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RINI: cuáles son los beneficios y requisitos que propone el proyecto "Chaco Invierte"

La iniciativa establece un régimen de incentivos fiscales y financieros para promover la radicación, ampliación y modernización de proyectos productivos en la provincia. El proyecto contempla beneficios tributarios, financiamiento, desarrollo de infraestructura y estabilidad fiscal para las inversiones alcanzadas.

El oficialismo presentó este lunes un proyecto de ley para crear un régimen provincial de incentivo a las inversiones, con beneficios fiscales y financieros destinados a promover nuevas inversiones, ampliar emprendimientos y fortalecer la actividad productiva en la provincia.

El proyecto pretende establecer un marco de incentivos para la radicación, ampliación, modernización y puesta en marcha de inversiones en territorio chaqueño. Según surge de la iniciativa elevada a la Legislatura, el régimen apunta a incrementar la inversión privada, reducir brechas territoriales, fortalecer cadenas de valor y consolidar infraestructura vinculada con la producción, el transporte, la logística, los servicios, el comercio y la innovación.

En ese contexto, el Ministro de Hacienda y Finanzas explicó que la iniciativa contempla distintos mecanismos para quienes decidan invertir en el Chaco, como un incentivo sobre la tasa de interés, certificados de crédito fiscal, beneficios en el impuesto sobre los ingresos brutos y la exención de tasas financieras vinculadas con operaciones de crédito destinadas a inversiones.

"El objetivo es promover las inversiones, generar empleo y fortalecer la actividad productiva", señaló el funcionario.

De acuerdo con la explicación del Ministro, uno de los instrumentos previstos es una disminución de la tasa, con el objetivo de reducir el costo del crédito para quienes recurran a financiamiento para concretar inversiones. También se establece un certificado de crédito fiscal. "Todas aquellas inversiones que se realicen van a tener un reintegro del 60% en certificados de crédito fiscal que pueden ser transferibles y computables contra el pago de impuestos", sostuvo.

A esto se suma un beneficio sobre el impuesto de sellos y un esquema de reducción del impuesto sobre los ingresos brutos. En este último caso, la alícuota será de cero durante los primeros 24 meses de la etapa de inversión.

Uno de los aspectos centrales es que el régimen no estaría limitado exclusivamente a empresas nuevas. También podrían acceder proyectos que ya estén funcionando cuando tengan como objetivo ampliar, modernizar, reconvertir o expandir su infraestructura, equipamiento, tecnología o capacidad productiva, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y sean aprobados por la autoridad de aplicación.

El proyecto contempla inversiones de distintos sectores y actividades económicas, siempre que generen empleo o impacto económico en la provincia. Además, establece que los beneficios podrán ser compatibles con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), siempre que no exista una superposición de beneficios sobre un mismo tributo o período fiscal.

La presentación se realizó este lunes en el Poder Legislativo y estuvo encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam, quien estuvo acompañado de los diputados provinciales, Iván Gyoker, Carlos Salom, Iván Zukiewicz, Joaquín García, y el director de la Agencia Chaco Inversiones, Martín Braillard Poccard.

¿Qué beneficios propone "Chaco Invierte"?

El régimen combina incentivos sobre el financiamiento, beneficios para inversiones en infraestructura, reducciones impositivas, estabilidad tributaria y simplificación de trámites.

  1. Reintegro del costo de financiamiento

Uno de los principales incentivos está destinado a reducir el costo que tienen las empresas para financiar sus inversiones.

El proyecto crea el Incentivo por Disminución de Tasa (IDT), mediante el cual el Estado provincial reintegraría durante un período determinado parte del costo financiero de créditos destinados a inversiones en activos fijos, instalaciones, infraestructura y equipamiento. También contempla determinados créditos bancarios destinados a obras, equipamiento productivo y vehículos afectados al transporte de mercaderías.

El beneficio se aplicaría durante un máximo de 12 meses y estaría condicionado al buen cumplimiento y al sostenimiento, como mínimo, de la cantidad de trabajadores incorporados al inicio del proyecto. El reintegro tendría además un tope anual de hasta 20 salarios mínimos vitales y móviles por CUIT beneficiario.

  1. El beneficio cambia según dónde se invierta

El proyecto establece una segmentación territorial para que los mayores incentivos se concentren en las regiones con mayores necesidades de desarrollo.

  • El Impenetrable: reintegro de 3 puntos porcentuales.
  • Interior provincial, fuera del AMGR: reintegro de 2 puntos porcentuales.
  • Área Metropolitana del Gran Resistencia: reintegro de 1,5 puntos porcentuales.

La propuesta establece además prioridades diferentes según cada región: servicios básicos y encadenamientos productivos sustentables en El Impenetrable; desarrollo agroindustrial y cadenas productivas en el interior; y servicios globales, logística, economía del conocimiento e inversiones inmobiliarias de alto impacto en el AMGR.

A esos porcentajes podría sumarse un 0,5% adicional cuando el financiamiento corresponda a determinadas líneas instrumentadas por el agente financiero provincial.

También se contempla otro 0,5% adicional para proyectos que acrediten condiciones de sostenibilidad ambiental, como buenas prácticas agropecuarias, reducción de la huella de carbono, eficiencia hídrica o eficiencia energética.

