El diputado nacional chaqueño Guillermo Agüero presentó junto a su par Martín Ardohain un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra el ingreso no autorizado y los daños en establecimientos agropecuarios. La iniciativa propone crear la figura de "intrusión rural" y establecer penas de hasta ocho años de prisión  para quienes afecten bienes vinculados con la producción.

El proyecto avanza en el Congreso y cuenta con el apoyo de las entidades del sector y de diferentes sectores políticos. La iniciativa ya fue presentada esta semana en una sesión informativa de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, el paso previo a que se discuta un dictamen en comisión, y cuenta con el respaldo de referentes del sector y representantes de diferentes bloques, inclusive de Unión por la Patria (UxP). De obtenerse el dictamen, el proyecto tiene vía libre para ser debatido en el recinto.

DE QUÉ TRATA EL PROYECTO

El proyecto incorpora el artículo 150 bis al Código Penal y establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales, terrenos o sus dependencias. La norma contempla como indicios de prohibición los cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales, aunque exceptúa situaciones de auxilio, necesidad justificada o aquellos casos en los que no pueda distinguirse claramente el límite con la vía pública.

Además, la iniciativa propone crear el artículo 184 bis para sancionar los daños que afecten directamente el ciclo productivo, las materias primas o la infraestructura de los establecimientos agropecuarios, desde cultivos, grancos almacenados y ganados hasta paneles solares, bombas de agua, alamrados, etc.

La pena prevista es de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño causado. En caso de que el autor sea funcionario público o se dedique habitualmente a la actividad agropecuaria, la pena mínima se elevaría al doble.

El proyecto también plantea modificar el artículo 209 del Código Penal para aumentar las penas por instigación públicaa cometer delitos cuando se utilicen medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales. En esos casos, el incremento propuesto sería de un tercio.

UNA HERRAMIENTA PARA LA PROVINCIA

En diálogo con Diario Chaco , Agüero explicó que "el delito rural funciona por etapas": "Ningún robo masivo de hacienda o de insumos ocurre por casualidad: requiere tareas previas de inteligencia, reconocimiento del terreno, control de horarios del personal y corte de alambrados".

Además, agregó que "históricamente, las denuncias en las Divisiones de Policía Rural de Chaco concentran su mayor volumen en abigeato (mayor y menor), seguido por usurpaciones/ingresos no autorizados, hurto de insumos (cables, agroquímicos, herramientas) y vandalismo en infraestructura".

Ante esta situación, el proyecto busca "proteger a las familias y las Pymes rurales", unidades que sostienen "en gran medida" la estructura productiva de la provincia, "para que puedan desarrollar con tranquilidad su vida y su actividad productiva en el campo, como en lo atinente a la infraestructura y bienes de su producción agropecuaria".