Nación extendió el plazo para que los funcionarios presenten las declaraciones juradas
La medida, dispuesta por la Oficina Anticorrupción, lleva el vencimiento del 31 de mayo al 31 de julio y se da en un contexto marcado por las denuncias que involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno decidió extender el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. La medida, que en principio vencía el 31 de mayo, ahora se prorroga hasta el 31 de julio.
La decisión fue oficializada a través de la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial. Desde la Oficina Anticorrupción (OA), su titular, Gabriela Carmen Zangaro, explicó que la modificación responde a los calendarios establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que fijó los vencimientos de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para la primera quincena de junio.
En ese marco, se consideró necesario ajustar la fecha límite de la Declaración Jurada Patrimonial Integral (DJPI), contemplada en la Ley 25.188, con el objetivo de otorgar a los funcionarios un margen razonable para completar la información requerida antes del vencimiento.
A través de un comunicado, la OA profundizó en los fundamentos de la medida y señaló que el cambio se vincula con la normativa vigente desde 2018, que establece los plazos para las declaraciones impositivas anuales. En ese sentido, remarcaron que la nueva fecha busca facilitar una correcta integración de los datos patrimoniales. Además, recordaron que la DJPI debe presentarse en tres instancias: al asumir el cargo, de manera anual mientras se ejerce la función pública y al momento de dejarla.
La extensión del plazo se da en un contexto de fuerte exposición mediática para el jefe de Gabinete, quien enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y la supuesta adquisición de propiedades que no habrían sido declaradas.
No obstante, en paralelo, la Justicia resolvió archivar una de las causas vinculadas al funcionario. Se trata de la investigación por el viaje de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva presidencial durante la "Argentina Week". La decisión fue tomada por el juez federal Daniel Rafecas, tras un dictamen de la fiscal Alejandra Mangano que consideró inexistente la comisión de un delito. Según se estableció, la participación no implicó un costo adicional para el Estado ni representó una irregularidad. Entre los argumentos, se destacó que había asientos disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no modificó los gastos del traslado.