Marche preso: ¿por qué no se resuelve la "puerta giratoria"?

El proyecto de Ley de Reiterancia fue presentado como un intento de modificar la situación procesal de las personas imputadas por algún delito que, a su vez, tengan múltiples causas abiertas o antecedentes. Las propuestas apuntan a refiorzar el uso de recursos como la prisión preventiva y asi lograr que un acusado con procesos abiertos o causas previas espere su condena tras las rejas y no en libertad. También, de acuerdo a lo manifestado en los fundamentos, se quiere frenar la reincidencia, es decir evitar que quienes cometen delitos reiterados vuelvan a las calles de forma inmediata mientras avanza la investigación judicial.  Todo en definitva, sería una respuesta a reclamos acumulados por años desde la sociedad frente a casos indignantes de delincuentes apresados que, en cuestión de horas o -a lo sumo días- volvían a estar en libertad.

QUÉ IMPIDE LA DISCUSIÓN

Es muy llamativo que el problema siendo una cuestión transversal a cualquier coyuntura política o económica, sigue empantanado en la discusión parlamentaria, ni siquiera con las estadisticas oficiales sobre hechos delictivos comunes y violentos en nuestra provincia. Es decir, no se trata de un "invento del periodismo" ni es una "sensación", términos tantas veces utilizados para imponer esquemas, versiones y perversiones en los grandes medios de comunicación.

Es más, más allá de los datos oficiales que compartiremos en los próximos párrafos creemos que sigue creciendo un notorio subregistro, porque mucha gente (ya sea por algún desencanto anterior o, incluso, por miedo) tras sufrir algún hurto o algún robo menor, evita llegar a la instancia de la denuncia.

Por eso creemos válido preguntar en voz alta: ¿Por qué esta ley de reiterancia entonces encuentra palos que frenan un debate a fondo?,  siendo que todos los sectores políticos reconocen el fenómeno que se quiere abordar con esta normativa y declaran que están dispuestos a ir hacia adelante. ¿Qué poder en las sombras es el que sigue frenando escuchar,  (como sería muy sano y reconfortante para toda la sociedad chaqueña) a los distintos bloques parlamentarios expresándose en el recinto, como corresponde, con todos los condimentos y las perspectivas que esta temática amerita?

Cuando solicitamos decirlo "todo", asumimos que varios aspectos pueden ser muy polémicos. Sí, pero expresarlos resulta indispensable para que la ley realmente sea un instrumento útil y no un texto que nazca como "letra muerta".

 

En Chaco las estadísticas de delitos han ido modificándose en los últimos cinco años. La tasa de homicidios descendió a 4,3 por 100.000 habitantes, mientras que crecieron los delitos de integridad sexual y causas por drogas.

 

QUÉ SE CONOCE

Los datos publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) muestran que en la provincia de Chaco los delitos contra la propiedad y los homicidios han ido modificándose en los últimos cinco años. La tasa de homicidios descendió a 4,3 por 100.000 habitantes, mientras que crecieron los delitos de integridad sexual y causas por drogas. Compartimos algunos números que siempre ayudan a cuantificar cada situación.

En lo referido a homicidios y delitos contra las personas, el conteo de homicidios dolosos mostró esta evolución: en 2021 hubo 51 casos; en 2022 fueron 49; en 2023 subió a 60; en 2024 bajó a 56 hechos; y en 2025 se redujo a 52 víctimas.

En cuanto a los delitos viales y culposos, se reportaron consistentemente más de 150 muertes anuales por siniestros viales en rutas y calles de la provincia.

En delitos contra la propiedad, los robos y hurtos registraron una fuerte baja.En 2025, los robos absolutos cayeron un 31,5% (pasando de 5.801 a 3.995 hechos), mientras que los hurtos también presentaron disminuciones superiores al 25% frente a los picos de 2023 y 2024. Por su lado las estafas virtuales y presenciales sufrieron un marcado desplome superior al 48% hacia 2025 tras años de incremento por ciberdelito.

Ahora, bien, mirando las cifras de delitos contra la integridad sexual, los abusos y violaciones mostraron un incremento preocupante. Las violaciones pasaron de 131 a 154 víctimas y los abusos sexuales simples aumentaron un 6% en las últimas mediciones oficiales, siendo el último año medido el 2025.

Finalmente al estudiar las infracciones a la Ley de Estupefacientes, se marcó una tendencia constante al alza, pasando de 1.217 casos en 2023 a 1.274 en 2024, y escalando hasta los 1.540 registros en 2025, la cifra más alta de los últimos 25 años en la jurisdicción.

