Obras y expedientes truchos: la maniobra de los agentes de Educación para quedarse con millones
La investigación reconstruyó un mecanismo que le generó un perjuicio económico inicial fue calculado en $ 5.243.717 y la Fiscalía de Estado quedó habilitada para reclamar su recuperación.
El Gobierno del Chaco resolvió sancionar a cuatro agentes del Ministerio de Educación por su vinculación con una maniobra mediante la cual se habrían simulado trabajos de reparación, mantenimiento y mejoras en establecimientos escolares que no fueron realizados. La investigación administrativa reconstruyó operaciones vinculadas con el año 2017, detectó expedientes que no figuraban en los registros oficiales, firmas y sellos falsificados y 79 órdenes de pago, mientras que el perjuicio inicial para el Estado fue calculado en $ 5.243.717 de aquella época.
La medida alcanzó a Ubaldo Fabián Núñez, María Isabel Torres, Alcides Arístides Bernal y Mauro Ariel Kalbermatten, quienes cumplían diferentes funciones dentro del Ministerio de Educación y quedaron involucrados en un proceso administrativo que comenzó a partir de una serie de irregularidades detectadas en la documentación utilizada para justificar supuestas obras en escuelas.
El expediente concluyó con la aplicación de la sanción de exoneración. Sin embargo, la medida tuvo un alcance diferente según la situación laboral de cada uno: Núñez, Torres y Bernal ya no se encontraban en actividad, por lo que se ordenó dejar asentado en sus legajos que les habría correspondido la exoneración si hubieran continuado en funciones. Kalbermatten, en cambio, permanecía activo y fue directamente exonerado.
Además, la Provincia habilitó a la Fiscalía de Estado a avanzar con las acciones necesarias para procurar el recupero del dinero involucrado.
El punto de partida: las rendiciones de 2017
Uno de los elementos que aparece en la reconstrucción del expediente está relacionado con rendiciones correspondientes al año 2017. En el marco de las actuaciones, César Gabriel Lemos, quien en ese momento se desempeñaba como subsecretario de Infraestructura Escolar, desconoció como propias determinadas rendiciones y documentación que se le atribuían.
El desconocimiento de esas actuaciones llevó a profundizar el análisis de los documentos utilizados para justificar los supuestos trabajos realizados en establecimientos educativos.
A partir de allí comenzaron a aparecer otras inconsistencias: firmas que no correspondían a los funcionarios a quienes se atribuían, sellos que no coincidían con los oficiales y documentación respaldatoria que no podía ser vinculada con expedientes existentes en los registros administrativos del Ministerio.
La pericia que cuestionó las firmas
Uno de los elementos centrales de la investigación fue la pericia caligráfica realizada. El estudio concluyó que las firmas atribuidas a Lemos en la documentación analizada no habían sido realizadas por él.
Pero las irregularidades no se limitaron a las firmas. La investigación también detectó que los sellos utilizados en distintos documentos no coincidían con las matrices oficiales correspondientes.
Además, se observaron distintos sellos utilizados para identificar a una misma autoridad, una circunstancia que fue considerada otra de las anomalías dentro del circuito documental.
La pericia también analizó presupuestos, facturas y otros instrumentos que formaban parte de las supuestas contrataciones. De acuerdo con sus conclusiones, distintos documentos presentaban características de escritura compatibles con una misma autoría.
De esta manera, la documentación que debía funcionar como respaldo de las obras y contrataciones comenzó a convertirse en una de las principales evidencias de las irregularidades investigadas.
Expedientes que no existían en el sistema oficial
Otro de los hallazgos importantes fue la existencia de expedientes que no figuraban en el sistema oficial del Ministerio de Educación. La investigación administrativa detectó documentación correspondiente a supuestos trámites que no tenían el registro que debía respaldarlos dentro del organismo.
Según la reconstrucción realizada en el expediente, esto habría permitido conformar una suerte de circuito paralelo de documentación para sostener administrativamente contrataciones y pagos.
También se detectaron inconsistencias relacionadas con las fechas en las que se solicitaban gastos y la disponibilidad presupuestaria. Es decir, había documentación cuya secuencia temporal no coincidía con el procedimiento que debía seguirse para autorizar y ejecutar una contratación. El expediente sostiene que estas irregularidades no aparecieron como hechos aislados, sino que formaban parte de un mecanismo reiterado.
79 órdenes de pago por trabajos que no se hicieron
La investigación identificó 79 órdenes de pago vinculadas con supuestos trabajos realizados en establecimientos educativos. Entre las tareas consignadas aparecían reparaciones y mantenimiento, limpieza y desmalezado, además de trabajos sobre instalaciones eléctricas y sanitarias.
El problema central fue que, al contrastar la documentación con la realidad de los establecimientos y con las declaraciones incorporadas a la investigación, se determinó que esas tareas no habían sido efectivamente realizadas.
Así, la documentación presentada permitía acreditar formalmente trabajos que, según las actuaciones, no habían tenido lugar. El mecanismo habría utilizado distintas instancias del procedimiento administrativo para avanzar desde la supuesta contratación hasta la emisión de las órdenes de pago.
El uso del sistema SAFyC
Dentro de esa operatoria también fue analizada la utilización del sistema SAFyC, empleado para la gestión administrativa y financiera de la Provincia. Según surge del expediente, las órdenes de pago fueron generadas mediante el sistema utilizando las correspondientes claves funcionales, lo que permitía incorporar las operaciones al circuito administrativo y otorgarles una apariencia formal de legalidad.
