El juicio por la denominada "usina de facturas truchas" contra Walter Pasko, Fernando Ayala y otros 9 imputados por asociación ilícita fiscal y lavado de activos tendrá su veredicto el próximo lunes 7 de septiembre a las 12, según anunciaron los jueces este martes. 

Debido a la cantidad de imputados y el volumen del material probatorio, los jueces decidieron tomarse una semana para la deliberación. En esta jornada los acusados tenían la posibilidad de dar sus últimas palabras, pero todos se abstuvieron.

QUÉ PENAS PODRÍAN ENFRENTAR LOS ACUSADOS

El Ministerio Público Fiscal solicitó 16 años de prisión para Pasko y Ayala, al considerarlos líderes de la asociación y responsables del delito de lavado de activos, penas menores para los demás acusados y la absolución de Juana Brahim, suegra de Pasko. Mientras que ARCA pidió 15 años de prisión efectiva para Pasko y Ayala. Para el resto de los acusados, el organismo solicitó penas de entre 3 meses y 9 años de cárcel.

Por su parte, todos los abogados defensores reclamaron la inocencia de sus representados y pidieron la absolución.

LA CAUSA

Los principales acusados son Walter Antonio Pasko y Fernando Adrián Ayala, señalados como presuntos jefes de una organización que habría operado en Chaco entre 2019 y 2023 mediante la utilización de personas físicas, cooperativas y fundaciones para la emisión de comprobantes presuntamente apócrifos.

Según la acusación, la operatoria habría permitido simular gastos, generar créditos fiscales indebidos y canalizar fondos mediante documentación correspondiente a operaciones que no se habrían realizado. La investigación también contempla presuntas maniobras de lavado de activos.

Junto a Pasko y Ayala están imputados Diana Yael Daniel, María José Reinau, Jorge Pasko, Álvaro Iván Pasko, Juana Elsa Brahim, María Belén Reinau, Edith Marisel Ayala, Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy.

Desde la querella intentaron probar el funcionamiento de la presunta estructura y el rol que habría tenido cada uno de los acusados. Entre los organismos que aparecieron en le debate se encuentra el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), donde, según la acusación, se habrían emitido facturas presuntamente falsas por más de $ 817 millones.