CHARLAS DE PASILLO

Los diálogos que pudimos tener con diversos diputados provinciales actualmente en ejercicio de sus funciones, nos dejaron menos elementos para entender por qué esta ley ya no fue tratada y debatida. Todos están de acuerdo con que su necesidad es imperiosa . Pero cada quien acusa a su opositor de "crear los obstáculos".

Realmente, todos los consultados reconocen que no solamente hay muchos delitos, sino que hay una tendencia creciente que lleva ya varios años -no solo en Chaco, sino en todo el país- y seguramente si nos metemos a buscar datos regionales, lo vamos a ver como un fenómeno similar en otros países del Cono Sur. Sobre todo, lo que más preocupa es cuánto ha crecido el uso de la violencia utilizada para cometer delitos.

Algunos admiten, con lucidez, que se deben plantear todos los reparos que apunten a garantizar un "debido proceso", desde el inicio de cualquier investigación de un delito. ¿Cómo no entender y avalar esta advertencia? Es imposible pensar en una ley de estas características que carezca de una inmediata capacitación de las fuerzas policiales, por ejemplo. Es que, una vez más cabe poner en foco el material humano en la Policía pues desde los oficiales de más alto rango hasta el cadete que está iniciando su preparación, deben conocer de memoria los límites de cualquier procedimiento. Han sido muchos los casos (algunos incluso muy resonantes) que se frenaron; otros donde se entorpeció su proceso de judicialización y hasta terminan transformándose en verdaderos fiascos. Todo, por errores procesales. Las fuerzas públicas, en tanto auxiliares de la justicia, no pueden equivocar esos pasos.

 

Las infracciones a la Ley de Estupefacientes vienen en una tendencia constante al alza. Se pasó de 1.217 casos en 2023 a 1.274 en 2024, para escalar hasta los 1.540 registros en 2025, la cifra más alta de los últimos 25 años en la provincia.

 

LLEGAR A TIEMPO

Fuimos al archivo y encontramos muchos casos en los últimos 6 o 7 años en los cuales, algún integrante de la fuerza policial actuó de tal manera (por transgresión de limites o por simple torpeza) que terminó arruinando su reputación y buena parte de algunas investigaciones. Con lo cual debemos coincidir que ese y otros factores que puedan dañar cualquier proceso judicial, deberían contemplarse preventivamente en la norma. Por eso, debería ser ampliamente discutido como parte de esta ley. Seguramente habrá otros factores a revisar referidos a la intervención de los representantes legales y los equipos fiscales.

Volvemos a insistir que lo único innegociable es que se dé la discusión.Es absolutamente indispensable escuchar el debate, en el espacio que corresponde y abiertamente. Así cada planteo o cada aporte que sumen los bloques políticos terminarán por dar a la ley una integralidad sólida que la transforme en una herramienta de beneficio para la sociedad.

Hace años que muchos acusan a la "puerta giratoria" como metáfora de quedar muy poco tiempo encarcelado pese a cometer delitos medianamente graves y algunos muy graves. Esa sola mención también hiere la sensibilidad de muchas personas que advierten que puede caerse en criminalización de la pobreza. Sin embargo, hay que decir que, si uno repasa muchos de los casos más conocidos, los que más capacidad tienen para hacer uso de esa "puerta giratoria" no son los ladrones de poca monta sino los que forman parte del crimen organizado (en casos de narcotráfico se hace esto más nítido). Es que son los criminales que tienen presupuesto de sobra para pagar a los mejores abogados penalistas que van a encontrar siempre el recoveco de alguna ley para favorecer a su cliente de turno. 

Por eso, al preguntarnos por qué no se debate la Ley de Reiterancia queremos evitar la trampa de quedarnos en conceptos abstractos. Lo que planteamos son cuestiones bien concretas, tratando de interpretar y transmitir el sentir de un pueblo que viene sufriendo el daño de una situación económica durísima para una gigantesca mayoría; pero que también tiene que soportar el agregado del insulto de quienes son sus representantes, por no encontrar la manera de construir una ley que proteja de mejor manera a las víctimas de los delitos reiterados. 

¿Está mal sumar voces para que muchos de los criminales más jodidos no anden libremente en la calle? Dejemos en claro que el desafío no pasa solo por aprobar o rechazar una ley, sino por asumir la responsabilidad de discutirla con seriedad, incorporando todas las garantías y los controles necesarios. La seguridad, los derechos de las víctimas y el debido proceso no deberían enfrentarse como conceptos opuestos. Cada día que se posterga la discusión, se resquebraja más la debilitada representatividad de la dirigencia política.

COMENTÁ EN FACEBOOK: HACÉ CLICK ACÁ 

Por David Gauna