Trump avanza con una revocación récord de visas que alcanzaría a 200.000 extranjeros
La medida no implicaría una deportación inmediata, pero podría convertirse en la mayor revocación de visas de la historia estadounidense.
El Gobierno de Estados Unidos se prepara para avanzar con una revocación masiva de visas de negocios y turismo que podría alcanzar a unos 200.000 extranjeros que solicitaron o se encuentran tramitando asilo en territorio norteamericano.
De concretarse, la medida impulsada por la administración de Donald Trump sería la mayor cancelación colectiva de visas registrada en la historia del país y podría generar distintas impugnaciones judiciales.
La iniciativa alcanzaría a las visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 cuyos titulares hayan solicitado posteriormente asilo para permanecer en Estados Unidos.
La medida sería implementada por el Departamento de Estado, en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
¿QUIÉNES PODRÍAN PERDER LA VISA?
Las visas B1 son utilizadas principalmente para viajes de negocios, mientras que las B2 permiten ingresar al país por turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos.
El vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott, explicó que el Gobierno busca identificar a personas que ingresaron declarando que permanecerían temporalmente y que luego iniciaron un pedido de asilo.
"Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", sostuvo.
La cantidad definitiva de afectados todavía no está establecida, ya que el proceso continuaría actualizándose a medida que avance la revisión de los casos.
¿LA REVOCACIÓN SIGNIFICA UNA DEPORTACIÓN?
La cancelación de la visa no implicaría necesariamente una deportación inmediata.
Según la información conocida hasta el momento, aquellas personas que tengan solicitudes de asilo pendientes podrían ser reclasificadas dentro del sistema migratorio, aunque dejarían de contar con su condición de viajeros por negocios o turismo.
El Gobierno sostiene que el objetivo es evitar que las visas temporales sean utilizadas como una vía para ingresar al país y posteriormente permanecer de manera permanente mediante una solicitud de asilo.
Actualmente, quienes solicitan permisos B1 o B2 deben demostrar que tienen intención de regresar a su país de origen y confirmar que no planean solicitar asilo una vez que ingresen a Estados Unidos.
EL GOBIERNO ENDURECE SU POLÍTICA MIGRATORIA
Desde el inicio del segundo mandato de Trump, la administración estadounidense reforzó los requisitos para acceder a diferentes tipos de visas.
Entre las nuevas exigencias aparecen una mayor revisión de antecedentes en redes sociales, el pago de fianzas en determinados trámites y restricciones para ciudadanos de algunos países.
Además, durante los últimos 18 meses el Departamento de Estado revocó alrededor de 175.000 visas a personas condenadas o acusadas de distintos delitos y a extranjeros cuestionados por determinadas conductas o posicionamientos públicos.
El subsecretario de Estado Christopher Landau también cuestionó públicamente a quienes ingresan con visas temporales y posteriormente solicitan asilo.
Según expresó, el asilo "no debería ser una laguna legal para eludir la ley de inmigración".
TAMBIÉN BUSCAN ENDURECER LAS VISAS DE TRABAJO
La ofensiva migratoria también podría alcanzar a las visas laborales.
El Gobierno volvió a proponer una tasa de US$103.265 para los empleadores que contraten trabajadores extranjeros mediante el programa H-1B, utilizado especialmente para incorporar profesionales especializados como científicos, médicos, ingenieros y desarrolladores informáticos.
Estados Unidos entrega alrededor de 85.000 visas H-1B cada año.
Trump ya había intentado aplicar una medida similar en septiembre de 2025, aunque fue bloqueada judicialmente después de una presentación realizada por 20 estados.
Ahora, mientras ese expediente continúa en instancia de apelación, la Casa Blanca intenta avanzar con el nuevo cargo a través de otra vía regulatoria.