  1. Crédito fiscal para obras de infraestructura

Otro de los ejes del régimen es el Certificado de Crédito Fiscal Transferible (CCFT).

Se trata de un instrumento que permitiría a las empresas utilizar un crédito fiscal para cancelar obligaciones tributarias provinciales. El proyecto establece que el certificado podrá equivaler al 60% de las inversiones elegibles efectivamente realizadas en infraestructura pública y en obras o servicios vinculados con la puesta en marcha del proyecto.

Una característica importante es que el certificado no necesariamente debe ser utilizado únicamente por quien realizó la inversión. El beneficiario podrá imputarlo al pago de sus propios tributos provinciales o transferirlo a otro contribuyente, bajo las condiciones que establezca la reglamentación.

El plazo máximo para cancelar el instrumento sería de cinco años desde su emisión.

  1. Reducción de Ingresos Brutos durante diez años

El proyecto también propone un esquema de reducción del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

La primera etapa corresponde al período de inversión. Allí se establece una reducción de la alícuota vigente hasta llegar al 0% durante los primeros 24 meses, conforme a los criterios que determine la reglamentación.

Después comienza una reducción progresiva durante la etapa operativa:

  • Meses 1 a 24: alícuota del 0%.
  • Meses 25 a 48: reducción del 65% de la alícuota vigente.
  • Meses 49 a 60: reducción del 50%.
  • Meses 61 a 96: reducción del 40%.
  • Meses 97 a 120: reducción del 30%.

En el caso de empresas industriales que utilicen transporte radicado en Chaco para movilizar productos de origen chaqueño, se contempla además una reducción adicional del 5% sobre la alícuota resultante, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación.

  1. Exención del Impuesto de Sellos

Otro beneficio previsto es la exención del Impuesto de Sellos para los instrumentos vinculados con operaciones de crédito destinadas a financiar las inversiones alcanzadas por el régimen.

La medida comprende trámites e instrumentos vinculados con la solicitud y acreditación de los fondos, además de la constitución o registración de garantías reales.

  1. Beneficios para desarrollos inmobiliarios

El proyecto también incluye a determinados desarrollos inmobiliarios de impacto social.

En particular, permite extender el mecanismo del CCFT a proyectos privados que incorporen obras de infraestructura urbana destinadas a reducir déficits habitacionales o de servicios en la provincia, siempre que cumplan con los requisitos que establezca la reglamentación.

  1. Estabilidad tributaria durante 30 años

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la estabilidad tributaria por 30 años.

Los proyectos aprobados dentro del régimen quedarían protegidos durante ese período frente a la creación de nuevos tributos provinciales o aumentos de alícuotas, bases imponibles, mínimos, anticipos, percepciones, retenciones, tasas, contribuciones u otras cargas fiscales provinciales que impliquen un incremento de la presión tributaria sobre la inversión aprobada.

Los beneficios específicos del régimen tendrían una vigencia general de 10 años, aunque para inversiones consideradas estratégicas o de impacto territorial significativo el Poder Ejecutivo podría extenderlos hasta cinco años adicionales si se concreta una nueva inversión o se incrementa la cantidad de trabajadores registrados.

La estabilidad tributaria, en cambio, se extiende por los 30 años previstos en el proyecto.

Menos trámites: ventanilla única y expediente digital

Otro de los objetivos de la iniciativa es reducir la burocracia vinculada con la llegada de nuevas inversiones.

Para eso, la Agencia de Inversiones Chaco funcionaría como ventanilla única para recibir y tramitar las solicitudes de adhesión al régimen y evaluar la elegibilidad de los proyectos.

Además, el trámite sería digital y debería permitir la trazabilidad del expediente, identificar las distintas intervenciones administrativas y realizar un seguimiento del proyecto hasta su conclusión.

Obras privadas a cambio de compensaciones futuras

El proyecto incorpora además un mecanismo para que privados puedan ejecutar, con autorización previa, determinadas obras o tareas de mantenimiento vinculadas con infraestructura de interés público.

Entre ellas se incluyen obras públicas, portuarias, hídricas, viales, energéticas, logísticas y productivas. A cambio, el Poder Ejecutivo podría establecer compensaciones futuras, reducciones o acreditaciones respecto de determinadas tasas, cánones, contribuciones, derechos o tarifas de jurisdicción provincial.

La compensación se aplicaría hacia adelante y debería establecer previamente su alcance, monto, plazo y condiciones.

¿Cuál es el objetivo del régimen?

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo sostiene que la iniciativa busca crear un marco "moderno, competitivo y estable" para posicionar a Chaco como una jurisdicción confiable para la inversión.

El texto plantea que la intención no es solamente reducir impuestos, sino generar condiciones para que la inversión privada se traduzca en empleo formal, mayor actividad económica, infraestructura y fortalecimiento de las cadenas productivas.

Además, el proyecto plantea que los incentivos estén vinculados al cumplimiento de determinados objetivos, especialmente en materia de empleo. En sus fundamentos sostiene que las reducciones impositivas no serán beneficios incondicionados y que, en determinados casos, estarán sujetas al alta y sostenimiento de trabajadores en el sistema previsional.

El proyecto también incorpora mecanismos de control y prevé que los beneficios puedan caducar ante incumplimientos reiterados o no subsanados por parte de los beneficiarios.

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