El STJ ratificó la constitucionalidad de la nueva ley de honorarios profesionales
El STJ anuló la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley 4228-C y validó la aplicación inmediata del nuevo régimen de honorarios en causas judiciales en curso que no cuenten con regulaciones firmes.
El máximo tribunal rechazó el fallo de la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones que había puesto en duda uno de los artículos de la Ley 4228-C. Asi queda validada la aplicación inmediata de las nuevas pautas de honorarios a todos los procesos judiciales en curso que no cuenten con regulaciones firmes.
A través de la Sentencia Nº 385, firmada por los magistrados Alberto Mario Modi, Víctor Emilio Del Río, Emilia María Valle, Néstor Enrique Varela e Iride Isabel María Grillo, el STJ hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto. En ese sentido, el fallo ordena remitir las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento.
La causa judicial se inició con la acción de amparo promovida por Cinthia Graciela Arnedo contra el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) y el Poder Ejecutivo. Arnedo acudió a la Justicia para cuestionar la revocación de la autorización de ocupación de una vivienda social que le había sido adjudicada mediante el programa federal "Casa Propia Construir Futuro".
Al entender en la apelación, la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Resistencia, integrada por los jueces Fernando Adrián Heñin y Diego Gabriel Derewicki, resolvió confirmar el rechazo de la acción de amparo tras considerar que la vía idónea para canalizar el reclamo era la acción contencioso-administrativa.
Sin embargo, al momento de regular los honorarios de los abogados intervinientes, la Cámara decidió apartarse de la nueva norma arancelaria.
Así, en la Sentencia Nº 181/2026 del 5 de mayo de este año, los magistrados Heñin y Derewicki sostuvieron que la aplicación del artículo 3 de la Ley Nº 4228-C vulneraba garantías constitucionales al retrotraer sus efectos sobre tareas profesionales que ya habían concluido íntegramente bajo la vigencia de la anterior Ley Nº 288-C. La Cámara argumentó que el derecho a la retribución de los letrados nace con la realización de la labor profesional y no con el acto de la regulación judicial.
Para fundamentar la inconstitucionalidad de oficio, la Sala Cuarta expuso un detallado contraste numérico entre ambos regímenes: Con la ley arancelaria anterior, los honorarios profesionales correspondientes a la etapa de apelación ascendían a $ 163.350; mientras que con la aplicación inmediata del nuevo régimen, la regulación escalaba hasta los $ 924.820.
Calificando este incremento como una "abismal diferencia", los camaristas concluyeron que la aplicación inmediata afectaba de forma manifiesta el derecho de propiedad de la parte condenada a pagar las costas. En base a este razonamiento, declararon la inconstitucionalidad del artículo de aplicación inmediata "para el caso concreto" y fijaron los honorarios con la ley derogada.
Esta declaración de inconstitucionalidad motivó un recurso extraordinario por parte de la actora y de los abogados patrocinantes.
SENTENCIA DEL STJ
Ante ese escenario, el Superior Tribunal de Justicia coincidió con el dictamen de la Procuración General y determinó que la Cámara de Apelaciones "desbordó los límites que rigen el ejercicio del control de constitucionalidad". En ese marco, la sentencia del STJ enfatizó que, si bien los jueces tienen la potestad de realizar el control de constitucionalidad de oficio, esta facultad no es ilimitada.
El fallo sostiene que la invalidez del artículo 3 de la Ley Nº 4228-C respondió a una valoración subjetiva de conveniencia económica efectuada por la propia Cámara. Con la anulación del punto 3 del fallo de la Cámara de Apelaciones, el Superior Tribunal resolvió eximir de costas la instancia extraordinaria debido a las características técnicas de la cuestión planteada.
"Resuelve hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por Cinthia Graciela Arnedo, por derecho propio y con el patrocinio de Elvira Aguirre Hayes y Mario M. Peredo Aguirre, ambos por derecho propio, y declarar la nulidad parcial dela Sentencia 181/2026 de fecha 05/05/2026, en particular en cuanto declara la inconstitucionalidad del art. 3 de la Ley 4228-C (Punto III), dictada por la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la ciudad de Resistencia y devolver las actuaciones al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a los lineamientos aquí establecidos", cierra el fallo.