Purga, placa y honor: la Policía obligada a enfrentar sus sombras
Un doble crimen protagonizado por un cabo de la policía sacudió a la provincia y reabrió un debate incómodo y urgente: cuál es el estado interno de la fuerza. Los antecedentes de violencia, abusos, narcotráfico y consumos plantean cómo revisar los mecanismos de control, selección y salud mental dentro de la institución.
La palabra "depurar" no apareció casualmente en boca del ministro de Seguridad Hugo Matkovich. Llegó apenas 48 horas después de un hecho que volvió a sacudir a toda la provincia y expuso, otra vez, que detrás de cada episodio extremo no hay solamente responsabilidades individuales, sino también señales de alarma institucionales que durante años fueron acumulándose sin respuestas suficientes.
Nadie en Chaco quedó a salvo de la sensación de estupor el pasado martes, cuando el cabo Luciano Alberto Etudié asesinó a su padre, a su ex pareja y hasta se enfrentó con sus compañeros de fuerza que querían detenerlo. Dos días después, mientras mostraba resultados en la lucha contra el narcotráfico, el ministro Matkovich fue abordado por periodistas para hablar de lo que significaba puertas adentro de todo el sistema de seguridad un caso tan conmovedor.
El funcionario eligió las palabras dolor y malestar para reconocer el sacudón. Pero también admitió que era la lamentable comprobación de todo el trabajo que aun queda por hacer para "depurar" a la fuerza policial. Incluso, volvió al concepto de "tolerancia cero" para casos graves.
Sin dudas, algo tan alevoso como lo realizado por el cabo Etudié no es "de todos los días". Sin embargo, otros casos anteriores ya mostraron que todavía se sigue padeciendo consecuencias de aquel error garrafal que en su momento se tomó al suspender algunas de las exigencias que eran de rigor para acceder a la Escuela de Policía de la provincia, en sus diversos niveles y categorías.
Actualmente son requisitos "sine qua non" pasar por dos exámenes toxicológicos, uno al principio de la carrera y otro que se lo toma aleatoriamente durante el desarrollo de la misma. Pero, frente a la cantidad de casos, evidentemente sólo con eso no alcanza.
Vamos a hacer un somero repaso por algunos episodios anteriores en donde se muestra que el abordaje para ese trabajo de "depuración", mencinado por el ministro, necesita una mirada absolutamente integral de lo que significa la salud mental del personal policial.
El doble crimen cometido por el cabo Etudié fue la lamentable comprobación de todo el trabajo que aun queda para "depurar" a la fuerza policial.
HASTA LAS MANOS
En agosto de 2018, Emanuel Benjamín Fernández, de 18 años, apareció muerto de un disparo, en Franklin al 3.100, zona sur de Resistencia. Por el hecho fue detenido y llevado a juicio el cabo Fernando Folmer, integrante de la División Microtráfico de la Policía. La autopsia indicó que la bala ingresó por la espalda, elemento central para sostener la acusación de ser un caso de "gatillo fácil".
En la madrugada del 29 de julio de 2021, fueron filmados por un vecino del Barrio "Las Palmeras", en General San Martín, el sargento primero Rodolfo Luna y el agente Mario Pera, en momentos en que abusaban sexualmente de una adolescente de 16 años, dentro del patrullero. Gracias al coraje de ese hombre que publicó el video en redes, los agresores fueron detenidos y separados de sus cargos. En mayo de 2022, se firmó el decreto de cesantía, aplicando la pena expulsiva de la fuerza a ambos.
En mayo de 2022, la Dirección General de Consumos Problemáticos capturó en Charata al sargento Cristian Oscar Roda. Cuando fue detenido, llevaba un kilo y medio de cocaína en su camioneta. Por la cantidad de estupefaciente encontrado, el caso quedó en la órbita del Juzgado Federal de Sáenz Peña.
En noviembre de 2024, un sargento fue detenido por atropellar a dos motociclistas en el barrio Puerta del Sol, en Sáenz Peña, y luego escapar de la escena. Uno de los jóvenes sufrió fractura expuesta y otras lesiones graves. Gracias a las cámaras municipales lograron identificar el automóvil y también a quién manejaba. Al momento de ser sometido al test, arrojó 1,26 g de alcohol en sangre.
Más cercano en el tiempo, en diciembre de 2025 siete policías integrantes de la Dirección de Consumos Problemáticos fueron detenidos acusados de sustraer 9 kilogramos de cocaína durante un procedimiento de incineración de estupefacientes decomisados, que se realizaba en Colonia Benítez. Con el correr de la investigación, otros dos policías se sumaron a los acusados por la Fiscalía. La definición de este caso todavía está en marcha.
