Buscan negar planes y empleo público a quienes participen en usurpaciones
Diputados del oficialismo presentaron un proyecto de ley para restringir el acceso a beneficios sociales y puestos de trabajo para personas que hayan participado de tomas de terrenos y otro tipo de usurpaciones. La iniciativa apunta a reforzar el rol del Estado en la aplicación de sanciones y proteger el derecho a la propiedad privada.
El oficialismo provincial presentó un proyecto de ley en la Legislatura del Chaco que establece restricciones administrativas para personas u organizaciones vinculadas a la usurpación de inmuebles públicos o privados en la provincia. La iniciativa, impulsada por la diputada Carina Botteri Disoff, fija que quienes "participen, organicen, promuevan o instiguen la usurpación de terrenos, viviendas o complejos habitacionales" no podrán acceder a planes, programas, subsidios ni ningún otro tipo de beneficio otorgado por el Estado chaqueño.
Según el texto, la restricción tendrá una duración de tres años desde el cese de la ocupación ilegítima y, en caso de reincidencia, podrá extenderse hasta cinco años. Asimismo, el proyecto contempla incompatibilidades con el empleo público: establece que quienes tengan condena judicial firme por usurpación no podrán ingresar al sector público provincial "mientras subsistan los efectos de la condena". En el caso de agentes estatales, se prevé la apertura de un sumario administrativo, y para funcionarios políticos, la remoción inmediata ante sentencia condenatoria firme.
Además, se fija que la inhabilitación para ocupar cargos públicos tendrá una duración de dos años y alcanzará a cualquier organismo del Estado provincial.
La iniciativa también prevé la creación de un Registro Único de Beneficiarios Sociales en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano, para centralizar la información sobre personas que reciben asistencia estatal. El registro incluirá datos personales, historial de beneficios, situación habitacional y eventuales restricciones vinculadas a la ley, cuya información será confidencial y su uso estará limitado a fines administrativos.
Por otra parte, el proyecto prohíbe la conexión de servicios públicos en inmuebles donde no se acredite la posesión o tenencia legítima, aunque contempla excepciones en casos de vulnerabilidad debidamente acreditada.
En los fundamentos, se señala que se busca "establecer un régimen de consecuencias administrativas" frente a un "incremento sostenido de ocupaciones ilegales de terrenos y viviendas", fenómeno que, según se indica, "genera conflictos sociales, vulnera derechos constitucionales y afecta la convivencia pacífica".
Por último, se aclara que la iniciativa "no pretende criminalizar la necesidad ni desconocerla", sino fortalecer la capacidad del Estado para diferenciar situaciones de vulnerabilidad de acciones organizadas que afectan el orden público.