Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.
Metáfora de la nación fascista
El alumno retrasado de América Latina sigue su rumbo a los barquinazos, sin saber a ciencia cierta cuáles son sus anhelos, sus objetivos como sociedad; siempre en la nebulosa, con cavilaciones, sin poder demostrar al resto del mundo que ha superado sus lacras e inmoralidad.
La corrupción es transversal; ningún estrato social, sector de la economía, del arte o entretenimiento, del deporte, de la educación, se sustrae del delito, la camándula, la defraudación, la canonjía. Sociedad enferma de corrupción, de irresponsabilidad y ausencia de patriotismo, de amor por la patria.
Los "quioscos" siguen reinando en la Tierra del Plata; sus beneficiarios los defienden con ahínco y los habitantes de este país los conciben como una fatalidad invencible. No importa que Milei y su escudero, Federico Sturzenegger, los pongan en evidencia ante la consideración pública; los miserables quieren seguir usufructuando prebendas, privilegios injustificados, cuando no ilícitos.
Hace pocos días el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado dictó el Decreto 690/2026 con el fin de desregular la actividad del practicaje en Argentina.
El fundamento de la normativa era el elevado costo que dichas actividades implican para el comercio exterior argentino y la navegación fluvial de cabotaje. En el programa de streaming de Alejandro Fantino, se expusieron tablas comparativas del costo de los servicios de practicaje en diversos puertos de relevancia del mundo y los nacionales. Los nativos superaban con creces los foráneos, de forma insultante.
La norma eliminó límites numéricos para inscripciones profesionales, habilitó la contratación independiente de prácticos, flexibilizó los traslados en lancha y fijó topes tarifarios a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), generando un conflicto sectorial que derivó en su posterior suspensión temporal por el Decreto 716/2026 (1,2,3,4).
¿Cómo respondió la corporación de los "prácticos"? Como no podía ser de otra manera, con un paro que paralizó la actividad en los puertos argentinos, con el ingente despilfarro de recursos que ello supone. La extorsión es la marca registrada del modus operandi de gremios y colectivos que defienden curros, quioscos, latrocinios.
Las exportaciones pierden competitividad merced a una actividad restringida a no más de quinientos treinta (530) profesionales (prácticos) que cotizan sus servicios en exceso, más onerosos que los del resto de la comunidad internacional. Cuarenta y ocho millones de argentinos, sobre todo, aquéllos que constituyen la médula del aparato productivo (Pymes, grandes industrias, productores agropecuarios) perjudicados por las ambiciones desmedidas de un colectivo en número insignificante.
A todo evento, por unos pocos, la sociedad toda debe sufragar el "costo argentino" -eufemismo empleado para evitar calificarlo lisa y llanamente de curro, estafa, extorsión- resignando ganancias, expectativas razonables, porque normas legales o reglamentarias han consolidado ventajas, prebendas, sobornos.
Esta inveterada práctica del sindicalismo vernáculo, consistente en hacer cargar sobre la sociedad ventajas objetivamente indefendibles de los gremios, extorsionando al poder de turno -cualquiera que fuere su signo político- con la amenaza de paros u otras medidas de fuerza, es una expresión de degradación institucional que ninguna administración pudo enmendar o resolver.
El modus operandi de los gremios se extiende a todas las ramas del comercio e industria; los prácticos constituyen simplemente una metáfora, un ejemplo, de esa práctica devenida consuetudinaria por la que la sociedad toda está indefensa frente a la mafia, la extorsión de estos delincuentes.
En esta cuestión, la justicia tiene una responsabilidad inexcusable; con sus sentencias, ha convalidado el chantaje de los sindicatos. Los argumentos que se vierten en los pronunciamientos, camuflados de prudencia judicial y corrección política, de ponderación de los derechos laborales como "intangibles", no susceptibles de reversión, sobre la base de la teoría de los derechos adquiridos, ha clausurado toda posible solución.
