Caso Leonela Giménez: la Fiscalía pidió elevar la causa a juicio con dos detenidos
A más de un año del femicidio ocurrido en las afueras de Sáenz Peña, el fiscal Gustavo Valero presentó el requerimiento de elevación a juicio.
La investigación por el femicidio de Leonela Ayelén Giménez, ocurrido el 28 de junio de 2025 en una zona rural cercana a Presidencia Roque Sáenz Peña, ya tiene su requerimiento de elevación a juicio dictado por el fiscal Gustavo Valero.
De esta manera, el expediente quedó encaminado hacia un juicio por jurados, instancia en la que deberá determinarse la responsabilidad penal de los dos hombres que permanecen detenidos por el crimen: Emanuel Giacone, señalado como autor material, y Cristian Ameida, acusado como partícipe primario.
Según se pudo saber la acusación fiscal sostiene la responsabilidad de ambos imputados con elementos de convicción suficientes para acreditar tanto la existencia del hecho como la participación que se les atribuye.
HABRÁ OPOSICIÓN A LA REQUISITORIA
Tras conocerse el requerimiento de elevación a juicio la defensa de Cristian Ameida ya anticipó que se opondrá al requerimiento de elevación presentado por la Fiscalía.
El abogado César López cuestiona fundamentalmente la calificación legal que pesa sobre su representado. Sostiene que "Ameida no tuvo participación en la planificación ni en la ejecución del homicidio y que, por lo tanto, no corresponde atribuirle el carácter de partícipe primario del femicidio".
López anunció que solicitará una audiencia ante el Juzgado de Garantías para insistir con el cambio de calificación. Su planteo apunta a que, en caso de que la causa avance definitivamente a juicio, Ameida llegue al debate bajo una imputación diferente, la de encubrimiento.
La postura defensiva ya había sido planteada durante la investigación. López sostuvo en distintas oportunidades que, según su hipótesis, "cualquier conducta que pudiera reprochársele a Ameida habría ocurrido después del disparo y no antes ni durante la ejecución del crimen".
CÓMO OCURRIÓ EL CRIMEN
Leonela Ayelén Giménez tenía 25 años y era madre de dos hijos. El 28 de junio de 2025, su cuerpo fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 95, en una zona rural ubicada al sur de Sáenz Peña y próxima al acceso a La Tigra.
El hallazgo se produjo durante la mañana, luego de que vecinos alertaran al servicio de emergencias sobre la presencia de una mujer tendida a la vera de la ruta. Cuando los efectivos llegaron al lugar constataron que la joven se encontraba sin vida.
La joven presentaba una herida de arma de fuego en el tórax, con orificio de entrada en el pecho y salida por la espalda. Las primeras estimaciones forenses determinaron que la muerte se habría producido pocas horas antes del hallazgo.
La investigación comenzó inicialmente bajo una calificación vinculada a un homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, con el avance de las pesquisas y la incorporación de nuevos elementos, la Fiscalía modificó la imputación y encuadró el caso como femicidio, agravado por el vínculo y por el uso de arma de fuego.
LA INVESTIGACIÓN SE EXTENDIÓ DURANTE MÁS DE UN AÑO
Durante los meses posteriores al crimen se realizaron numerosas pericias sobre teléfonos, vehículos, elementos balísticos y muestras biológicas.
En junio de este año, al cumplirse un año del crimen, Valero había anticipado que la investigación se encontraba en su etapa final y que se estaba preparando el requerimiento de elevación a juicio. El fiscal señaló entonces que restaban incorporar algunos informes vinculados con armas y elementos balísticos.
Con la elevación a juicio, el caso entra ahora en una etapa decisiva. La investigación ya no estará centrada únicamente en determinar qué ocurrió con Leonela, sino en establecer, durante el debate oral, qué responsabilidad tuvo cada uno de los imputados en el crimen.
La Fiscalía y la querella sostienen que existen elementos suficientes para llevar a ambos a juicio bajo las acusaciones actuales. La defensa, en cambio, buscará que Cristian Ameida llegue al debate con una imputación sustancialmente menor, limitada a un supuesto encubrimiento posterior al homicidio.
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