La investigación sostuvo que esta utilización del sistema se combinó con la documentación irregular y con expedientes que no figuraban en los registros oficiales. De esta manera, el mecanismo investigado habría involucrado tanto la elaboración de documentación como el ingreso de las operaciones al circuito administrativo y contable necesario para concretar los pagos.
Qué responsabilidad se atribuyó a cada agente
El sumario también analizó la intervención de cada uno de los cuatro agentes de acuerdo con las funciones que desempeñaban. Ubaldo Fabián Núñez era director de Administración. Dentro de sus responsabilidades se encontraban distintos controles sobre los expedientes, la disponibilidad presupuestaria, las contrataciones y el cumplimiento de los procedimientos administrativos. La investigación le atribuyó incumplimientos vinculados con esas tareas de control y con la falta de detección de las irregularidades presentes en los trámites.
Por su parte, María Isabel Torres estaba a cargo del área de Contrataciones. Su función implicaba intervenir en los procedimientos destinados a seleccionar y contratar proveedores y controlar la documentación correspondiente. El expediente cuestionó los controles efectuados sobre las contrataciones, la documentación presentada y las condiciones de los proveedores. También hizo referencia a un vínculo familiar entre un proveedor y un agente que debía ser considerado dentro del procedimiento.
Mientras que Alcides Arístides Bernal, responsable del área Contable, intervino en la emisión de las órdenes de pago. La investigación puso el foco en los controles relacionados con los gastos, las imputaciones presupuestarias, los anticipos, las retenciones y las rendiciones, además de su intervención en las operaciones que terminaron siendo cuestionadas.
Por último, Mauro Ariel Kalbermatten, que se desempeñaba en el área de Contrataciones, fue señalado por su intervención en la documentación utilizada dentro del circuito investigado. Las actuaciones también cuestionaron que no hubiera informado determinados vínculos familiares relacionados con un proveedor y le atribuyeron responsabilidades por la documentación irregular incorporada a las contrataciones.
El caso ya había llegado a la Justicia penal
La investigación administrativa no fue el único proceso derivado de los hechos. El expediente tomó como antecedente una causa penal que terminó con la Sentencia N° 148/2025 de la Cámara Tercera en lo Criminal, que quedó firme. Ese pronunciamiento judicial fue considerado por la administración provincial al momento de analizar las responsabilidades disciplinarias de los agentes.
De acuerdo con el decreto, Bernal fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por hechos vinculados con fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionario público.
En tanto, Kalbermatten recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por hechos vinculados con la falsificación y utilización de instrumento público falso y fraude contra la administración pública provincial. El decreto también menciona condenas respecto de otros involucrados en relación con los hechos investigados.
La sentencia penal firme fue incorporada como antecedente dentro del procedimiento administrativo, que debía determinar las consecuencias disciplinarias correspondientes en el ámbito de la administración pública provincial.
La sanción no fue igual para los cuatro
Una vez finalizada la investigación administrativa, el Gobierno resolvió aplicar la exoneración. Pero la situación laboral de los agentes modificó la forma en que se hizo efectiva la medida. En el caso de Núñez, Torres y Bernal, que ya no se encontraban en actividad, el Gobierno dispuso registrar en sus legajos que, de haber continuado desempeñándose como agentes públicos, les habría correspondido la sanción de exoneración.
Para Kalbermatten, que continuaba activo al momento de la resolución, la medida fue distinta: el decreto dispuso su exoneración efectiva a partir de la notificación.
El perjuicio para el Estado supera los $ 5 millones
Además de las consecuencias disciplinarias, el expediente determinó un perjuicio económico para la administración provincial. El monto inicial fue establecido en $ 5.243.717, aunque la suma deberá actualizarse conforme corresponda.
El decreto estableció la responsabilidad solidaria de los cuatro involucrados respecto del perjuicio económico determinado. En términos prácticos, esto permite que el Estado reclame el resarcimiento del daño atribuido a la maniobra sin que el reclamo quede limitado exclusivamente a una porción individual para cada uno.
Para avanzar en ese objetivo, el Gobierno autorizó la intervención de la Fiscalía de Estado, que deberá iniciar o impulsar las acciones legales correspondientes para procurar recuperar los fondos.
Un mecanismo que combinó documentación falsa y pagos
La reconstrucción administrativa describe así una operatoria que se habría extendido a numerosas contrataciones: se generaba documentación para respaldar supuestos trabajos, se utilizaban expedientes que no aparecían en los registros oficiales, se incorporaban firmas y sellos cuestionados y posteriormente las operaciones ingresaban al circuito administrativo y contable.
El resultado fue la generación de 79 órdenes de pago correspondientes a trabajos que, según la investigación, nunca se realizaron.
El análisis de las rendiciones de 2017, el desconocimiento de documentación por parte de Lemos, la pericia caligráfica, el estudio de los sellos, las inconsistencias de los expedientes y los antecedentes de la causa penal fueron algunos de los elementos utilizados para reconstruir el funcionamiento de la maniobra.
Con el decreto, el Gobierno dio por concluido el proceso disciplinario y estableció las sanciones administrativas correspondientes. Ahora, además, quedará en manos de la Fiscalía de Estado avanzar con el reclamo destinado a recuperar el dinero que la Provincia considera que fue pagado indebidamente.
El perjuicio fue estimado inicialmente en $ 5.243.717, con actualización pendiente, y alcanza a los cuatro agentes bajo el esquema de responsabilidad solidaria establecido en la resolución.