Facturas truchas: las defensas apuntaron contra Walter Pasko y pidieron absoluciones
Las defensas expusieron sus argumentos y apuntaron a la falta de pruebas. Este viernes, desde las 8.30, será el turno de los alegatos de cierre de Fernando Ayala y su círculo.
El juicio por la causa de las facturas apócrifas atraviesa su etapa final con los alegatos de las defensas. Durante la jornada de este jueves, los abogados de Yael Daniel, Ramón Acevedo, Alberto Godoy, Iván Pasko y Jorge Pasko solicitaron la absolución de sus respectivos representados y centraron sus exposiciones en la falta de pruebas concretas para acreditar su participación en la asociación ilícita investigada.
Los defensores cuestionaron distintos elementos de la acusación, entre ellos la existencia de roles determinados dentro de la presunta organización, el conocimiento de las maniobras y la acreditación del dolo requerido para atribuir responsabilidad penal. En varios de los casos también señalaron que los vínculos familiares, societarios o laborales no resultan suficientes para demostrar una participación consciente en los hechos investigados.
La etapa de alegatos continuará este viernes desde las 8.30, cuando está previsto que expongan las defensas de Fernando Ayala y su círculo, en una nueva jornada clave antes del cierre del debate.
La defensa de Yael Daniel
La defensa de Yael Daniel, a cargo del abogado Fioravanti, solicitó este jueves la absolución de su representada durante los alegatos de cierre del juicio por la causa de las facturas apócrifas. El letrado argumentó ante el tribunal que el debate oral y público no logró acreditar ningún hecho concreto que permita atribuirle responsabilidad penal a la exesposa de Walter Pasko.
En su exposición, el defensor cuestionó la falta de documentación respaldatoria oficial y señaló que no existe ningún acta de ARCA que demuestre que Daniel haya sido informada sobre la situación irregular de la empresa intervenida. Asimismo, rechazó las calificaciones de la acusación que la señalaban como encargada de aspectos legales y refutó que poseyera un rol jerárquico o conocimiento técnico especializado.
Fioravanti respaldó su planteo incorporando un informe de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio que certifica que la imputada no figura en el sistema como iniciadora de trámites de personas jurídicas. En la misma línea, enfatizó que la fiscalía no pudo precisar qué organización ayudó a construir, qué fundación fundó ni a qué cooperativa le dio trámite formal.
El abogado refutó también la hipótesis de que su defendida haya actuado como un nexo imprescindible en la colocación de facturas apócrifas, subrayando que no se visualizó ninguna ni se pudo comprobar su existencia dentro del ámbito del IAFEP. Además, destacó que no se demostró que haya cobrado cheques, retirado dinero, efectuado transferencias bancarias ni ejecutado otros actos de administración societaria.
Por último, la defensa recordó que existió un período comprendido entre el 1 de febrero y el 27 de marzo de 2023 en el cual Daniel no prestó servicios en el IAFEP, lapso en el que los pagos del organismo continuaron realizándose con normalidad. Ante la inexistencia de escuchas telefónicas que prueben su intervención para destrabar trámites, el letrado reiteró el pedido de una resolución absolutoria.
"No se ha acreditado en las pruebas en este juicio algún hecho concreto", sostuvo Fioravanti.
La defensa de Acevedo
El abogado defensor de Ramón Acevedo solicitó formalmente la absolución de culpa y cargo de su representado al sostener que el Ministerio Público Fiscal no logró demostrar su participación en la asociación ilícita fiscal investigada. Durante su alegato, remarcó que la acusación no pudo probar los elementos constitutivos del delito ni configurar una intervención activa dentro de la estructura delictiva.
Si bien reconoció que el imputado integró determinadas sociedades y que estas entidades emitieron facturas, el letrado aclaró que la fiscalía jamás pudo acreditar que dichos comprobantes fueran apócrifos. Agregó que la participación de Acevedo tuvo un carácter meramente formal, un requisito indispensable exigido en aquel entonces para poder acceder a las obras y contratos del IAFEP mediante cooperativas o fundaciones.