DECISIÓN Y FIRMEZA
Hay que mencionar como factor favorable para aspirar a una solución, que los últimos jefes que pasaron por la Policía del Chaco tuvieron actitudes públicas muy claras sobre combatir los casos internos disruptivos con la disciplina en la fuerza.
Es más, en su momento el comisario general Ariel Acuña (estuvo como jefe en un tramo de la gestión de Domingo Peppo y otro lapso en la última de Capitanich) inició una campaña que incluyó declaraciones conmovedoras en medios audiovisuales admitiendo el profundo dolor que sentía de ver a tantos compañeros de fuerza expuestos en situaciones donde las adicciones destrozaban su carrera.
Él fue uno de los defensores públicos de la iniciativa que entonces llevaron adelante un grupo de legisladores con Rubén Guillón a la cabeza, pidiendo exámenes toxicológicos no solamente para a los integrantes de la fuerza policial, sino para todos los funcionarios del Estado. Tras más de 10 años "empantanada", la Ley Nº 4.197-G fue sancionada el 19 de noviembre de 2025 y promulgada 22 días después, el 11 de diciembre. El actual jefe de la Policía, comisario general Fernando Romero, bregó por esta sanción y fue a dar la cara ante los bloques legislativos.
Se llegó a la ley, pero nos vemos empujados a ser brutalmente sinceros. La demora de prácticamente una década para que se apruebe la norma es una evidencia contundente de cuánto poder en las sombras está dispuesto a poner trabas a cualquier decisión para pegar en alguno de los flancos del flagelo social llamado narcotráfico. Es un "monstruo grande y pisa fuerte", diríamos recurriendo a la inspiración de León Gieco.
No podemos darnos por sorprendidos. Por un lado, las fuerzas de seguridad reconocen que los puntos de venta siguen siendo múltiples lo cual hace más "accesible" el inicio de los más chicos en las drogas. Pero también los médicos vienen alertando que los pedidos de atención por adicciones en adolescentes y niños siguen sumándose escalonadamente.
Si el drama está tan diseminado, sería de ilusos pretender que estructuras como las fuerzas de seguridad o las líneas principales en la dirigencia política no estuviesen atravesados por la misma problemática.
Cada caso de violencia, corrupción o descontrol en la policía destruye mucho más que una carrera profesional. En simultáneo, rompe familias, deja víctimas irreparables y multiplica el miedo colectivo.
ASUMIR Y LIMPIAR
Por eso consideramos clave la palabra que eligió el ministro de seguridad para hablar de lo que pretenden: "depurar" las filas de la Policía. Eso implicaría sanear, limpiar, purificar una institución que, si no mantiene un perfil transparente, lejos estará de provocar tranquilidad a la sociedad que dice proteger.
Los pasos deberán ser claros, contundentes, en el camino de esa purga. Aunque los policías que cumplan cabalmente su labor se sientan bajo amenaza, en realidad deberían agradecer que esto se realice. Es por el bien de toda la sociedad que viene pegándose golpazos contra la realidad cada vez que uno de ellos termina actuando de manera desviada.
Por eso también, cuando reclamamos integridad en el concepto de la salud mental, es porque sentimos imperiosa la certeza de las condiciones de estabilidad psicológica y emocional de cada uniformado. No se trata de quedarse hablando detalles del tristísimo episodio del martes pasado que arrancó en Villa San Martín y terminó en Puerto Vilelas (o de cualquier otro que venga a la memoria).
Detrás de cada momento trágico no solamente hay que lamentar muertes violentas; también se suman secuelas en muchas otras vidas dañadas transversalmente. Para colmo, cuando esas vidas son de niños o adolescentes no siempre encuentran adultos que se pongan a la altura de la situación y acompañen los procesos terapéuticos indispensables para una reinserción social muy compleja, muy vidriosa que cada uno de ellos tiene que encarar.
Insistimos en el deseo de ser lo más claros posibles. El problema deja de ser exclusivamente policial cuando las consecuencias terminan atravesando a toda la sociedad. Porque cada caso de violencia, corrupción o descontrol dentro de la policía destruye mucho más que una carrera profesional. En simultáneo, rompe familias, deja víctimas irreparables y multiplica el miedo colectivo.
De tal manera, que la decisión de "depurar" no debería entenderse como una consigna de ocasión, sino como una obligación permanente para garantizar que quienes portan un arma y representan al Estado estén cabalmente preparados para hacerlo. Para lograrlo, habrá que tomar determinaciones poco agradables, sí, pero también indispensables.