Buscan blindar con cámaras y audio a los geriátricos de Chaco ante posibles casos de maltrato
La iniciativa contempla acceso de los familiares a los registros ante sospechas de abuso y establece medidas para proteger la privacidad de los residentes.
El diputado Adrián Zukiewicz, del Interbloque Chaco Puede, presentó un proyecto de ley que busca transformar la seguridad en los establecimientos dedicados al cuidado de adultos mayores en toda la provincia.
La iniciativa propone la obligatoriedad de instalar sistemas de videovigilancia con grabación continua de imagen y sonido en todas las áreas comunes de residencias de larga estadía, centros de día y geriátricos, tanto públicos como privados.
La propuesta no solo busca fiscalizar, sino también brindar tranquilidad a las familias. Los tutores legales tendrán derecho a solicitar acceso a las grabaciones ante cualquier sospecha, debiendo el establecimiento cumplir con la entrega del material en un plazo de 48 horas hábiles.
Para garantizar la privacidad, el proyecto estipula una prohibición estricta de cámaras en baños, vestuarios y zonas de higiene íntima, consentimiento informado obligatorio en los contratos de admisión y confidencialidad absoluta, indicando que los datos deberán estar encriptados, almacenados por 90 dosías y prohibida su difusión pública o comercialización.
El proyecto, que ya ingresó para su tratamiento, establece un régimen de sanciones que va desde apercibimientos y multas hasta la clausura preventiva o definitiva en casos de reincidencia o denegación de acceso a los registros.
Según los fundamentos del proyecto, la incorporación de audio es la clave de esta medida. Zukiewicz advirtió que el maltrato hacia el adulto mayor no siempre deja marcas físicas; los abusos psicológicos, las humillaciones, los gritos y las omisiones de asistencia solo pueden ser detectados fehacientemente mediante el registro de audio.
De aprobarse la ley, la implementación del sistema será un requisito indispensable para obtener la habilitación provincial. Para los establecimientos que ya funcionan, se estipula un plazo de adecuación de 180 días tras la reglamentación. El costo operativo recaerá sobre los titulares de cada institución, mientras que, en el caso del sector público, se financiará mediante la reasignación de partidas presupuestarias existentes.
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