolivia fuese un país independiente y no forme parte de Argentina.

Formosa es Argentina como consecuencia de la guerra de la Triple Alianza; sin embargo, un formoseño se siente tan argentino como los habitantes del resto del país, lo que demuestra cabalmente que es el Estado el que genera el espíritu nacional, no a la inversa.

Estas digresiones respecto de Nación y nacionalismo vienen a cuento de eventos producidos en los últimos días en que un militar argentino, con sus declaraciones, a mi criterio, poco felices, reavivó disputas limítrofes con Chile.

Argentina está reconstruyendo el hogar desde los cimientos; generar en estos días conflictos, enemistad, intranquilidad, con una nación vecina no se compadece con los intereses del país. Debieran, nuestros políticos y militares, ser cautos respecto de temas muy sensibles en uno u otro lado de la cordillera.

No excluye esta postura tener firmeza en lo inherente a la custodia y preservación de nuestra integridad como Estado Nacional; con absoluta conciencia que lo que expresaré en líneas que siguen puede desagradar a quienes leen este blog, hubiera que traer a colación, en la centenaria relación con Chile, las últimas crispaciones, recrudecimiento de desavenencias y odios recíprocos, obedecen a medidas ilegales, cuando no arbitrarias, adoptadas por nuestras autoridades;  los argentinos no estamos exentos de responsabilidad por estos eventos.

No siempre hemos respetado el derecho internacional; suscribimos un compromiso arbitral en cuya virtud se defirió al Vaticano dictar un fallo respecto de una disputa limítrofe por la soberanía sobre tres islas del atlántico sur y, cuando el laudo fue contrario a los reclamos argentinos, fue desconocido, lo que detonó preparativos de una contienda bélica que se evitó gracias a la mediación de un enviado papal, Cardenal Samoré.

Ninguna interpretación del laudo papal, ninguna exacerbación de los sentimientos nacionalistas, ningún acendrado espíritu patriótico, soslaya la violación del derecho internacional en que incurrió Argentina.

Otro episodio desgraciado de la relación bilateral se produjo en 2005 cuando Argentina, en forma intempestiva y arbitraria, cesó el suministro de gas a Chile transgrediendo un acuerdo o convenio preexistente.

Hace poco tiempo, quien era a la sazón presidente de Chile, Julio Lagos, en un libro en que relata sus memorias, dijo que cuando el presidente Kirchner tomó esa decisión, inmediatamente lo llamó telefónicamente pidiendo explicaciones. Contestó que lo arreglaría en veinticuatro horas, a lo que Lagos adujo que podría soportar el corte de suministro a las empresas e industrias, pero si el cese comprendía los hogares chilenos, se vería en la obligación de declarar la guerra a Argentina, pues ello suscitaría una rebelión del pueblo chileno imposible de controlar.

Fue así que el corte nunca resultó total, vista la firmeza de Julio Lagos de estimar el incidente como "casus belli" (causa de guerra).

El esfuerzo de Néstor Kirchner por incomodar y humillar a países vecinos tuvo una nueva manifestación en el año 2005, oportunidad en que se detonó un conflicto con Uruguay por haber autorizado la instalación, en las márgenes del río del mismo nombre que divide ambos países, de dos fábricas de producción de celulosa (llamadas pasteras), por el efecto contaminante que tendrían sobre el curso de agua y la localidad entrerriana de Gualeguaychú.

Una ola de nacionalismo rayano en la histeria –fundado en este caso en una razón ecológica– acaparó la atención de la nación; gente de diversas provincias peregrinaba hacia Gualeguaychú para apoyar las manifestaciones de repudio contra Uruguay.

La reacción de Argentina fue legítima, pero desproporcionada; se ce­rraron los puentes internacionales que unen ambas naciones y se fomentó cierta inquina contra el pueblo uruguayo.

En cualquier contexto, el cierre de conexiones entre países, decretado en forma unilateral e inconsulta, se interpreta como una declaración de guerra.

Está claro que fue una bravuconada contra un pequeño país que no tenía cómo defenderse; si las pasteras hubieren sido instaladas por Brasil o Chile, la respuesta argentina no hubiese sido de la misma envergadura.

Argentina es un país pacífico y debe resolver sus problemas de límites sobre la base del diálogo, la negociación amistosa, con firmeza y determinación. No estamos para aventuras bélicas, cuanto menos, si nuestras fuerzas armadas fueron desmanteladas, disminuida su capacidad militar, desinvertidas y durante bastante tiempo agraviadas por la política.