Fentanilo contaminado: chats comprometen a exjefas de la Anmat y mencionan a Lugones
Los investigadores incorporaron conversaciones que muestran contactos entre las exfuncionarias detenidas y los responsables del laboratorio HLB-Ramallo. En los mensajes también aparece una referencia a consultas realizadas por "Mario", que la Justicia presume sería el ministro de Salud.
La investigación por el fentanilo contaminado que provocó al menos 90 muertes sumó un nuevo elemento de peso con la incorporación de chats que comprometen a dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
Las conversaciones muestran el vínculo que mantenían con directivos del laboratorio HLB-Ramallo e incluyen referencias a consultas atribuidas al ministro de Salud, Mario Lugones.
Las exfuncionarias Nélida Agustina Bisio, exadministradora nacional de la Anmat, depositó una caución de $ 75 millones para quedar en libertad bajo estrictas restricciones, mientras que Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), permanece detenida. Ambas son investigadas por el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, acusadas de haber permitido que el laboratorio continuara operando pese a las graves irregularidades detectadas durante las inspecciones.
Uno de los mensajes incorporados al expediente corresponde al 26 de marzo de 2025. Allí, Bisio le escribió a Mantecón Fumadó: "Solo en dos palabras decime si esto da para cierre porque Mario pregunta". Según la declaración de Mantecón Fumadó, esa referencia correspondería al ministro de Salud, Mario Lugones, quien era informado sobre la situación de los laboratorios involucrados.
Durante su indagatoria, la exdirectora del Iname sostuvo que todas las decisiones relevantes eran comunicadas al ministro y aseguró que Lugones había impulsado el cierre del laboratorio Ramallo. La acusación de la fiscalía sostiene que las exfuncionarias otorgaron una "cobertura estatal" a laboratorios que no cumplían con los estándares sanitarios, a pesar de conocer los riesgos que representaban para la salud pública. Por ese motivo enfrentan cargos por adulteración de medicamentos agravada por el resultado de muerte, un delito que prevé penas de entre 10 y 25 años de prisión.
La causa también reconstruyó que, tras una inspección realizada entre noviembre y diciembre de 2024, dos inspectoras recomendaron suspender toda la producción del laboratorio Ramallo y retirar del mercado los medicamentos elaborados allí. Sin embargo, la decisión fue demorada durante más de un mes.
En ese período, la Justicia detectó reuniones entre las autoridades de la Anmat y representantes del laboratorio. Según la investigación, en esos encuentros se acordó que la empresa presentaría un plan de acción en lugar de afrontar una suspensión inmediata de sus actividades. Chats secuestrados en los teléfonos de los involucrados muestran que los empresarios celebraban la predisposición de las funcionarias para evitar sanciones más severas.
La pesquisa también señala que, incluso después de ordenar el cese de la producción, las autoridades demoraron el retiro de los medicamentos del mercado. En otra conversación incorporada al expediente, una técnica del organismo advirtió que mantener esos productos en circulación era peligroso y que una muerte sería responsabilidad del organismo. Mantecón Fumadó respondió: "Sí, lo sé".
El brote comenzó a descubrirse el 2 de mayo de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata informó una serie de infecciones asociadas al uso de fentanilo. Días después, la Anmat prohibió el uso de los lotes contaminados y presentó la denuncia penal que dio origen a la investigación. Para ese momento ya se habían registrado decenas de fallecimientos, cifra que posteriormente ascendió a 90 víctimas fatales y 46 pacientes con cuadros graves.