En línea con una de las iniciativas de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que tuvo media sanción en el Senado de la Nación, en Chaco el oficialismo provincial presentó su proyecto de ley para implementar el "desalojo exprés". El mismo es de la autoría del diputado Edgardo Reguera, que propone modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia para agilizar la recuperación de inmuebles urbanos y rurales.

RESTITUCIÓN EN TIEMPO RÉCORD

El corazón del proyecto provincial radica en la entrega inmediata del inmueble. Según la reforma propuesta para el artículo 645, el propietario podrá solicitar la restitución en cualquier etapa del proceso judicial.

Si se acredita el derecho mediante el contrato de locación o título de propiedad y existe peligro en la demora, el juez deberá resolver el pedido en un plazo máximo de cinco días hábiles. Una vez ordenada, el lanzamiento debe concretarse en otros cinco días.

ALINEACIÓN CON LA LEY NACIONAL 

Este movimiento en Chaco no es aislado. Los fundamentos del proyecto provincial destacan que se encuentra plenamente alineado con los principios de la reforma nacional impulsada por el Poder Ejecutivo, que también busca fortalecer la tutela judicial efectiva y reducir la duración de los juicios de desalojo, que hoy pueden extenderse por meses o años.

La normativa chaqueña establece que los desalojos por falta de pago o vencimiento de contrato se tramitarán mediante un juicio sumarísimo, el procedimiento más breve previsto en la ley.

Intimación previa: En alquileres de vivienda, se mantiene la obligatoriedad de intimar al inquilino por al menos diez días antes de iniciar la acción judicial.

Intrusiones y ocupaciones: Ante situaciones de ocupación precaria o intrusión, el juez podrá disponer el reconocimiento judicial en 72 horas e identificar a todos los ocupantes.

PROTECCIÓN A VULNERABLES Y SANCIONES POR ABUSO

A pesar de la celeridad buscada, el proyecto contempla situaciones críticas. Si en el inmueble residen niños, personas con discapacidad o adultos mayores en desamparo, el juez puede otorgar hasta diez días adicionales para garantizar una alternativa habitacional transitoria.

Por otro lado, para evitar abusos por parte de los propietarios, la ley prevé multas severas. Si se comprueba que quien inició el desalojo anticipado ocultó información relevante, podrá ser sancionado con una multa de hasta diez veces el valor del último alquiler en beneficio del demandado.

El proyecto busca modernizar la justicia civil para incentivar la inversión y garantizar que el derecho de propiedad, declarado inviolable por la Constitución, reciba una protección oportuna y efectiva.