Inocencia Fiscal: el Gobierno busca limitar los beneficios para funcionarios públicos
El oficialismo intentará dictaminar el proyecto este miércoles. Los funcionarios podrán adherir al régimen simplificado, pero no exteriorizar dólares ni acceder a otros beneficios.
El oficialismo buscará este miércoles, en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación Penal de la Cámara de Diputados, avanzar con el dictamen del proyecto que amplía el régimen de Inocencia Fiscal aprobado en diciembre. Para conseguir el respaldo de los bloques aliados, incorporará una restricción para funcionarios de los tres poderes del Estado: podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias, pero no acceder a los beneficios vinculados con la exteriorización de dólares u otros fondos no declarados.
La iniciativa busca incentivar la formalización de ahorros que permanecen fuera del sistema. Según estimaciones del Gobierno, existen unos US$ 179.000 millones que podrían ingresar a la economía. La nueva versión elimina los límites de ingresos anuales de $ 1.000 millones y de patrimonio de $ 10.000 millones, por lo que el régimen quedará abierto a todas las personas humanas, con excepción de los Grandes Contribuyentes Nacionales, que no podrán acceder a las presunciones y demás beneficios del sistema.
El proyecto también redefine el concepto de "discrepancia significativa" que puede utilizar ARCA para objetar una declaración simplificada. La diferencia deberá superar el 15% del impuesto y alcanzar además el equivalente al 5% del mínimo previsto en la Ley Penal Tributaria. Si existe una objeción, el contribuyente tendrá 15 días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios.
La restricción para funcionarios alcanza a quienes hayan ocupado determinados cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión o permanencia en el régimen. Incluye a funcionarios con jerarquía no inferior a secretario de Estado, legisladores, concejales, parlamentarios del Mercosur, magistrados, fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los Consejos de la Magistratura, entre otros. El oficialismo busca avanzar con el proyecto, aunque enfrenta dificultades para lograr su aprobación definitiva antes del 27 de agosto, fecha prevista para la presentación de Ganancias de personas humanas.