Abogado
Ley de Reiterancia: la suma de sospechas no convierte a nadie en culpable
La reciente incorporación de la reiterancia al Código Procesal Penal del Chaco me genera serios reparos constitucionales.
Una causa penal abierta no es una condena. Dos o tres causas abiertas tampoco lo son. La acumulación de sospechas no transforma esas sospechas en culpabilidad.
Nuestro sistema constitucional parte de un principio elemental: toda persona es inocente mientras una sentencia firme no establezca lo contrario.
Por eso, resulta sumamente peligroso que la existencia de procesos penales pendientes pueda convertirse en una presunción de peligrosidad y, a partir de ella, justificar la prisión preventiva ante una nueva imputación.
La prisión preventiva no es una herramienta destinada a encerrar a quien suponemos que puede volver a delinquir. No es una pena anticipada ni un instrumento de prevención de futuros delitos. Es una medida cautelar excepcional que solamente puede justificarse frente a riesgos procesales concretos, fundamentalmente peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación.
Hay, además, una paradoja preocupante: muchas personas acumulan causas abiertas durante años como consecuencia de la propia demora judicial. Esas causas podrían terminar mañana en un sobreseimiento o una absolución.
El Estado no puede convertir su propia demora en administrar justicia en un argumento para encarcelar preventivamente.
Si existen dos causas sin resolver, la solución constitucional no consiste en utilizar esas causas para encarcelar al imputado frente a una tercera denuncia. La solución es mucho más sencilla: investigar, juzgar y resolver las anteriores en un plazo razonable.
No cuestiono que un juez pueda conocer y valorar la existencia de otros procesos. Lo que considero constitucionalmente inadmisible es que esas causas sustituyan la obligación de demostrar un peligro procesal real y concreto.
Si la denominada reiterancia termina funcionando bajo la ecuación "más causas abiertas = mayor peligrosidad = prisión preventiva", estaremos abandonando progresivamente un derecho penal de actos para ingresar en un peligroso derecho penal de autor.
La sociedad reclama legítimamente seguridad. Pero la seguridad no se construye debilitando el principio de inocencia.
Se construye con una Justicia que investigue rápido, juzgue y dicte sentencia.
