La Justicia archivó la "causa PAMI" contra Alfredo Rodríguez
El Juzgado Federal de Resistencia indicó que no existieron pruebas de violencia o intimidación que configuren el delito de extorsión, por lo que se ordenó el cierre del expediente.
La Justicia Federal dictó la desestimación definitiva de las actuaciones judiciales en la denominada "Causa PAMI" contra el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo Rodríguez y otros funcionarios de su espacio político.
La resolución del Juzgado Federal de Resistencia pone fin a una investigación que había surgido a raíz de denuncias sobre presuntas presiones y pedidos de dinero a cambio de cargos públicos o el mantenimiento de contratos, así como posibles irregularidades en la gestión de organismos nacionales.
La causa, que se desprendió de un expediente mayor, centraba su atención en la posible comisión de delitos como extorsión, administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionario público.
En ese marco, se habían ordenado allanamientos en las oficinas de PAMI y en la empresa de turismo Sakura, además de requisas personales y el secuestro de dispositivos tecnológicos para intentar corroborar las acusaciones. Durante el proceso, se recolectaron diversos testimonios, entre ellos los de directivos del Colegio Médico Gremial y del Sanatorio Palacio, quienes habían manifestado haber recibido visitas de personas vinculadas al entorno del dirigente, supuestamente exigiendo el pago de un porcentaje de sus facturaciones.
Sin embargo, tras un exhaustivo análisis del material probatorio, el Ministerio Público Fiscal dictaminó que las conductas investigadas no encuadraban en ninguna figura delictiva contemplada en el Código Penal.
El representante de la fiscalía sostuvo que, si bien la investigación permitió identificar la existencia de aportes económicos hacia el partido político La Libertad Avanza, no se logró acreditar que dichos fondos hubieran sido obtenidos mediante violencia o intimidación, elementos que resultan fundamentales y esenciales para configurar el delito de extorsión.
Ante la falta de pruebas suficientes que permitieran sostener una acusación formal, el juzgado federal consideró razonables los fundamentos expuestos por el Ministerio Público y ordenó el cierre de la investigación.
Además, dispuso la devolución de toda la documentación documentación y los equipos electrónicos que habían sido incautados a los involucrados durante los operativos, quedando así clausurada la investigación por inexistencia de delito.
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