En cuanto al manejo de los recursos financieros, la defensa cuestionó los señalamientos de la fiscalía sobre un supuesto rol clave y detalló que, de las 126 transferencias bancarias mencionadas, 79 fueron a cuentas de Ayala y 44 a cuentas de Reinau. En este sentido, enfatizó que no se constató que Acevedo haya recibido dinero en cuentas personales ni que haya realizado extracciones físicas de efectivo.
El abogado también desestimó los indicios de dolo presentados por ARCA y el Ministerio Público Fiscal, tales como viajes al exterior, autorizaciones de vehículos o reuniones en domicilios particulares. Respecto a un video incorporado al expediente que muestra a Acevedo retirándose de una vivienda, aclaró que las imágenes solo reflejan su salida tras la llegada de otra persona con una mochila, aclarando que en ningún momento manipuló dinero.
Finalmente, el defensor descartó la existencia de una relación de confianza con Ayala que fundamente el dolo requerido por la figura penal y advirtió que su cliente tiene actualmente el CUIT caído. Por todos estos motivos, insistió en que el tribunal disponga su absolución definitiva de culpa y cargo.
"La acusación no pudo probar en este debate y tampoco pudo probar los elementos constitutivos del delito imputado", afirmó.
La defensa de Godoy
El abogado Juan Martín Varas, defensor de Alberto Ramón Godoy, argumentó ante el tribunal que su representado jamás conoció la existencia de una asociación destinada a cometer delitos tributarios. Por esta razón, sostuvo que resulta jurídicamente imposible sostener que haya aceptado integrarla de manera voluntaria dentro del entramado investigado.
Para fundamentar su postura, Varas solicitó contemplar el perfil socioeconómico y laboral de Godoy, destacando su baja escolaridad —sin la primaria terminada— y su desempeño como constructor de obra. Señalłó que estas circunstancias personales evidencian su total desconocimiento técnico y su incapacidad para comprender la complejidad de la ingeniería financiera y tributaria montada por terceros.
El letrado argumentó que su cliente no tenía control efectivo sobre las sociedades utilizadas por la organización, detallando que las claves de homebanking eran operadas exclusivamente por terceros ajenos a él. Asimismo, corroboró que no se detectaron transferencias de dinero hacia cuentas bancarias a su nombre ni extracciones monetarias efectuadas por su persona.
En su exposición, el defensor puntualizó que Godoy nunca confeccionó ni emitió una factura, y que toda la facturación dirigida al Estado se canalizó directamente desde el domicilio y bajo el manejo de las claves fiscales del contador Walter Pasko. En consecuencia, ratificó que su defendido fue una víctima de la maniobra, utilizada mediante la simple entrega de su DNI para integrar estructuras formales.
Para concluir, Varas reconoció los contactos mantenidos con Fernando Ayala y Walter Pasko, pero aclaró que dichos vínculos respondieron estrictamente a fines lícitos vinculados con la construcción de viviendas. Tras resaltar su trayectoria como referente barrial y trabajador de la zona, solicitó formalmente la absolución judicial.
"El señor Godoy no perteneció a la organización ilícita ni existe una evidencia ni una prueba de que este conocía la ingeniería tributaria", afirmó el defensor.
La defensa de Iván Pasko
El letrado representante de Álvaro Iván Pasko centró su alegato en evidenciar la relación asimétrica que su defendido mantuvo con Walter Pasko, uno de los principales imputados en la causa. Argumentó que Walter operaba sistemáticamente aprovechándose de la vulnerabilidad y la confianza depositada por sus círculos familiares más íntimos, incluidos su hermano, su suegra y su padre.
El defensor señaló que Iván Pasko se encontró inmerso en una situación inesperada, confiando plenamente en su hermano quien, además de ser familiar directo, se desempeñaba como su contador personal. Debido a este vínculo de confianza profesional y de parentesco, Walter poseía su clave fiscal y la utilizaba libremente para articular las maniobras orientadas a la creación de créditos fiscales apócrifos.