No se me escapa que mis colegas aducirán que existen obstáculos o impedimentos constitucionales; en realidad, no son tales, pues, con ese criterio, el estatuto laboral se consagraría como inmodificable a perpetuidad, como si tuviere status o jerarquía constitucional. No es así, la Ley de Contrato de Trabajo, como toda ley, está subordinada o no puede contradecir la Constitución, pero es susceptible de ser modificada por otra ley posterior.
Ni el "orden público", ni la concepción de "derechos adquiridos", pueden obturar una modificación de las leyes laborales. Solamente en un país fascista (corporativista, valga la redundancia) se puede haber instalado la creencia, asumida por la doctrina y jurisprudencia laboral, que la ley no puede ser mejorada, actualizada, cuando las circunstancias lo ameritan.
La mayoría de los países del mundo modifican la regulación normativa de las relaciones de trabajo y no se producen manifestaciones violentas, atentados contra edificios públicos, daños a particulares, rotura de comercios, lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes
Más gravitante, en orden a la sacralización de la legislación laboral, fue la acción extorsiva, militante, agresiva de los sindicatos. La doctrina hizo su aporte, siempre inclinándose a preservar los derechos laborales, aunque ello redunde en un daño significativo a los intereses generales.
Han dejado librada a la sociedad, en su conjunto, a la prepotencia sindical, al chantaje más explícito y abominable que se pueda concebir. Se sacrifica el interés colectivo, nacional, en beneficio de supuestas reivindicaciones laborales sobre la base de un estatuto legal anacrónico, de la década del setenta del siglo veinte.
El fascismo peronista tiene como arma más eficaz para perpetuar el statu quo su brazo sindical, al que logró seducir y domeñar con más eficacia que Mussolini respecto del sindicalismo italiano. Perón logró polarizar una fidelidad obrera mejor que el sindicalismo fascista italiano, como reza Norberto Bobbio (Ver "Crónicas de un diletante", Luis Rodríguez Martínez, pág. 134, editorial Contexto).
La preponderancia peronista en las urnas posibilitó que la "corporación" por excelencia, el sindicalismo, adquiera más poder e influencia en la vida social y política de los argentinos. Las disfuncionalidades están a la orden del día: a.- Un sistema sindical organizado verticalmente; b.- Negociación con un gremio mayoritario por actividad (nada tiene que ver esto con libertad sindical); c.- Aportes forzosos en beneficio de los gremios, tanto de trabajadores como empresarios; d.- Manejo arbitrario, faccioso, de la salud merced al manejo de las obras sociales.
La coronación del incremento inexplicable del "poder sindical", se produjo cuando al dictador Juan Carlos Onganía les otorgó el manejo y administración de las obras sociales, una verdadera privatización de la cual la izquierda y el peronismo no se han escandalizado.
Cómo hacerlo, porque de allí en adelante la "patria sindical" ha contado con ingentes recursos económicos, con secretarios generales millonarios y vitalicios, todo tipo de corruptelas, toleradas por una sociedad muy susceptible al "affaire Adorni", pero que no se ruboriza, hace la vista gorda, no ahora, sino en forma sempiterna, a la corrupción de un partido político (justicialismo) y su aliado sindical.
No hace mucho tiempo, el sindicato de los petroleros presionaba al poder de turno exigiendo que se suba el precio de los combustibles para garantizar el monto de sus remuneraciones, un ejemplo de preeminencia de un grupo o minoría sobre el conjunto. Estos caraduras, para preservar sus intereses, amenazaban, intimidaban, al gobierno para que cuarenta y cinco millones de argentinos paguen más cara la nafta.
Sin ir muy lejos, aquí en Chaco, recuerdo medidas de fuerza de los trabajadores de la empresa SECHEEP (suministro eléctrico) recabando que se aumente el costo de la energía, también, para asegurar su nivel de remuneraciones. Tres o cuatro mil trabajadores (desconozco cuál era la nómina de asalariados) condenando a un millón doscientos mil chaqueños a pagar la energía más cara.
No hay caso, como dice nuestro Presidente, más que sentado en el sillón de Rivadavia, está en la silla eléctrica.