Durante la exposición, se remarcó que tanto la Fiscalía como las querellas omitieron describir conductas concretas o roles determinados que vincularan a Iván con la integración consciente de una asociación ilícita. Se aportaron testimonios que corroboraron que el imputado solía estar ausente de la oficina porque se encontraba abocado de forma sostenida a sus labores de trabajo diario.
En cuanto a la firma Tercer Norte SRL, el abogado indicó que se trató de una sociedad de carácter estrictamente familiar reconocida por la propia acusación, operada por el hermano contador mediante el uso inconsulto de claves fiscales. Agregó que el resto de las cooperativas mencionadas en la causa resultaban totalmente desconocidas para su defendido, quien incluso debió afrontar y denunciar la presencia constante de un escribano en su entorno.
Para finalizar, la defensa desestimó la existencia de dolo directo exigido por el tipo penal, atribuyendo la situación procesal de Iván Pasko únicamente a un exceso de confianza familiar. Tras señalar que ningún testigo reconoció haber negociado u obedecido órdenes suyas, solicitó formalmente la absolución de su defendido.
"Lo único que se le puede achacar a mi defendido es haber confiado demasiado, ni más ni menos, que en su hermano, pero de ninguna manera se encuentra presente el dolo directo exigido por el tipo penal de la asociación ilícita", expresó el letrado.
La defensa de Jorge Pasko
La defensa de Jorge Pasko pidió al tribunal que dicte una sentencia absolutoria y sostuvo que durante el juicio no se logró acreditar una conducta concreta que permita atribuirle responsabilidad penal en la causa por facturas apócrifas y asociación ilícita.
Al iniciar su alegato, el defensor sostuvo que la acusación intentó construir la responsabilidad de Pasko a partir de su relación familiar con sus hijos, su participación o vinculación con determinadas sociedades y su relación con actividades comerciales, entre ellas la cooperativa Friva. En ese sentido, remarcó que compartir sociedades o actividades económicas con familiares no constituye por sí mismo un indicio de criminalidad. "La participación societaria no es delito, la confianza entre familiares no es delito, la colaboración económica entre familiares no es delito, la delegación de cuestiones contables en un hijo profesional tampoco es delito", planteó.
Uno de los ejes del alegato fue la relación entre Pasko y su hijo Walter Pasko, quien es contador. La defensa sostuvo que esa condición explica que Walter manejara información contable y financiera de su padre y que se ocupara de cuestiones vinculadas con sociedades en las que participaba. "JP confiaba en las explicaciones que recibía, aceptaba por cierto todos los argumentos y explicaciones que le eran proporcionadas por quien, además de ser su hijo, era la persona que se ocupaba de estas cuestiones", sostuvo. También destacó que Pasko tiene 76 años y que su actividad durante décadas estuvo vinculada a la ganadería.
La defensa cuestionó además que durante el debate se hubiera podido determinar cuál era el supuesto rol de Pasko dentro de la asociación ilícita. Enumeró que no se acreditó que hubiera confeccionado documentación falsa, dispuesto la emisión de facturas, llevado la contabilidad, diseñado mecanismos de ocultamiento, impartido instrucciones para evadir tributos o coordinado a otros integrantes. "No se acreditó en definitiva cuál habría sido el aporte concreto de JP a esta supuesta asociación ilícita", afirmó.
También rechazó que se hubiera probado el dolo asociativo. Según explicó, no alcanza con acreditar vínculos familiares, societarios o comerciales, sino que debe demostrarse que el acusado sabía que estaba integrando una estructura destinada a cometer delitos y que decidió formar parte de ella. En ese sentido, sostuvo que los testimonios y el resto de la evidencia no permitieron demostrar ese conocimiento respecto de Pasko.
Finalmente, la defensa hizo referencia a la acusación vinculada con Friva y sostuvo que tampoco se acreditó qué influencia concreta habría tenido Pasko sobre las decisiones relacionadas con la emisión de facturas apócrifas. Además, señaló que no se presentó prueba que demostrara un crecimiento patrimonial desproporcionado de Pasko. Con esos argumentos, pidió que se valore la totalidad de la prueba producida durante el debate y se dicte la absolución de Jorge Pasko.